estratégicos como lo hace ahora en la Amazonía y la Orinoquía. La intención es similar a la de los operativos militares de erradicación forzosa de cultivos, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, los mismos de la Operación Artemisa.

Si los gobiernos del norte acordaron falsas soluciones a la crisis climática desde su perspectiva mercantil en la reciente Conferencia sobre el tema celebrada en Glasgow, Inglaterra (COP26), solo puede esperarse una mayor irresponsabilidad con el país y el planeta por parte de un gobierno que profundizó la dependencia del país con el mercado mundial de las transnacionales. Páramos como el de San Turbán, bosques como los de Galilea, cuencas hidrográficas como la del Magdalena y el Cauca, la selva Amazónica, el Macizo, la Sierra Nevada y los litorales, hacen parte de la feria de negocios que las Agencias minera, de hidrocarburos y de comercio promueven cada año, promoviendo la intervención de estos territorios con megaproyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, agroindustriales y turísticos, que incluyen métodos de gran impacto ambiental como el Fracking. 

Sin embargo, adentro y fuera del país ya son menos quienes le creen al gobierno colombiano la cháchara ambientalista por más espectáculos mediáticos que monte, como el de Leticia, donde instaló en octubre de este año una Cumbre alrededor de un pacto que nadie va a cumplir, en un escenario catalogado como una ofensa para la identidad de los pueblos amazónicos. El de Duque, es un discurso verde natural para seguir canalizando ayudas internacionales -como lo hace con los de la paz y las migraciones-, pero que encubre el verde camuflado del régimen militarista que viabiliza la intervención económica de ecosistemas esenciales de nuestra biodiversidad. 

En la trayectoria del país proyectado desde el bloque de poder narco-empresarial y sus representantes políticos a finales de siglo pasado, se han atravesado dos hechos trascendentales que empezaron a contenerlo: por un lado, el proceso de paz con las Farc, que cumple cinco años resistiendo los embates de esa derecha guerrerista; y las movilizaciones sociales del 21N en 2019 y el Paro Nacional de este año, que develaron el carácter de ese régimen y colocaron los conflictos en clave de disputa de gobiernos. La creciente conciencia social y ambiental posicionada nacionalmente en estas gestas, constituyen la apertura de unas condiciones políticas más favorables para avanzar en el cambio del desarrollo extractivista en función de los capitales, hacia un desarrollo ambiental y culturalmente comunitario en función de la vida. 

Este boletín da cuenta de ello desde diferentes experiencias colectivas de la diversidad de pueblos, culturas y grupos sociales presentes en territorios amenazados por intereses y políticas en contravía de la naturaleza y los pueblos que la habitan, como el Catatumbo, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, los cuales, como organización defensora de derechos humanos acompañamos, velando por la participación efectiva de las comunidades, especialmente de las mujeres, en la defensa de la vida y sus territorios con el fortalecimiento del tejido ambiental y sus Planes de Vida.