La región del Catatumbo fue uno de los 16 territorios priorizados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, pactados en el Acuerdo Final. La esperanza de poner fin al conflicto y sus causas estructurales se han esfumado, porque hoy en la región el concepto de desarrollo es el mismo que con violencia han querido imponer las elites económicas y políticas históricamente en el país.

El gobierno de Iván Duque ha cumplido con su promesa de campaña “hacer trizas el Acuerdo de Paz” y para ello ha utilizado como estrategia la simulación de las medidas contempladas en el Acuerdo. “Catatumbo Sostenible”, como se ha denominado la Hoja de Ruta Única para la implementación del PDET en la región, es la materialización de la falta de integralidad y la reiteración de que la clase política que representa el gobierno nacional no está dispuesta a respetar la visión de desarrollo que tienen las comunidades sobre sus territorios.

Actualmente, la región enfrenta diversas conflictividades que afectan la región especialmente en su dimensión ambiental. La expansión de los monocultivos de palma aceitera; el aumento de los cultivos declarados de uso ilícito, explicado en gran medida por los incumplimientos del PNIS y la falta de alternativas económicas; y el interés por la explotación de carbón a cielo abierto, representan una amenaza para la permanencia de las comunidades campesinas e indígenas en sus territorios.

En primer lugar, la siembra del monocultivo de la palma aceitera en la región del Catatumbo ha estado vinculado a un contexto de dolor y violencia, tras instalarse en la región a sangre y fuego desde la década de los 90’s donde el control social, territorial y de la tierra resultó efectivo con la presencia de aglomerados económicos en la región, apoyados por estructuras paramilitares y con la connivencia del Estado. Hoy dicho monocultivo sigue siendo un gran problema social y ambiental, pues la producción de palma ha generado talas indiscriminadas de bosque, contaminación de fuentes hídricas e infertilidad de la tierra, y la transformación de bosques tropicales en “desiertos verdes”.

Sin embargo, el monocultivo de palma aceitera no sólo ha tenido efectos devastadores en la dimensión ambiental de la región, sino que ha generado conflictividades sociales como la fragmentación del tejido social y de la visión comunitaria que tenían sus habitantes, además del acaparamiento de tierras. El control del cultivo y la producción del aceite de palma están concentrados en la empresa Oleoflores de propiedad de Roberto Murgas, exministro de agricultura, llamado el “zar de la palma” por ser el principal actor del negocio en departamentos como el Cesar, Magdalena y Sucre, y otras como Palnorte. El modelo implantado es el de “alianzas productivas” en las que asociaciones campesinas cultivadoras de palma colocan su tierra y su fuerza de trabajo y dependen de la financiación, los insumos y la comercialización de las empresas y, por lo tanto, de los precios que están coloquen.

En segundo lugar, el aumento de los cultivos de hoja de coca, declarados de uso ilícito, y el fortalecimiento de “enclaves cocaleros” especialmente en Tibú han sido otra de las razones de la conflictividad ambiental en la región. Es importante señalar que el gobierno nacional no ha utilizado estrategias eficientes para sustituir los cultivos declarados de uso ilícito, pues habiendo evidencia suficiente que demuestra que los planes de sustitución voluntaria tienen niveles de resiembra menores en comparación con la erradicación forzada y la aspersión aérea, se han negado a implementar el PNIS, han incumplido los acuerdos colectivos e individuales dejando en riesgo inminente a las comunidades y a los líderes y lideresas de la región que se comprometieron a sustituir sus cultivos.

Y, por último, la posible explotación a cielo abierto de grandes extensiones de carbón en la región constituye una amenaza para la biodiversidad del territorio y la permanencia de sus habitantes en él. Según la gobernación de Norte de Santander, en la región hay un potencial de 349.595.000 toneladas de carbón para explotar en una extensión de 712 Km2[1]. Con el propósito de poner en marcha la explotación carbonera se está construyendo la vía del carbón, que pasará por Astilleros, Tibú, El Tarra, Convención y La Mata en Norte de Santander y terminará en el Puerto de Gamarra en César. Es importante señalar que desde agosto de 2012 “la Agencia Nacional de Minería declaró el Municipio de Sardinata un Área de Reserva Especial, zona que contiene 4.576.963 toneladas de carbón” y “la Sociedad minera La Esmeralda Ltda., en La Gabarra, posee títulos sobre 4.000 hectáreas para explotar alrededor de 18.756.656 toneladas de carbón, a través de una mina a cielo abierto sobre Río de Oro y La Esmeralda”[2]

Es evidente que estos proyectos traerán afectaciones ambientales a la región, en las que el parque natural Catatumbo – Barí y sus reservas de fauna, flora, así como su biodiversidad serán los grandes afectados. La resistencia por parte de las comunidades a la explotación de los recursos naturales de la región ha tenido como respuesta la militarización del territorio. El gobierno nacional ha desnaturalizado los PDET, tanto en los procesos de participación como en el enfoque territorial priorizando las iniciativas empresariales. En esa medida instrumentaliza la voluntad del campesinado de construir un plan para materializar su visión de desarrollo comunitario, y persiste por el contrario en la imposición violenta de un modelo de desarrollo que responde a los intereses extractivistas en la región.

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[1] Loingsigh, Gearóid Ó. (2008). Recursos mineros y energéticos en manos ajenas. En: Catatumbo: Un reto por la verdad. Pp. 239 – 248. 2 da edición. Colombia.

[2] Carmen Tarazona. (2019). La explotación acelerada del Catatumbo. Recuperado de https://rebelion.org/la-explotacion-acelerada-del-catatumbo/