Entre el fuego cruzado se encuentra la comunidad de Santa Ana, del municipio de López de Micay, departamento del Cauca, luego que se instalara a menos de cien metros una base de operaciones intermedias de la Infantería de la Marina.
Las FARC acusan a los habitantes de la zona de ser auxiliadores de la marina y de suministrar información del grupo insurgente. El fuego cruzado entre los bandos y las continuas amenazas de uno y otro actor, ha dejado algunos heridos y ha producido desde el 28 de mayo el desplazamiento de gran parte de la comunidad, al no encontrar garantías de protección de la vida y la seguridad en la zona.
La comunidad exige a las Fuerzas armadas que den cumplimiento de las directrices del ministerio de defensa en lo concerniente a las operaciones en territorios colectivos de comunidades negras. Exige al Estado colombiano y a los actores ilegales del conflicto, que se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario, y que no se involucre a la sociedad civil en un conflicto armado que le es ajeno.
También se solicita a las organizaciones de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales, que realicen una veeduría en la zona, para evitar que el desplazamiento continúe.
