El conflicto que se vive en el norte del Cauca por el control del territorio, cobra hoy una nueva víctima. Esta vez ha sido Richard Alexander Peña Martínez, de 25 años de edad, del Resguardo La Cilia, la Calera del municipio de Miranda, quien pertenecía a la guardia indígena de la comunidad.

Los hechos ocurrieron las 17:00 horas del día domingo 29 de agosto del año 2010, en la vereda el Horno, parte alta del Municipio de Miranda, en momentos en que él guardia se dirigía en su motocicleta por la vía central que conduce del municipio de Miranda a la vereda las Dantas, siendo interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en 6 ocasiones, ocasionándole la muerte.

Richard Alexander había sido amenazado, hace más de un mes, por la columna móvil del sexto frente de las FARC, quienes lo señalaron de ser colaborador del Ejército Nacional. Las amenazas tuvieron origen en un alegato que tuvo la comunidad en el puesto de control de la guardia indígena, hace aproximadamente 6 meses, cuando ésta decidió hacer un reten para impedir el paso de personas que estaban desestabilizando el orden público y desarmonizando el territorio.

La  comunidad señala que este no es un caso aislado, pues todos los miembros de la guardia indígena han sido amenazados y declarados objetivo militar por parte de las FARC, por el motivo de acatar el mandato de su comunidad y de sus autoridades legítimas y legales, situación que se hace extensiva a todo aquel que se oponga a sus interés.

Además de los señalamientos venidos de la este actor armado ilegal, la comunidad también ha recibido señalamientos por parte de la fuerza pública, quienes los han tildado de ser colaboradores de la guerrilla, aumentando el riesgo en la población.

Por todos estos hechos y demás abusos que vienen recibiendo estas comunidades ancestrales que habitan en el norte del Cauca, las autoridades indígenas, agrupadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN- CXHAB WALA KIWE, exigen que los organismos de derechos humanos, las organizaciones humanitarias y los organismos  de control del Estado incidan en este conflicto, denuncien esta situación y acompañen a las comunidades para que se concreten mecanismos que contribuyan a salir de esta situación.