La Misión Internacional de ACAT visitó cárceles del país, organizaciones sociales que trabajan con personas víctimas de tortura e instituciones gubernamentales. 

Anne Boucher, representante para América Latina de la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), con el acompañamiento de la Coalición Colombiana contra la Tortura visitó organizaciones de víctimas y derechos humanos, instituciones estatales y entidades de control, así como las cárceles Eron Picota, la cárcel de mujeres El Buen Pastor, la Prisión de Alta Seguridad la “Tramacúa”, de Valledupar y la Cárcel de San Isidro, en Popayán, en el marco de la Misión Internacional que adelantó desde del 29 de abril al 9 de mayo.

La Misión que tenía por objetivo monitorear situaciones relacionadas con tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos escuchó las versiones dadas por las organizaciones sociales, en las que se apreció situaciones de violencia y persecución, agresiones que pretenden obstaculizar el trabajo de derechos humanos en la lucha contra la tortura y la asistencia a las víctimas.

Algunas de las organizaciones que reportaron este tipo de violaciones son Colombia Diversa y la Fundación Santa María, quienes hicieron énfasis en la discriminación sistemática de la cual son objeto las comunidades LGBTI y que incluye acciones de la Policía Nacional contra esta comunidad.

Colombia Diversa y la Fundación Santamaría manifestaron que las mujeres “trans”, recluidas en centros penitenciarios para hombres son víctimas de tortura, tratos crueles y degradantes por parte incluso de la guardia. Uno de estos lamentables casos es el de Geraldín, capturada y torturada de manera arbitraria en el año 2013,  ha sufrido represalias a causa de las denuncias que ha realizado desde que ha sido privada de la libertad.

En cuanto a cárceles, la Misión observó la existencia de infraestructuras carcelarias inadecuadas que atentan contra la dignidad y los derechos de los detenidos. La falta de agua, ventilación, ventanas, espacios  adecuados para talleres, deportes y áreas de visitas; además de problemas técnicos en la construcción de los establecimientos, requisas indebidas a las visitas y el uso generalizado del aislamiento prolongado.

Así mismo, la Misión confirmó la existencia de actos de aislamiento en espacios inadecuados tales como locutorios, “rastrillos”, y locaciones externas donde cae directamente el sol. También confirmó el traslado arbitrario de presos(as) a otros centros carcelarios como represalia por su labor en defensa de los derechos humanos, por sus denuncias y el uso de tutelas, alejándolos sin previo aviso de sus familiares.

La Misión constató la precaria situación de salud de los prisioneros lo que ha generado acciones de auto flagelo y huelgas de hambre, por parte de los internos, para lograr la atención médica. La Misión observó también que los internos con requerimientos especiales de salud reciben un tratamiento de medicina general que no resuelve sus problemas y que, en cambio,  los condena a un deterioro de su salud.

Así mismo  destacó el aislamiento de las víctimas, quienes a pesar del acompañamiento que reciben por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, son revictimizadas por el aparato de justicia, al no avanzar en las investigaciones y en cuanto a promover la impunidad por evitar la justicia en contra de los responsables.

Durante su visita a Colombia Anne Boucher constató que hay casos de tortura psicológica a miembros de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, en general, a través de amenazas, interceptaciones ilegales y seguimientos.

Boucher recibió informaciones de organizaciones acerca de los casos de descuartizamientos y desplazamiento forzado que ocurren en Buenaventura y también reportes de detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, denunciado por los objetores de conciencia; la represión de la protesta, empadronamientos, suspensión de las libertades ciudadanas y uso desproporcionado de la fuerza, evidenciados en el actual Paro Agrario, Étnico y Popular.

En cuanto a las entidades de control, Anne Boucher constató que ninguna de ellas suministró cifras en casos de tortura. En este punto es importante resaltar que en Colombia la tortura no se tipifica ni se investiga adecuadamente, pues o se le da una calificación de delito menor o se deja de lado al privilegiar delitos conexos como el homicidio o la desaparición forzada.

Finalmente, la Misión reconoce algunos de los esfuerzos y el interés de algunas instituciones del Estado como el Instituto de Medicina Legal que hacen un esfuerzo constante en su trabajo diario por aplicar los Protocolos de Estambul y de Minnessota.

Coalición Colombiana Contra la Tortura

Bogotá, Mayo 9 de 2014.