Llamamos a las autoridades y comunidades indígenas, la Minga Social y Comunitaria, Organizaciones de Defensores de Derechos Humanos y todas las organizaciones y personas que creen y apoyan la justicia para que actuemos frente al caso del compañero Feliciano Valencia.
El comunero FELICIANO VALENCIA vocero de la Minga social y comunitaria, ex consejero del CRIC, fue acusado de secuestro simple, lesiones personales y tortura, por un ejercicio legítimo desde el Derecho Propio en aplicación de Ritual de remedio desde la justicia propia, aplicada por las Autoridades Indígenas a un Militar sorprendido en flagrancia realizando actos delictivos dentro del territorio de Dialogo, Convivencia y Negociación de la María Piendamo, en el marco de la Minga social comunitaria del 2008.
Como es de pleno conocimiento de la opinión pública a nivel nacional e internacional desde el día 12 de octubre 2008, las comunidades indígenas del Cauca nos encontrábamos en asamblea comunitaria en el resguardo de la María, realizando de manera pacífica la exigibilidad de derechos como pueblos indígenas y manifestando nuestra oposición frente a las políticas del Gobierno que plantean el despojo de los territorios y desmonte de los derechos fundamentales de los colombianos y colombianas.
El día 14 de octubre las comunidades concentradas tomamos la decisión de hacer presencia sobre la vía Panamericana para exigir la presencia del gobierno con el fin de acordar una salida concertada a los requerimiento de las comunidades; como respuesta se recibe la orden de desalojo precedida de una fuerte arremetida de la fuerza pública mediante la utilización del ESMAD, tanquetas, carros blindados, soldados contraguerrilla, y miembros de la policía nacional quienes de manera violenta atacaron a la población civil, en el que resultaron 120 personas heridas entre ellos niños, niñas, Jóvenes, Mujeres, y ancianos y fue asesinado el comunero indígena Taurino Ramos.
Este día en horas de tarde miembros de la guardia Indígena, en desarrollo de sus funciones de control, sorprenden en flagrancia al Sr. JAIRO DANILO CHAPARRAL SANTIAGO en actos delictivos dentro del territorio indígena, orientado a desprestigiar la minga social y Comunitaria. Al militar se le encontraron elementos de uso privativo de las fuerzas militares: Un camuflado del ejercito completo, un radio de comunicaciones, dos antenas para radio de comunicaciones, dos camisetas militares, cuaderno con apuntes sobre instrucción militar y registro de armas de fuego y explosivos, un teléfono celular, un maletín militar. Dichos elementos estaban guardados en un maletín negro intentando no ser notado por la comunidad.
En el proceso de investigación se confirmó que el Sr. JAIRO DANILO CHAPARRAL SANTIAGO, tenía afinidad indígena y era soldado profesional. Ante la conducta delictiva las Autoridades Tradicionales conformaron una comisión de investigación para llevar a cabo el proceso de averiguación, y cuyo resultado determinó que el Sr. JAIRO DANILO CHAPARRAL SANTIAGO, utilizando sus rasgos indígenas intentaba infiltrar a la Minga con fines no sanos, además de colocar en riesgo la integridad física y social de los y las comuneras presentes en dicho evento en el Territorio de la María. Ante lo sucedido, las comunidades indígenas, en ejercicio de las funciones Jurisdiccionales que permite ejercer justicia propia dentro del marco Constitucional, (Art. 246 de la Constitución Política de Colombia) obrando dentro de su territorio, y en el marco del Derecho Propio, en asamblea general, procedieron a aplicar el respectivo Ritual de Remedio, en el marco de los usos y costumbres (9 Juetazos de corrección).
El consejero FELICIANO VALENCIA, obedeciendo el Mandato comunitario, cumplió la única función de comunicar el sentido del Ritual de Remedio al militar, facultado por las Autoridades Indígenas y la comunidad presente alrededor 20.000 personas. Es decir su papel no es una responsabilidad individual ya que desde nuestros usos y costumbres la asamblea es quien define y es la máxima autoridad.
Esta acusación para las comunidades indígenas representa el desconocimiento a los derechos que como pueblos indígenas nos confiere la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales, la Declaración de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas del 2007 y lo ratifica las diversas sentencias de la Corte Constitucional.(945 /2007, T-552/ 2003, T- 496 /1996)
Por otra parte es una forma de persecución política al movimiento indígena y popular quien en los últimos años nos hemos movilizado en el país para reclamar nuestros derechos y convocar a la construcción de un proyecto de país. Además es una forma de criminalización de la protesta social, que va en contra de la Ley Nacional.
Si como pueblos indígenas, organismos de defensores de derechos humanos y organizaciones sociales callamos frente a estos hechos muy seguramente se abrirán otros procesos jurídicos a líderes y defensores de los derechos humanos, no podemos permitir que la justicia continúe siendo para los procesos comunitarios alternativos mientras los verdaderos responsables de masacres, desplazamientos y corrupción en nuestro país están en la impunidad.
Convocamos a todos y todas a acompañar a Feliciano Valencia en la audiencia de imputación de cargos que se realizara en el palacio de justicia de Popayán el día viernes 11 de noviembre desde 8:00 y a pronunciarnos para defender y posicionar la justicia propia a través de la UNIDAD que nos caracteriza.
