La Asociación MINGA se une y apoya la denuncia que realiza la Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA ante la opinión pública sobre los recientes hechos que evidencian la persistencia explotación minera ilegal en el Resguardo Hojal La Turbia del municipio de Tumaco (Nariño), por parte de la concesión minera YO8402x, donde figura como representante legal el señor José Didier Cadavid Salgado.
CONTEXTO
La Comunidad de Peña Caraño se encuentra localizada en territorio de propiedad colectiva perteneciente al Resguardo Awá de Hojal La Turbia con 28.234 hectáreas que tituladas mediante la resolución No. 23 del 26 de Abril de 1993, ubicado en el municipio de Tumaco, en zona fronteriza con el Ecuador sobre el Rio San Juan de Mayasquer.
La población Awá asentada en esta comunidad conserva la economía tradicional de subsistencia, la mayoría de lo que se produce es para el consumo de la propia familia. Al interior de comunidad prima la reciprocidad y la complementariedad. El pueblo Awá ha desarrollado técnicas y conocimientos que le han permitido el aprovechamiento de recursos naturales y el uso de los suelos de vega con fines productivos, sin destruir las grandes extensiones de selva que ocupan.
ANTECEDENTES
A casi un año de la denuncia pública que realizamos frente a la explotación ilegal de oro en el Resguardo Hojal La Turbia, Comunidad Peña Caraño en el municipio de Tumaco (Nariño – Colombia),encontramos que las condiciones a las que nos someten personas ajenas a nuestra cultura, siguen siendo las mismas. El gobierno Colombiano no ha hecho ningún esfuerzo por salvaguardar nuestros derechos colectivos, pese a que la Corte Constitucional, en los autos 174 de 2011 y 004 de 2009; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las medidas cautelares que le otorgó a nuestro pueblo, han señalado con contundencia que nuestra cultura se encuentra en riesgo de desaparecer por hechos como el que estamos denunciando.
Según la Defensoría del Pueblo, en su informe defensorial sobre la explotación minera en nuestro territorio para el 2011, afirma: “La comunidad de Peña Caraño se encuentra en grave riesgo de sufrir desplazamiento forzado debido a la presencia de empresas mineras en su territorio” y dentro de sus recomendaciones solicita elevar un requerimiento a instituciones competentes del nivel municipal, regional y nacional para que establezcan acciones mediantes las cuales se controle la explotación minera ilegal en creciente que se está desarrollando en comunidades indígenas Awá; además, “realizar un acompañamiento defensorial a otras comunidades Awá de otros resguardos que manifiestan estar siendo víctimas de la explotación minera ilegal como es el caso del Resguardo del Gran Rosario”
