Entre 2002 y 2008, la Sexta división del Ejército habría cometido 188 ejecuciones extrajudiciales

Duglas Antonio Pérez Sivaja tenía 21 años cuando lo sacaron de la gallera Las Heliconias, en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), mientras participaba de una pelea de gallos. Ese episodio ocurrió el 5 de agosto de 2006. Para ese entonces, se dedicaba a labores de campo y agricultura. Vivía junto a su compañera y su hijo de seis meses de nacido en el resguardo indígena del pueblo nasa. Su cadáver fue encontrado semanas después en la morgue de este municipio, a donde fue llevado por miembros del Ejército que lo reportaron como “guerrillero dado de baja en combate”. Por su caso hay siete militares involucrados de los cuales cuatro confesaron haber participado del crimen.

“Mi teniente nos reunió a todos y nos dijo que íbamos a fingir un combate en el cual fuera dado de baja (…), todos estuvimos de acuerdo, nos reunimos y se comentó lo que íbamos hacer y todos dijeron que sí. Mi teniente planeó cómo se iba hacer el falso combate”, dice uno de los testimonios documentados por la Asociación Minga en el informe “Huellas del Estado en el Putumayo: ejecuciones e impunidad”, entregado este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según esta organización, en esta región hubo, al menos, 191 ejecuciones extrajudiciales, entre 2002 y 2008. De estas, 188 fueron cometidas por la Sexta división del Ejército y tres de ellas, por la Armada Nacional. Los municipios donde se presentaron las ejecuciones fueron Puerto Asís (51), Puerto Guzmán (46), Mocoa (29), Puerto Caicedo (17), Orito, Puerto Leguízamo, San Miguel y Villa Garzón (10 casos cada uno), Valle del Guamuez (6), San Francisco y Sibundoy (1 un caso cada uno). Según reveló Minga, el único municipio en el que no hubo registro de “falsos positivos” en el departamento fue Colón.

“El mayor número de ejecuciones extrajudiciales ocurrieron donde tenían jurisdicción las siguientes unidades militares: Batallón Plan Especial Energético y Vial # 11 “Capitán Óscar Giraldo Restrepo” (51 ejecuciones extrajudiciales), y el Batallón de Infantería nro. 25 “General Domingo Rico Díaz”, con 85 ejecuciones”, indica el documento.

La Sexta División del Ejército nació en 2002 como resultado de la colaboración del gobierno estadounidense en el acuerdo bilateral Plan Colombia. Su primer comandante fue el mayor general de la Fuerza Aérea Jorge Ballesteros Rodríguez. En el año de su fundación se documentaron 39 ejecuciones extrajudiciales y en 2007, la cifra subió a 74 casos. Para la época comenzaba el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, quien consolidaba la política de seguridad democrática en los territorios. En 2006, de hecho, se desmovilizó la estructura paramilitar que operaba en el Putumayo y “sobre la que recaían fuertes señalamientos de operar con el auspicio y protección del Ejército y la Policía Nacional”, señala el informe. En los tribunales de Justicia y Paz los vínculos entre la Fuerza Pública y el antiguo Bloque Central Bolívar fueron probados y se profirió sentencia el 11 de agosto del 2017 por estos hechos.

De acuerdo con el análisis presentado por la organización, aunque en 2008 hubo una disminución significativa de los casos, pasando de 74 a 26 en este departamento, 23 de estos se presentaron en 2008, antes de que se desatara mediáticamente el escándalo de los “falsos positivos” de Soacha”. Sin embargo, durante ese mismo año, las ejecuciones extrajudiciales representaron el 30 % del total de homicidios registrados recopilados por la Asociación Minga.

Para la presentación del documento, el colectivo representante de víctimas cruzó su base de datos con la de Medicina Legal para determinar que, entre 2004 y 2008, en promedio, el 40 % de los homicidios registrados en el departamento correspondían a ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Sexta División del Ejército. En 2007, incluso, el 71 % de asesinatos cometidos en Putumayo fueron los mal llamados “falsos positivos”.

Uno de los casos más significativos para ejemplificar los hallazgos de la Asociación Minga es el de Luis Alberto Quiñonez Angulo, un joven de 23 años, oriundo de La Consolata, una vereda que limita con Cauca. El 28 de abril de 2007, Quiñonez y tres personas más fueron sacados a la fuerza de su vivienda, por miembros del Batallón 25 Domingo Rico Díaz, adscrito a la Brigada de Selva 27 de la Sexta División. Los militares, según los primeros reportes que entregaron, le dispararon de frente, un día después de haberlo retenido, bajo el argumento de que “era un curtido guerrillero”. Sin embargo, en esa fecha el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) señaló que no tenía antecedentes de la víctima y negaron que su nombre apareciera en los informes de inteligencia del Ejército.

Lo que indica el informe entregado este viernes sobre este caso es que, contrario a la versión que dieron los militares, la necropsia arrojó que “presentaba una herida abierta de bordes irregulares ocasionada con mecanismo cortopunzante en sus extremidades inferiores, lo que podría ser un indicio de tortura». De hecho, según el documento, aunque el caso lo asumió inicialmente la Justicia Penal Militar, remitió la investigación a al Fiscalía General de la Nación por las evidencias y pruebas contundentes sobre lo ocurrido. Aunque se señala a once exmilitares por esta ejecución extrajudicial, a la fecha no hay condenas por el caso de Quiñonez Angulo.

De los 191 casos denunciados, el 95 % permanece impune, pues solo 10 de estos hechos tienen con sentencia condenatoria, pese a que todos cuentan con una denuncia judicial ante la Fiscalía y demás autoridades regionales. El resto de casos no ha superado la etapa de indagación.

Características de las ejecuciones en la región

Según Minga, el modus operandi para cometer las ejecuciones en Putumayo era “sacar a las víctimas ante la presencia de familiares o pobladores del sector, que posteriormente, eran conducidos hacia lugares apartados, varios de ellos, amarrados y puestos en estado de indefensión, dejados así por un lapso de varias horas y luego acribillados”. Además, de acuerdo a lo documentado, era “sistemático” ocultar la identidad de la víctima quemando los documentos para “encubrir el crimen” y hacerlos pasar como N.N.

En la mayoría de las versiones ofrecidas por los militares, se ha contado que hacían uso de las armas “como consecuencia de un ataque sorpresivo» o de “ejercicios de defensa” que tenían en los supuestos enfrentamientos entre la antigua guerrilla y el Ejército.

Un común denominador de los casos es el apoyo de “orientadores de terreno”, más conocidos como “informantes” que tenían nexos con miembros del Ejército y con grupos de paramilitares. Esto, lo sustenta la organización social basados en el testimonio del exsargento Juan Pablo Sierra Daza, quien además contó en una diligencia judicial en la Fiscalía que para cometer una de las ejecuciones se desplazó “en una camioneta blanca manejada por una menor de edad de la vereda”. Luego, en las investigaciones penales y disciplinarias, según mencionan, los mismos “guías” declaraban en contra de las víctimas y las señalaban de pertenecer a la otrora guerrilla.

Por otro lado, los levantamientos de los cadáveres de los “falsos positivos” no se realizaban nunca en el lugar de los hechos ni se permitían pesquisas judiciales en esas zonas. El 30 de marzo del 2009, el entonces coronel Carlos Alberto Martínez de la Ossa declaró ante la Fiscalía que “en Putumayo en esa época, el CTI o la Sijín nunca se desplazaban al lugar donde ocurrían los hechos por las medidas de seguridad, y siempre era costumbre que se trajeran los muertos a Puerto Asís, ya sea por vía terrestre o por helicóptero, y eso lo hacían todas las unidades que estábamos operando en el área de departamento».

De manera que la única información judicial del lugar donde se cometían las ejecuciones era la que entregaban los miembros del Ejército, lo que “impedía el esclarecimiento y reconstrucción de los hechos, el análisis de la escena, el recaudo de evidencia y la posición del cuerpo, por cuanto son datos que contribuyen a establecer si la escena era la primaria o si había sido manipulada, alterada o simulada”.

Tampoco se registró material probatorio como fotografías de los hechos, como sí solía quedar en combates con grupos armados al margen de la ley y, en todos los casos, el Ejército reportó que los “dados de baja en combate» portaban armas cortas o artefactos explosivos. “Ese tipo de armas no son las que suele usar la guerrilla para enfrentar al Ejército, ya que, por obvias razones, ese armamento los pondría en una situación de desventaja frente a un contingente militar que siempre los superaba en número de personas y capacidad de fuego”, advierte el análisis de Minga.

De manera unánime, todos los soldados que participaron de estas ejecuciones extrajudiciales recibieron felicitaciones en sus hojas de vida por los resultados en las operaciones. Otro de los testimonios, nombrados bajo anonimato, señalan que después de cometerlas, “el mérito que recibían los militares eran entre 20 y 30 días de permiso”, así como premios, bonificaciones y otros incentivos.

Sobre las investigaciones en curso que se abrieron, Minga aseguró que “no se investigaron los posibles nexos entre la Fuerza Pública y los paramilitares”, a pesar de los señalamientos y confesiones directas de algunos exmilitares y miembros de la Fuerza Pública ante la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar. Denuncian que el oficial Francisco Javier Cruz Ricci, aunque fue señalado por varios soldados retirados, ascendió hasta el grado de mayor general y 2017 ocupó el cargo de director de la Escuela Superior de Guerra.

¿Qué esperan las víctimas con la entrega del informe?

Ha pasado más de una década desde que se cometieron estos crímenes de lesa humanidad contra campesinos, indígenas y afrodescendientes del Putumayo. La Asociación Minga, quien se ha encargado de documentar y asesorar jurídicamente la mayoría de estos casos, espera que las víctimas de las 191 familias sean acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 03 sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. “Las madres, los padres, descendientes, esposas, compañeros y, en general, todos los familiares de las víctimas, han esperado por años que la justicia colombiana esclarezca los hechos en los que fueron ejecutados extrajudicialmente sus familiares y, en consecuencia, se impongan las sanciones correspondientes a los responsables”, agrega el colectivo.

Una de las peticiones más explícitas y que, según Minga, ha sido ignorada en la justicia ordinaria es establecer la responsabilidad de mando de los “falsos positivos”, con el fin de identificar quién daba las órdenes de cometer los homicidios y cómo se planeaba cada uno de los casos, pues de acuerdo registró la ONG, ningún caso fue fortuito sino que en todos “se estudiaba a las víctimas y a sus familiares”, antes de los hechos. “La responsabilidad de mando podría ayudar a acotar discusiones sobre la forma de participación de los oficiales que se hallaban en la cúpula de las unidades militares comprometidas en los hechos”, dice el documento.

Eso, con el fin de que cada uno de los responsables de altos mandos militares sea llamado por la justicia transicional para rendir cuentas por estos hechos y que el 95% de casos que están en la impunidad puedan ser resueltos a través de sanciones y se establezcan las “responsabilidades penales».