Declaración del foro internacional «La injusticia que atropella y la justicia atropellada»

Bogotá, 29 de agosto de 2023. en Bogotá, Colombia, se reunieron organizaciones sociales, víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos, abogadas y abogados de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Perú en el Foro Internacional: “La injusticia que atropella y la justicia atropellada: Panorama de la independencia judicial en las Américas”. El espacio permitió realizar un análisis sobre las amenazas comunes que enfrentan nuestros países en materia de independencia judicial y fiscal, separación de poderes, democracia y derecho a la justicia de nuestros pueblos.

Estas amenazas consisten en aquellas que se presentan cuando nuestra justicia es atropellada, pero también cuando se convierte en injusticia que atropella.

La justicia es atropellada en nuestro continente cuando:

• * Se captura el poder judicial y la Fiscalía, a través de la corrupción y la infiltración del crimen organizado.
• * Hay persecución y ataques contra la vida e integridad de operadoras y operadores de la justicia que no se doblegan ante intereses contrarios al Estado democrático de derecho y están comprometidos con la lucha contra la corrupción y los derechos humanos, a la justicia y a la democracia.
• * Hay traslados arbitrarios, destituciones, vinculaciones arbitrarias a procesos penales y disciplinarios, violación a la libertad de expresión, desacato de decisiones, acciones políticas para desnaturalizar el sistema de control del poder, pérdida de la nacionalidad y prohibición del ejercicio profesional de la abogacía e incluso, el exilio contra personas que defienden los derechos humanos o ejercen como operadoras y operadores judiciales y fiscales.
• * Hay abuso del poder ejecutivo, en cabeza de presidentes o jefes de Estado, que difaman al poder judicial y provocan destituciones de fiscales, jueces o magistrados que contrarían sus políticas, lo que elimina o afecta la carrera judicial.

La justicia se convierte en injusticia que atropella cuando:

• * Se vuelve un instrumento de las élites políticas y económicas que ejercen el poder para asegurar la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que les comprometen.
• * El poder judicial y la Fiscalía se manipulan para perseguir a la oposición política, a las personas defensoras de derechos humanos y al periodismo independiente, así como para criminalizar el ejercicio de la protesta social y la pobreza y asegurar la impunidad de las élites del poder.
• * Persigue a mandatarias y mandatarios alternativos a los poderes tradicionales, con el objetivo de desconocer la voluntad popular y provocar los llamados ‘golpes blandos’, extralimitando sus funciones, en una clara participación en política, y actuando por encima de la norma que los rige.
• * Se señalan como oposición a aquellas reformas que pretenden avances democráticos en materia de derechos de las mujeres, la población LGBTIQ+, los pueblos étnicos y la población migrante, así como a propuestas y programas progresistas.
• * Es utilizada para romper el equilibrio institucional que garantiza la independencia y separación de poderes, el control mutuo y el sistema de contrapesos, minando los principios que rigen los Estados democráticos de derecho.
• * La injusticia que atropella es también la militarización de la justicia.

Para hacer frente a estos ataques hacemos un llamado a los Estados a garantizar la independencia judicial y fiscal, la separación de poderes, la democracia y el derecho de los pueblos a la justicia mediante:

• 1. El impulso de reformas democráticas que profundicen la independencia judicial y fiscal y aseguren el respeto irrestricto a la separación de poderes como fundamento de todo Estado democrático de derecho.
• 2. El establecimiento de procedimientos de selección de fiscales, jueces y magistrados que garanticen su compromiso con los principios de la independencia judicial y fiscal, libre de toda influencia de élites políticas o económicas e intereses particulares.
• 3. Garantías de seguridad para operadores judiciales y fiscales, defensoras y defensores y víctimas, que privilegien la prevención y la sanción a toda forma de persecución a operadores judiciales.
• 4. El reconocimiento, la garantía y la promoción de la independencia judicial y fiscal como un derecho humano, por tanto, exigible por toda la sociedad.
• 5. Garantías y condiciones para la superación de la impunidad que ha cobijado las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, megacorrupción y criminalidad organizada en nuestro continente. Estos delitos deben ser investigados, enjuiciados y sancionados con la debida diligencia, alcanzando a los máximos responsables.
• 6. El impulso de una política antidrogas regional, que brinde alternativas a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, mientras ataca a los eslabones más fuertes de esta empresa criminal multinacional y rompe los vínculos con agentes estatales, incluido el sistema de justicia, cuando es el caso.
• 7. Urge un frente común en defensa de la soberanía, el patrimonio y los bienes naturales de nuestros países para frenar las demandas de transnacionales, mediante la revisión y retiro de tratados comerciales que permiten a estas empresas demandar a los Estados ante tribunales conformados por árbitros pagados por ellas mismas, en detrimento de la competencia de los tribunales legítimos nacionales e internacionales.
• 8. Llamamos a los organismos multilaterales del continente y del orden global a exigir a los Estados el respeto pleno por la independencia judicial, la separación de poderes y a mantener y reforzar su vigilancia mediante una relatoría independiente para garantizar la independencia de operadores de justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a fin de mejorar los estándares de protección a la independencia de la justicia.

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

Firman,

Organizaciones internacionales:

• Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala.
• Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
• Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú.
• Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú.
• Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH) de Brasil.
• Uriel Pineda, jurista e investigador nicaragüense en el exilio.

Organizaciones que integran la Campaña #NadiePorEncimaDeLaJusticia en Colombia

Suscriben,

Plataformas de Derechos Humanos

• 1.  Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
• 2. Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
• 3. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Organizaciones

• 1. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
• 2. Comisión Colombiana de Juristas
• 3. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
• 4. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
• 5. Viva la Ciudadanía
• 6. Asonal Judicial S.I.
• 7. Colombia Human Rights Committee
• 8. Corporación Reiniciar
• 9. Fondo de solidaridad con los jueces colombianos Fasol
• 10. Asociación MINGA
• 11. Programa Somos Defensores