Alerta por graves afectaciones humanitarias y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por grupos armados ilegales que desdicen de su disposición de paz
La Coordinación Colombia –Europa – Estados Unidos (CCEEU), plataforma nacional integrada por 290 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional el agravamiento de hechos de violencia que profundizan el actual estado de crisis humanitaria que padecen diferentes comunidades y territorios por las acciones de diversos grupos armados ilegales.
En los últimos dos meses hemos evidenciado afectaciones humanitarias y de vulneración a los derechos humanos, a las que están siendo sometidas las comunidades rurales y étnicas que profundizan sus condiciones de vulnerabilidad por cuenta de los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, y de estos con la Fuerza Pública, así como el aumento de los ataques a personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales. A pesar de la declarada disposición de ciertos actores de adelantar escenarios de dialogo con el Gobierno Nacional y de procesos recientes de ceses al fuego, se continúan presentando agresiones contra la población civil.
La CCEEU, rechaza las acciones violentas que el Estado Mayor Central de las FARC-E.P. continúa adelantando contra múltiples comunidades, líderes y lideresas en los territorios. La tortura y asesinato del líder social y comunitario de la región del Magdalena Medio Marcos Fidel Jiménez Bohórquez, el secuestro del firmante de paz Wilson Cañas Franco, así como la desaparición de los campesinos Alonso Angarita y Belarmino Tuberquia en zona rural de Segovia, son ejemplos de la continuidad de estas acciones de agresión en contra de las comunidades.
Nos preocupa la falta de protección y reacción por parte de las autoridades frente a los constantes y graves enfrentamientos que se han presentado desde hace varias semanas en veredas del municipio de Segovia en el Nordeste Antioquia, entre fuerzas de las AGC, el EMC-FARC y ELN, con sus graves secuelas de confinamientos prolongados, desplazamientos y agresiones a la población civil. Las confrontaciones violentas entre EMC-FARC y las AGC han generado también un número apreciable de víctimas en las regiones del Norte y Bajo Cauca Antioqueño, donde se ha incrementado el reclutamiento forzado, la deserción escolar por este motivo, así como masivos desplazamientos forzados sumado al asesinato de tres líderes sociales en Ituango en las últimas semanas.
Ejemplo de la grave situación, es la masacre perpetrada por el grupo paramilitar AGC o Clan del Golfo[1], ocurrida el pasado 24 de agosto en el municipio de Cáceres, Antioquia, donde fueron asesinadas ocho personas, entre ellas, Luis Miguel Echavarría, presidente de la Asociación de Barequeros del municipio de San Pablo (sur de Bolívar).
Tristemente, esta masacre fue advertida por parte del Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia, el pasado 5 de julio en el marco de la Mesa Territorial de Garantías realizada en el Bajo Cauca. En este espacio se alertó a la Viceministra de diálogo social, igualdad y de derechos humanos, Lilia Solano, así como a las autoridades civiles y militares, de la situación y la alta posibilidad de ocurrencia de una masacre por parte de las AGC. Igualmente, se puso de presente el llamado de la Defensoría del Pueblo, el pasado 11 de agosto, que evidenciaba tanto los niveles degradación de la violencia perpetrada por este grupo paramilitar y de su cuestionable voluntad de paz, así como la falta de control territorial y ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado para las comunidades en riesgo.
Situaciones de terror y desprotección similares se vienen presentando en el departamento de Córdoba, donde ejercen terror las AGC. Recientemente el sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reportó el asesinato del defensor William Alberto Álvarez ocurrido el pasado 27 de agosto. Por su parte, la fundación CORDOBERXIA denunció el secuestro de un joven integrante de la comunidad LGBTI en el municipio de Tierralta; no se conoce aún su paradero y si se encuentra con vida.
En diversas ocasiones, organizaciones sociales de Córdoba han puesto en conocimiento el incremento en el nivel de riesgo para la defensa de los DDHH en el departamento, no solo por la presencia activa de grupos paramilitares como las AGC, sino por la entrada de otros grupos armados ilegales como el Frente 36 perteneciente al EMC de las FARC-E.P en dinámicas de confrontación con otras estructuras ilegales. Todo ello, se suma a la grave situación -invisibilizada- del Caribe colombiano. En lo corrido del 2023 se han reportado por lo menos 12 masacres y se ha generado una continua expansión de los grupos armados incluso en municipios donde se tenía una baja o menor presencia; tal es el caso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Pachenca, los cuales, pese a mencionar su voluntad de paz, continúan ejerciendo acciones de control territorial y social.
En el departamento del Cauca, al suroccidente del país, la situación no pareciera cambiar, a pesar de los anuncios de diálogos de paz. Luego del rompimiento del cese al fuego con el EMC, la escalada en acciones de violencia ha aumentado. El control que ejercen las distintas estructuras de esta disidencia y la presencia de otros grupos armados ilegales siguen produciendo graves afectaciones humanitarias y de derechos humanos para las comunidades del Cauca. El control territorial y la disputa por corredores estratégicos para el sostenimiento de economías ilícitas siguen afectando a la población civil, la cual se ve sometida a confinamientos y al enfrentamiento armados entre los grupos armados ilegales que allí hacen presencia. Este panorama se evidencia con los homicidios de por lo menos 23 lideres y lideresas en lo corrido del año en el departamento.
Recientemente el frente Carlos Patiño del EMC divulgó un comunicado donde hizo señalamientos contra el investigador y defensor de DDHH, Leonardo González Perafán, director del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de INDEPAZ, a raíz del seguimiento que han realizado a la situación que afecta la población de Argelia en Cauca. Estas acciones demuestran la poca o nula voluntad de este grupo armado con el proceso de Paz Total ofrecido por el Gobierno Nacional. Cabe recordar que en el marco del cese al fuego temporal que se pactó con este grupo en el primer semestre del año, se ha llevado a cabo el mayor número de acciones de incumplimiento al cese al fuego.
Es alarmante la profundización de las dinámicas de agresiones en contra de la población civil en el Pacifico colombiano (en particular el Chocó y el Pacifico Nariñense) donde las intenciones de adelantar la Paz Total parecieran especialmente lejanas. Los confinamientos armados generados por los enfrentamientos de grupos, así como por la presencia de minas antipersonas persisten y agravan la situación humanitaria de la región.
Ante este crudo panorama de agresiones y violencia contra comunidades y personas defensoras de derechos humanos, instamos al Gobierno Nacional y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a realizar mayores exigencias a los grupos armados ilegales, con los cuales se adelanta escenarios de acercamiento o de diálogo. Es necesario exigir el cese al fuego y las hostilidades en los territorios como premisa fundamental para acceder a los beneficios de la política de Paz Total. Tal y como lo expreso la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Juliette De Rivero: “mientras las negociaciones avanzan es necesario reforzar el control territorial del Estado y proteger a la población, empoderando a los procesos organizativos que se ven debilitados por el accionar de los grupos”[2].
El respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario debe ser la base para el diálogo y negociación que adelanta el Gobierno Nacional. En consecuencia, urge la adopción e implementación de acuerdos humanitarios para la protección de la vida y comunidades en los territorios y realizar diálogos permanentes y sostenidos con las organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, hacemos un llamado para que se mejore la articulación entre autoridades locales y nacionales, con el fin de fortalecer la presencia integral del Estado, garantizando una coordinación efectiva entre las políticas de seguridad, como son la política de desmantelamiento de estructuras y conductas, la política de Paz Total y el modelo de seguridad humana.
Llamamos a la Comunidad Internacional a desplegar sus mecanismos de acompañamiento y seguimiento a la situación de violencia que viven las comunidades afectadas por la violencia y el terror de organizaciones ilegales.
Finalmente demandamos de todos los grupos armados ilegales, en proceso de diálogo o acercamientos de paz con el Gobierno Nacional, a desescalar la violencia que ejercen en los territorios, respetar la vida y libertades de la población civil y sus liderazgos, y dar muestras más sinceras de su efectivo compromiso por avanzar hacia una superación por la vía del diálogo de las distintas violencias que atentan contra la vida de las comunidades y las personas que defienden sus derechos en los distintos territorios
Mayor información: 310 731 66 90
[1] Corporación Comité DH Jesús María Valle Jaramillo, (2023, agosto 27). Emergencia Humanitaria por incursión paramilitar y masacre en el Bajo Cauca Antioqueño. https://twitter.com/DdhhJesusmariav/status/1695921212751327283/photo/2
[2] Evento de presentación de análisis de la situación de Derechos Humanos en Colombia en el primer semestre del 2023. Agosto 15 de 2023.
Descargue aquí el comunicado:
