La Asociación para la Promoción social Alternativa MINGA, organización no gubernamental que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos hace un llamado URGENTE, sobre la crítica situación humanitaria de derechos humanos y derecho internacional humanitario que viven cientos de campesinos y comunidades indígenas en el municipio de Puerto Asís y Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, quienes están siendo afectados por la erradicación manual forzada y las fumigaciones aéreas a los cultivos de coca y de subsistencia alimentaria.
Aproximadamente cuatrocientos campesinos e indígenas de los corregimientos de Piñuña Blanco, Perla Amazonia y comunidad Nasa cabildo Kwesx Kiwe de Chorro Largo de Puerto Asís, y Puerto Leguízamo, se concentran en protesta desde hace un mes en la vereda El Baldío y Boquerón (municipio de Puerto Asís); la comunidad requiere al gobierno nacional suspenda estos operativos de erradicación aérea y manual y exigen el cumplimiento de los compromisos efectuados el pasado 22 de diciembre de 2010, en los cuales el gobierno nacional y local , -en respuesta a una similar movilización-, se compromete al desarrollo de alternativas y programas inscritos en un Plan Integral de Desarrollo dirigido a sustituir los cultivos de coca y generar condiciones de bienestar para las comunidades. (Ver acta anexa MESA DE CONCERTACION ENTRE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y LA COMISION DE LOS GOBIERNO NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, 22 de diciembre de 2010).
La protesta anterior que duró dos meses (desde el 19 de Octubre de 2010 al 22 de diciembre), finalizó con la firma de dicha Acta que incluye varias Mesas de Trabajo en derechos humanos, asuntos étnicos, territorio, formulación e implementación de granjas productivas y otros programas productivos alternativos, ambientales y de seguridad alimentaria en el corto, mediano y largo plazo. Esta acta fue firmada por representantes del Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio de Agricultura, Gobierno Departamental y Alcaldías de Puerto Asis y Puerto Leguízamo con delegados de las comunidades organizadas del rio Putumayo, sirviendo de garante la Defensoría del Pueblo.
Las fumigaciones aéreas indiscriminadas y la erradicación manual forzada en el marco del Plan Colombia es una política que viola y vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales de estas comunidades que sobreviven en áreas distantes y en condiciones extremas de pobreza y abandono estatal. Sin presencia del Estado y sin alternativas legales que les generen ingresos básicos y bienestar, las fumigaciones y la erradicación manual producen dos respuestas en la comunidad, o el desplazamiento forzado -aumentando la marginalidad en los cascos urbanos- o resistir y buscar la forma de vida bajo estas economías ilegales que los involucran nuevamente en la siembra de cultivos de coca en zonas ambientalmente estratégicas.
De igual forma, esta estrategia de carácter militar prioritariamente, se desarrolla sin preveer planes de contingencia (Auto 218) , en repetidas ocasiones la Asociación Minga y otras ONG´s de derechos humanos nacionales, han denunciando violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario durante estos operativos militares, ocupación de viviendas, bienes y sitios protegidos, ejecuciones extrajudiciales y maltratos a la población local, por otro lado, la guerrilla intimida y amenaza a la comunidad si “colabora” con la fuerza pública, siembra minas en lugares poblados y ataca en medio de la población.
En marzo del presente año, el gobierno nacional reanudó la erradicación manual forzada y fumigaciones en el municipio de Puerto Asís, sin haber iniciado el cumplimiento del Acta pactada con las comunidades de la zona. Según estas comunidades dicho incumplimiento los obliga nuevamente a la movilización y concentración para visibilizar sus necesidades y requerir al gobierno nacional los espacios de diálogo y de trabajo conjunto prometidos. Por ello, se mantienen desde hace un mes en la vereda El Baldío y El Boquerón del municipio de Puerto Asis; a pesar de algunos intentos de acercamiento a la fecha aún no ha sido posible la interlocución directa con el gobierno nacional, lo que ha llevado a las comunidades a tomar medidas de hecho como limitar el transporte vial de petróleo y el transporte público por el río Putumayo, esta situación de tensión se viene incrementando gravemente y se teme que el gobierno ordene medidas de fuerza con el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), sin previamente dar posibilidades de salidas pacíficas y concertadas a esta situación generada en el marco de la aplicación de sus políticas estatales.
Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida se presenten actos violentos contra la sociedad civil.
Por lo expuesto anteriormente; hacemos un LLAMADO URGENTE a las siguientes autoridades para que adopten de manera urgente medidas preventivas tendientes a proteger y salvaguardar la vida e integridad personal de quienes están participando de estos actos de denuncia, en especial para los líderes de las organizaciones sociales del departamento del Putumayo:
Presidencia de la República, Vicepresidente de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.
Las comunicaciones pueden ser dirigidas a la calle 19 No. 4-88 oficina 1203 , teléfono 3804380 de la ciudad de Bogotá.
