Boletín 1: La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales
El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.
El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.
Boletín 2: Militarización, paramilitarización y negación al amparo del estado de emergencia económica y social
Las condiciones generadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional (Decreto presidencial 417 del 17 de marzo de 2020) y la imposición de severas medidas a la población como el aislamiento obligatorio con el fin de prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus no han impedido la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos y la represión a diversas manifestaciones de la inconformidad ciudadana. Desde el 6 de marzo, fecha en que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país al menos 10 excombatientes que firmaron la paz han sido asesinados en Sucre, Putumayo, Chocó, Tolima y Meta (1.)
Durante el mismo periodo, 21 líderes sociales fueron asesinados, generalmente en sus casas, o sacados de ellas mientras se resguardaban por la cuarentena para aparecer luego asesinados en otros lugares por los habituales “desconocidos” o “sicarios indeterminados”, quienes sí han podido moverse libremente en medio de las restricciones de movilidad impuestas (2.)
Boletín 3: Violaciones graves a los DDHH por agentes estatales continúan al amparo de la emergencia económica, social y ecológica
Las medidas de excepción impuestas al amparo del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que decreta la Emergencia Económica, Social y Económica y que han decretado el aislamiento obligatorio de la población con miras a impedir la propagación de la infección del Coronavirus no han impedido la continuidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerza Pública.
Por el contrario, al amparo de la poca presencia de población en las calles y en los territorios, la escasa presencia de mecanismos de control y supervisión pública de sus acciones y la legitimación de acciones represivas contra personas que han transgredido los mandatos de encierro obligatorio, han propiciado un desbordamiento de acciones represivas y vulneraciones a los derechos humanos que se expresan en represión violenta a los sectores marginados que protestan debido al hambre y la desatención oficial, la multiplicación de sanciones pecuniarias y comparendos de manera masiva por parte de autoridades de policía, casos graves de abuso y violencia sexual por parte de agentes estatales, la represión violenta a cualquier reclamo o brote de protesta en las cárceles, y la reactivación de casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes estatales o por connivencia de los mismos con estructuras criminales paramilitares.
Boletín 4: Continuidad y sistematicidad de espionaje y persecución a defensores y defensoras desde la Inteligencia Militar Estatal
Una vez más, y como ha sido de manera recurrente en los últimos años, los medios de comunicación han puesto al descubierto operaciones de espionaje ilegal perpetrado desde batallones y brigadas de inteligencia y contrainteligencia que dependen directamente del Comando de las Fuerzas Militares[1]. En esta ocasión, al menos 130 líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, entre los que figura el Colectivo de Abogados “Jose Alvear Retrepo”, periodistas nacionales y extranjeros, políticos de oposición e incluso algunos mandos militares que estuvieron vinculados a tareas relacionadas con el proceso de paz, fueron objeto de “perfilaciones” y “trabajos especiales” que implicaban seguimientos, recopilaciones de datos sobre sus comunicaciones privadas, teléfonos, correos electrónicos, lugares de vivienda y trabajos, datos de sus familias y personas de contacto, intromisiones a su intimidad e incluso interceptaciones de sus comunicaciones. Para esto, se utilizaron herramientas informáticas y de software adquiridas mediante de recursos de cooperación de la agencia de inteligencia militar de los Estados Unidos.
Boletín 5: Las prioridades del gobierno en tiempos del COVID-19
La crisis generada por la pandemia de Covid-19 ha puesto al desnudo el raquítico y precario Estado Social de Derecho en Colombia y del propio sistema productivo para atender las necesidades básicas de toda la población. Se ha puesto de presente el lamentable sistema de atención a la población más vulnerable que focaliza subsidios en un porcentaje muy escaso de la misma y que incluso termina en la manipulación política, direccionando la inclusión en los registros del sistema de beneficiarios de los programas hacia las clientelas de los clanes políticos en vez de las personas que más los necesitan.
- A los bancos, más dinero…
El sistema económico, que durante cuatro décadas ha arruinado la producción industrial y agrícola por efectos de la implementación del modelo neoliberal -al concentrarse en los sectores de servicios y actividades extractivas, junto con la especulación financiera- ha dejado más de 5.4 millones de personas sin empleos en solo un mes de la emergencia económica y social decretada, aumentando el desempleo a un 32.6%.[1] Alrededor de 35 millones de personas no tienen hoy los ingresos mínimos para su subsistencia[2] y están sujetas a multas y comparendos si salen a la calle para realizar actividades tendientes a atender sus necesidades familiares.
Boletín 6 CCEEU– Represión a la protesta social en tiempos de pandemia primera parte: uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza
Mientras millones de personas en Colombia han sido lanzadas al desempleo y millones de familias padecen hambre, el Gobierno legisla por decreto vulnerando derechos y garantías básicas de amplios sectores de la población. Durante este periodo se han emitido más de 170 decretos al amparo de las medidas de excepción, sin ningún control del Congreso, dado que el Presidente le ha prohibido reunirse con el argumento de que debe acatar la medidas sanitarias para su protección, y el control de la justicia llegará demasiado tarde o terminará convalidando los abusos del Gobierno por subordinación o falta de independencia.
En estas condiciones, y mientras el paramilitarismo avanza y se consolida en gran parte del país, incluidos varios centros urbanos, y los efectos de una militarización excesiva se dejan ver en los atropellos desbordados de las fuerzas armadas y de seguridad, el último recurso ante la inefectividad y/o complacencia de los controles institucionales en el Congreso, el poder judicial y los organismos de control es la resistencia organizada de la ciudadanía y el ejercicio en las calles de la protesta social. Sin embargo, el pánico sanitario generado por el temor al contagio y los poderes excesivos y arbitrarios concedidos a la Fuerza Pública han paralizado a gran parte de la sociedad y han sojuzgado los intentos de la ciudadanía por tomarse las calles.
Boletín 7 CCEEU: Represión a la protesta social en tiempos de pandemia Segunda parte: descalificación y estigmatización de la protesta social
Los instrumentos de Represión Violenta a la Protesta Social.
Con el argumento de impedir la vulneración a las medidas para contener la pandemia se han impuesto prácticas de criminalización de quienes protestan y de represión violenta a la movilización ciudadana. Desde la imposición del estado de excepción con motivo de la pandemia, las mayores movilizaciones sociales se presentaron el día 15 de junio en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Pasto, donde la represión violenta de las protestas evidenció la puesta en práctica de los siguientes mecanismos que han anulado el ejercicio del derecho constitucional a la protesta social y, por ende, los derechos a la libertad de expresión, organización y petición:
Boletín 8 CCEEU– Pandemia por violencia sexual y violencias basadas en género por agentes estatales
En medio de graves denuncias por la avalancha de violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado durante este Gobierno por integrantes de la Fuerza Pública y en especial, las denuncias conocidas durante la emergencia decretada a raíz de la pandemia, se han presentado un sinnúmero de casos de violencia sexual perpetrados tanto por miembros de la Policía, como del Ejército Nacional, e incluso por miembros de la Armada.
Son ya numerosos los casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos, entre los cuales están los casos de espionaje y persecución por parte de brigadas de inteligencia y contrainteligencia contra defensores/as de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, magistrados e incluso militares que han estado comprometidos con el proceso de paz; la nueva escalada de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en las cuales están implicados miembros del Ejército; las decenas de campesinos heridos o asesinados en procesos de erradicación forzada de cultivos; los bombardeos contra niños víctimas de reclutamiento forzado con remate a tiros de los sobrevivientes; los casos de connivencia con el paramilitarismo y su consolidación en distintas regiones del país, incluso en grandes ciudades; la venta de armas y salvoconductos a grupos paramilitares y narcotraficantes; y multimillonarios casos de defraudación presupuestal y corrupción que, sumados a los números casos de abusos y de violencia sexual, muestran una profunda crisis en la conducción de la tropa, fallas estructurales en los mecanismos de supervisión y control, deficiencias en los mecanismos de ascenso y nominación de los mandos, así como graves distorsiones en la política de seguridad y defensa, en el entrenamiento recibido y en la doctrina militar, que demandan replanteamientos y la necesidad de un debate profundo y una intervención ciudadana para reformar la estructura, las políticas, la doctrina y los mecanismos de ascenso y selección de mandos al interior de las Fuerzas Militares y de Policía.
