Como representantes jurídicos de algunos de los casos de falsos positivos de Soacha, compartimos artículo del Espectador sobre condena a Alexander Carretero quien reconocio haber vendido a estos jóvenes a integrantes del Ejercito Nacional de Colombia. 

Este lunes, el juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó a 44 años de prisión a Alexander Carretero Díaz por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado de 14 jóvenes que fueron reclutados en Soacha (Cundinamarca), y entregados al Ejército Nacional con el fin de asesinarlos y hacerlos pasar como bajas en combate con grupos al margen de la ley.

Esta decisión se da luego de que la Fiscalía recibiera un derecho de petición por parte de Carretero Díaz en el que solicitaba, de manera expresa, unificar las siete investigaciones que tenía en su contra por el reclutamiento de estos jóvenes en 2007 y 2008. En ese sentido, la fiscal delegada en estén caso, María Cecilia Jaimes, y abogado público del procesado, Luis Guillermo Gallo, acordaron esta pena a cambio de su aceptación de cargos, pagar una multa de 1.346 salarios mínimos (unos $992 millones) y convertirse en testigo de la Fiscalía en otras investigaciones.

En la audiencia, que tardó más de cuatro horas en una de las salas del cuarto piso de los juzgados especializados de Bogotá, la Fiscalía relató uno a uno los hechos por los que Carretero Díaz debía ser condenado. Se trata de 14 muertes extrajudiciales que, según las investigaciones, se ejecutaron bajo mecanismos similares: falsos ofrecimientos de trabajo, transporte vía terrestre a municipios aledaños de Ocaña (Norte de Santander), entrega de jóvenes a uniformados del Ejército, y su posterior asesinato para hacerlos valer como supuestos “positivos” de la unidad castrense.

Así, Faír Leonardo Porras, Elkin Gustavo Verano, Joaquín Castro Vásquez, Julio César Mesa Vargas, Jonathan Orlando Soto, Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín, Jaime Estiven Valencia Sanabria, Julián Oviedo Monroy, Jaime Castillo Peña, Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez, Jáder Andrés Palacio Bustamante y Jonny Duvián Soto, dice el ente investigativo, fueron asesinados entre enero y agosto de 2008.

El Ministerio Público, por su parte, avaló el preacuerdo al argumentar que existe “homogeneidad” en los modos de actuar de Carretero Díaz y la unificación de las procesos que cursa en varios juzgados significaría una “economía procesal” frente a las investigaciones que tiene en su contra. Esta petición también fue avalada por los abogados de las víctimas –madres de los jóvenes– y la defensa del hombre de 39 años oriundo de Aguachica (Cesar).

Sentimientos encontrados

Al escuchar los argumentos de la fiscal sobre los hechos en los que participó Carretero Díaz, las madres y familiares oían pacientemente cómo fueron asesinados sus hijos. Mientras unas lloraban en la diligencia y eran consoladas, otras reclamaban justicia entre murmullos. Sin embargo, terminada la audiencia, la desazón seguía siendo evidente porque, según ellas, quieren llegar hasta las últimas consecuencias y encontrar a todos los responsables.

“Esto no me alegra, esto me llena de sentimiento porque la cárcel no se la deseo a nadie. Lo que sí se siente es un alivio porque lo que queremos como víctimas es que mi hermano descanse y nosotros poder descansar también. Me hubiera gustado hablar con el señor Carretero para decirle, en el profundo de mi corazón, que yo lo perdono y que no hay odio”,  precisó Gloria Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña.

Por su parte Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez, expresa que esta condena no le devolverá la compañía de su hijo y dice que los 44 años de prisión a Carretero Díaz son muy cortos por su participación en el asesinato de 14 jóvenes. “Eso no es nada para el sufrimiento de nosotras. No estoy de acuerdo con la condena pero así es la vida y la justicia divina vendrá”, dice.