{image}https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5whxl_509-6bSYktyoAo0TCJy2eWdzHdoYank2k1frQ8eyERV{/image}Luego del desarrollo de la caravana por la vida en el municipio de Cajibio, y de algunas denuncias hechas por miembros de las organizaciones sociales participantes del evento, el ejército ha tomado una actitud hostil contra las organizaciones sociales que hacen presencia en la zona.
John Henry Gonzalez, miembro de la fundación CIMA, afirma que con el fin de solucionar los roces presentados con el ejército y la policía nacional, se cito a una reunión donde participaran representantes de las fuerzas militares, el gobernador del departamento y representantes de las organizaciones sociales. Sin embargo, la reunión se ha visto aplazada dos veces por la negativa del gobernador.
La población del departamento debe convivir con la zozobra y el miedo que producen los constantes enfrentamientos entre los grupos insurgentes y los grupos paramilitares y militares que hacen presencia en la región. Sumado a esto, la desarticulación entre las instituciones estatales generan consecuencias nefastas para el plan de vida y desarrollo de los habitantes, que, como ocurrió en días pasados en el caso de la sustitución de cultivos ilícitos, genera intervenciones gubernamentales que desarticulan las iniciativas comunales en busca del buen vivir.
Preocupa a la población la estrategia de guerra desarrollada en los Centros de Coordinación de Acción Integral- CCAI, en los cuales se da un traspaso y subordinación del poder civil al militar. La intervención Estatal en zonas de conflicto se da en términos militares, como recuperación del territorio, y administrativos, como ente encargado de desarrollar obras y desarrollar el componente social contemplado en el marco del Estado Social de Derecho.
El accionar de las fuerzas militares esta debilitando las organizaciones sociales, toda vez que da cuenta del estado de la democracia en Colombia, donde las instituciones encargadas de administrar el carácter social del Estado se encuentran en un grado de debilidad tal, que no solo están impedidas para copar la totalidad del territorio nacional, sino que deben ceder su capacidad orgánica y de planeación administrativa a un ente que, por naturaleza debería estar subordinado a las políticas de Estado.
Es de esperarse entonces que los planes de desarrollo y la inversión social y de infraestructura que se dan en el departamento, se convierta, en manos de los militares, en una línea estratégica para la guerra y no para la paz o el buen vivir.
