El pasado 9 de julio en desarrollo de actividades propias con la comunidad de los municipios de Teorama, Convención y El Carmen, Norte de Santander, fueron secuestradas; Nohora Guerrero, Lizbeth Jaime y Mónica Duarte, y María Angélica González, del Programa de Atención a Comunidades en Riesgo de la Vicepresidencia de la República, vinculadas a la Fundación Progresar.
La Fundación Progresar es una organización no gubernamental que ha trabajado el tema de los derechos humanos desde hace 20 años en la región, por lo que conformo un equipo de profesionales en áreas de sicología y Derecho, comprometido a realizar trabajo social y comunitario, en común acuerdo con las organizaciones sociales de base de la región.
Históricamente esta comunidad ha padecido las consecuencias de la violencia armada, no ha tenido derecho a una vida digna, sin acceso a derechos fundamentales, ante la ausencia de entidades y programas gubernamentales.
La retención según fuentes de la Fundación se hizo por hombres armados del ELN, con los cuales hasta el momento no se ha realizado ningún acercamiento. El Comité Internacional de la Cruz Roja está al frente de alguna eventual exigencia. De igual forma, la iglesia católica, la gobernación del Norte de Santander, una misión de Naciones Unidas, la Vicepresidencia de la república y otras organizaciones de derechos humanos están a la expectativa de lo que pueda pasar con estas personas.
En un comunicado publicado por la Fundación Progresar solicita al grupo alzado en armas; La inmediata liberación, el respeto al derecho a la vida, la libertad e integridad física y emocional de los y las defensoras de los derechos humanos, al igual que todo miembro de la población civil que no participa directamente en las hostilidades, y que son personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
