La Asociación MINGA y La Fundación Progresar, como organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos en el departamento de Norte de Santander informan a la ciudadanía lo siguiente:

1. Durante las dos últimas décadas la Fundación Progresar ha liderado una campaña por la defensa de la vida de los y las ciudadanas residentes en el departamento, ante la gravedad de la situación de orden público y la degradación del conflicto armado en la región.

2. La Fundación Progresar, en un esfuerzo de trabajo interinstitucional conformó un equipo de profesionales íntegros y con compromiso para realizar trabajo social y comunitario, que de común acuerdo con las organizaciones sociales de base de la región, desde el año 2009 estaban realizando actividades de acompañamiento y fortalecimiento comunitario, en cinco comunidades rurales de los municipios de Teorama, Convención y El Carmen.

3. Esta región ha sufrido los embates de la violencia y ha carecido de la presencia de entidades y programas gubernamentales, por lo que sus habitantes han estado condenados a vivir en las condiciones propias del abandono por parte del Estado, es decir, despojadas de todo derecho a una vida digna y sin acceso a derechos fundamentales.

4. La Fundación Progresar lleva a cabo su labor de manera prioritaria con población en situación de desplazamiento por el conflicto armado, retornada, o en riesgo de desplazamiento, como respuesta a la necesidad de contribuir en la reconstrucción del tejido social y la prevención ante futuros hechos que atenten contra la dignidad humana.

5. El pasado 9 de julio en desarrollo de estas actividades fueron retenidas por hombres armados del ELN, de manera ilegal y atentando contra toda norma humanitaria nacional e internacional, las profesionales de la psicología y el derecho vinculadas a Progresar Nohora Guerrero, Lizbeth Jaime y Mónica Duarte, y a María Angélica González del Programa de Atención a Comunidades en Riesgo de la Vicepresidencia de la República.

Por lo anterior, de manera expresa EXIGIMOS al grupo alzado en armas, su inmediata liberación, respetando su derecho a la vida, libertad e integridad física y emocional. Los y las defensoras de los derechos humanos, al igual que todo miembro de la población civil que no participa directamente en las hostilidades, son personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.