El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales –ECCHR, la Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz -CIJP, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores,
presentan este 5 de julio un informe a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, sobre la situación de las personas que defienden los derechos humanos y el territorio.
El informe será entregado a la Comisión de la Verdad en el marco del foro «Retos y propuestas frente a los ataques a personas que defienden los derechos humanos y el territorio en Colombia», que se llevará a cabo este 5 y 6 de julio, de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo y el ECCHR, y contará con la participación como observadores de Brigadas Internacionales de Paz, organización humanitaria que acompaña a personas defensoras en su trabajo en terreno.
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El informe documenta 10 casos de los últimos cuatro periodos de gobierno, dos de Álvaro Uribe y dos de Juan Manuel Santos, que señalan la existencia de patrones en los asesinatos, amenazas, atentados y campañas de estigmatización contra defensoras y defensores, lo que permite concluir el carácter sistemático y generalizado de estos ataques, así como la impunidad generalizada en la que se mantienen estos casos donde no existen condenas en firme, y donde las investigaciones no apuntan a los determinadores de los hechos.
Mientras que en los ocho años del gobierno Uribe la característica de los ataques fue la persecución y estigmatización contra defensores que precedió a amenazas, atentados y asesinatos, en el de Santos se resaltan los crímenes del ESMAD, en particular por el uso de armas letales en protestas sociales. La característica común es la inoperancia de la justicia en la cual la Fiscalía General de la Nación juega un papel crucial y se hace corresponsable cuando no investiga patrones ni a quienes se benefician de estos crímenes.
Los casos incluidos en el informe, y que también fueron presentados previamente ante la Corte Penal Internacional, ejemplifican el carácter de crimen de lesa humanidad de estos ataques,son los de Soraya Gutiérrez Argüello, abogada defensora de derechos humanos e integrante del Cajar, víctima de atentado, amenazada, torturada psicológicamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez por el extinto organismo de inteligencia DAS; Mario Castro Bueno, defensor de derechos humanos del Meta detenido, desaparecido y asesinado por paramilitares en 2002; Orlando Valencia y Manuel Ruiz, líderes de la comunidad de Jiguamiandó y Curvaradó asesinados en 2005 y 2012 respectivamente por paramilitares actuando en alianza con integrantes de la fuerza pública.
También el de Ana Teresa Yarce, defensora de derechos humanos de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín integrante de la Asociación de Mujeres de las Independencias, detenida arbitrariamente y asesinada por paramilitares actuando en alianza con agentes de la policía; el de Luis Miguel Gómez Porto líder comunitario, defensor de derechos humanos de los Montes de María, en Sucre, judicializado sin fundamento y asesinado en 2007; el de Miguel Ángel González Gutiérrez, integrante de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cauhucopana, en Puerto Nuevo Ité asesinado en 2008 por integrantes del Batallón Calibío y presentado como integrante de la guerrilla muerto en combate; Alejandro Casamachín Hernández, lider indígena de la Provincia del Norte en el Cauca, víctima de un atentado por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, en 2015; David Ravelo Crespo, defensor de derechos humanos en Barrancabermeja, acusado por un crimen que no cometió y judicializado sin fundamento, desde el 2007 lucha por demostrar su inocencia; y Adán Alberto Pacheco, sindicalista y activista social en Barranquilla, asesinado en el 2005 por paramilitares.
Desde el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017, cuando se concluyó la investigación para la comunicación a la CPI que sirvió como base para el informe, y según cifras del Programa Somos Defensores, se habían asesinado a 610 defensores, y más de 4.300 habían sido víctimas de ataques. En los últimos años estos ataques se han incrementado en más de 100%.
Por estas razones, las organizaciones le piden a la Comisión de la Verdad tener en cuenta este informe para establecer las causas estructurales así como los determinadores de la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y el territorio, para que mediante un proceso amplio y deliberativo adopte recomendaciones sobre medidas que garanticen la superación y la no repetición de hechos como los aquí documentados, y los que se siguen presentando actualmente en el país.
Conozca aquí el informe completo
