El pasado 22 de mayo de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- realizó la primera audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad en la ruta no sancionatoria a la que fueron convocados dos soldados profesionales responsables de la ejecución extrajudicial del campesino Héctor Antonio Rubio Álvarez, perpetrada el 13 de julio de 2007 en el municipio de Hacarí, Norte de Santander, por tropas de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional.

Las víctimas pidieron a los comparecientes asistieran portando uniforme militar dado que continúan en servicio activo y a que la ejecución de su familiar fue perpetrada por militares, con armas del Estado y en desarrollo políticas del Ejército Nacional, sin embargo, éstos se presentaron de civil planteando carecer de permiso de sus superiores para portar uniforme militar lo que fue percibido por las víctimas como una muestra de falta de compromiso con la verdad y ánimo restaurador.

En el desarrollo de la audiencia los comparecientes se pronunciaron frente al asesinato de Héctor  resaltaron las circunstancias en la que mandos militares planearon el crimen y la forma como lo ejecutaron, describieron cómo la víctima fue abordada y privada ilegalmente de la libertad para ser luego asesinada. También describieron el montaje que realizaron para simular un supuesto combate y presentar a la víctima como un guerrillero abatido en combate.

Desde la Asociación MINGA, representante jurídico en este caso, consideramos que esta determinación también demuestra el propósito de desligar al Estado y sus Fuerzas Militares de la comisión de las ejecuciones extrajudiciales, las que insisten en presentar como resultados de impulsos criminales de individuos, lo que es contrario a la verdad material. En coherencia con los esfuerzos por esclarecer judicialmente los hechos y reconstruir memoria, se espera que en las próximas diligencias que se lleven a cabo en el marco de este proceso no sancionatorio los comparecientes porten el uniforme.

Como aspecto relevante resaltamos que en esta audiencia los comparecientes relataron, entre otros aspectos, cómo el señor Héctor Antonio fue disuadido de firmar un documento de buen trato con el único propósito de identificar su mano dominante para, luego de asesinarlo, realizar disparos con esta e implantar un arma. Además, instalaron un campo minado, el que presentaron como obra de la víctima, para desviar la investigación y justificar el crimen.

En la diligencia se valoró el reconocimiento de responsabilidad y la información que brindaron los comparecientes para esclarecer un hecho que en la Justicia Penal Ordinaria permaneció más de una década sin desarrollos investigativos relevantes pero a su vez se evidenciaron las diferencias en la situación social y económica de víctimas con la de los comparecientes, las primeras, soportando precariedades de todo tipo y la desatención estatal y, los últimos, pese a ser tan solo soldados, llenos de privilegios sociales, económicos, institucionales y legales.

En un trámite en el que las víctimas, más allá de la verdad, no perciben satisfacciones adicionales que puedan obtener a través del “plan de restauración y no repetición”, perdura el sinsabor de que los comparecientes canjearán verdad por una amnistía encubierta bajo la figura de la renuncia a la persecución penal, por lo que no tendrán sanción alguna pese a su responsabilidad en un grave crimen internacional.

Si bien junto a las víctimas que acompañamos consideramos que aún con todas las limitaciones, en este caso, los comparecientes sin estar afectados por decisiones de la justicia ordinaria han ofrecido verdad y reconocido responsabilidad; lamentamos que sean casos excepcionales en la justicia transicional, a la que, como hemos visto en repetidas ocasiones, los agentes del Estado acuden para librarse de consecuencias punitivas por los crímenes de los que han sido participes, sin contribuir de manera efectiva y eficaz al esclarecimiento de estos, lo que desvirtúa el propósito que le dio a esta jurisdicción el Acuerdo de Paz  y defraudando las expectativas de las víctimas.

Asociación MINGA