Un país sin líderes no es una país: Informe MOE sobre la violencia contra líderes políticos, sociales y comunaless

Escrito por: MOE

En los primeros seis meses del 2020, la emergencia sanitaria por la que hoy atraviesa no solo Colombia, sino el mundo entero, ha transformado, en distintas formas y medidas, la participación política. El contexto ha obligado a todos los actores de la sociedad, en particular a aquellos que pretenden incidir en la vida pública y en la toma de decisiones políticas, a modificar sus acciones y estrategias frente a una nueva realidad que cambia día a día, pero cuyos efectos finales aún desconocemos. Se han tenido que buscar nuevos mecanismos para garantizar el funcionamiento de los frenos y contrapesos desde el aislamiento. Ha sido necesario ir al encuentro de nuevas formas para generar incidencia desde las comunidades en un contexto en el que las distintas problemáticas sociales se acrecientan, pero también se invisibilizan, ante una crisis sanitaria y económica nunca antes vivida. En Colombia se ha tenido que aplazar, por ejemplo, las elecciones de las Juntas de Acción Comunal –JAC–, que son la base misma de la democracia, bajo la ausencia de una ruta clara que garantice la participación de la ciudadanía en el ámbito que le es más cercano.

Este contexto se presenta en el periodo post-conflicto, tras la firma del Acuerdo de Paz, que si bien abrió la puerta para poner fin a la violencia, se revela hoy como un objetivo que cada día se observa más lejano. Pues esta violencia, en particular aquella ejercida contra las y los líderes, no solo encuentra su explicación en el conflicto histórico con distintos Grupos Armados Ilegales –GAI–, sino que es el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales, de una debilidad institucional que no ha sido capaz de hacer frente a los diversos intereses locales, regionales y nacionales que encuentran en el ataque a los distintos liderazgos una vía para hacerse del poder y perpetuarse. No obstante lo anterior, pareciera que el conflicto lo abarca todo, que el conflicto lo explica todo, que el conflicto lo oculta todo. Así, en el marco de su seguimiento constante a la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, la Misión de Observación Electoral –MOE Colombia– presenta este Informe sobre la situación de seguridad durante el primer semestre de este convulsionado 2020.

En el mismo se advierte Presentación que lo corrido de este año ha estado marcado por graves afectaciones, principalmente en contra de las y los líderes sociales, quienes no solo han sufrido los más altos niveles de violencia, sino que cada vez más, ésta se ha tornado letal. Pues si bien durante el periodo más restrictivo del aislamiento, los números registrados evidenciaron una disminución generalizada, tanto de los hechos de violencia contra las y los líderes, como de las acciones bélicas de los grupos armados ilegales, las agresiones contra la población civil en general, y los liderazgos locales en particular, es un fenómeno que ni bajo condiciones sanitarias extremas se detiene en Colombia.

Es por ello que con el presente Informe, la MOE no solo busca destacar las cifras de lo ocurrido a lo largo de este primer semestre del año, sino también el impacto que los hechos de violencia generan sobre las víctimas de los mismos y, particularmente en el caso de las y los líderes sociales, sobre sus comunidades. Porque cuando observamos, como ocurre en este periodo, que las agresiones contra líderes sociales se incrementan, lo que se nos muestra es una intención de atacar aquellos procesos que surgen desde la ciudadanía; cuando miramos que la violencia transita cada vez más hacia la letalidad, lo que se evidencia es que ante la imposibilidad de trastocar o detener un proyecto o una causa social con una amenaza, a lo que se recurre es a silenciar una voz. Y no se trata de cualquier voz, sino de una que representa el trabajo desde la ciudadanía por suplir los vacíos que el Estado mismo ha dejado. Una voz que busca transformar su entorno a través de la lucha campesina, de las mujeres, de las comunidades afro e indígenas, de las víctimas, de la defensa de los derechos humanos, de la población LGBTIQ, del territorio, del medio ambiente, en la construcción de un país más igualitario.

Así, con los hechos de violencia no solo se trunca la gestión que venían realizando las y los líderes agraviados, sino que tiene un segundo efecto que les trasciende y se dirige a quienes trabajan por las mismas causas, que aunque en muchos casos continuarán haciéndolo, ahora será con miedo. Año tras año se presentan las cifras de las y los líderes agredidos, de las y los amenazados, de las y los secuestrados, de las y los desaparecidos, de las y los que han sufrido atentados, de las y los que han sido asesinados. Y como sociedad, de muchas formas se ha normalizado la afectación a estas vidas. Estas se han explicado, en gran medida, como una consecuencia del “conflicto”. Sin embargo, al mirarlas solo a la luz del conflicto, la discusión se centra en éste, olvidando a las víctimas, convirtiéndolas en un dato estadístico. Pero debemos reconocer que no son números, son personas, son líderes y lideresas cuya labor se debe destacar, pues la violencia contra ellos tiene un impacto relevante tanto en las comunidades, como en la vida política del país. Son agresiones que tienen repercusiones graves en la seguridad de todas y todos quienes trabajan por hacer de Colombia un país diferente.

Lo que las cifras contenidas en el presente Informe muestran es que los fenómenos de violencia no solo se han mantenido, sino que se han extendido a nuevos territorios, y se han recrudecido en regiones con presencia histórica del conflicto, de manera particular en las regiones de aplicación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET–, priorizadas por el Estado, donde sin embargo persiste una ausencia del mismo, que ha derivado en acciones de prevención y protección claramente insuficientes. En el documento se puede observar asimismo, que este 2020 también ha traído consigo vulneraciones contra líderes políticos; en particular, la violencia se ha incrementado en contra de funcionarios electos a nivel local y regional. Es decir, que con apenas seis meses en ejercicio de sus cargos se ha percibido de manera continuada agresiones en contra de alcaldes y concejales principalmente. Esto evidencia la intención de quienes ejercen esta violencia de controlar no solo el actuar social, sino al Estado mismo, precisamente a partir del sometimiento de sus líderes, a partir del miedo. Esta situación, en caso de aumentar los niveles de letalidad, podría terminar en la realización de elecciones atípicas, como ocurrió en el Municipio de Sutatausa, Cundinamarca.

Las y los líderes comunales también han sido afectados por la violencia en este semestre, de forma destacada, los Presidentes de las JAC. Al respecto, lo que la MOE ha identificado es que los liderazgos, entre más locales, son objeto no solo de mayor violencia, sino de una violencia más letal. Este es el caso tanto de las y los líderes comunales, como de muchos de las y los líderes sociales, pues por esta razón están expuestos a distintos riesgos, como por ejemplo, estar en zonas rurales con presencia tan – to de grupos armados, como de economías ilegales. Los datos específicos sobre la situación de seguridad de los distintos liderazgos se pueden apreciar a lo largo del documento con el detalle y los análisis recabados durante este semestre de seguimiento. Así la situación, no es posible des – ligar del estudio el fenómeno de los Grupos Armados Ilegales, de su actuación y presencia en el territorio. Pues si bien no se trata de la causa única de las agresiones, indudablemente existe una correlación en la que los municipios con presencia de actores armados son aquellos donde se presentan el mayor número de hechos de violencia contra líderes y lideresas.

Precisamente ante este contexto, y a partir de la evidencia de políticas de protección que si bien han avanzado, claramente son insuficientes, en el presente Informe, se incluye un capítulo en el que se presenta una estrategia concreta que sirve para nutrir las políticas públicas de prevención y protección a líderes, lideresas y de quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos. Este apartado buscará plantear mecanismos integrales que evolucionen de acuerdo con los contextos vividos y que sean de aplicación práctica por parte de las autoridades, con impactos mínimos en la regla fiscal y los presupuestos ya asignados, en el marco de una emergencia que está demandando cada vez más recursos no contemplados.

Finalmente, este documento presentará de manera sucinta las recomendaciones puntuales a llevar a cabo por parte de autoridades de todos los niveles, en busca de garantizar la protección a los distintos tipos de liderazgo. Pues para avanzar hacia la paz, uno de los retos más grandes que enfrenta el país es que no se normalice la violencia, que se levante la voz, que la indignación permanezca ante los ataques a los líderes, que se exija no solo al Gobierno, sino al Estado en su conjunto, el establecimiento de mecanismos eficaces de prevención y protección de la vida e integridad de las distintas personas que, a través de los liderazgos que ejercen, trabajan por las y los ciudadanos, por sus derechos, por hacer de Colombia, un país mejor.

Conoce a continuación el informe completo:

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