Compartimos el comunicado de Congreso de los Pueblos sobre las preocupaciones que genera en el movimiento social el nuevo código de Policía… 

Mientras se avanza en la salida negociada al conflicto armado con el cese al fuego y de hostilidades entre las FARC y el gobierno, se profundiza la ofensiva estatal contra el movimiento popular y democrático que lucha por una paz con justicia social y un país para la vida digna. Sumado al paquete de políticas que profundizan el conflicto social y económico, se aprobó el  Nuevo Código de Policía que restringe derechos políticos fundamentales en contravía de la ya maltrecha Constitución Política y la precaria democracia colombiana. Entonces nos preguntamos ¿cuándo cesaran las hostilidades sociales, políticas y militares contra el movimiento social por parte del Estado Colombiano?

El proyecto de Nuevo Código de Policía sitúa a la fuerza policial por encima de la autoridad civil y de los preceptos constitucionales, otorgándole facultades discrecionales para limitar y coaccionar el comportamiento social en todas sus dimensiones. Con  esta reforma se rompe con el principio de gradualidad de las funciones de policía, so pretexto de mejorar la seguridad, la convivencia y el orden público. En consecuencia, se concentra en la policía un poder propio de regímenes antidemocráticos,  delegándole incluso funciones judiciales,  que vulneran flagrantemente Derechos fundamentales como el Derecho a la protesta,  entre otros.

En Colombia, el Derecho a la protesta está sustentado en el Derecho a la libre expresión garantizado por el artículo 37 de la CP, que le otorga a la movilización el carácter de Derecho Fundamental conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es un mecanismo de participación política que debe ser protegido. La jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha reconocido que “[…] El derecho de reunión “ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos.”(C 179/1994). El Derecho a protestar y resistir se relaciona íntimamente con la realización de la democracia, el afianzamiento de la soberanía popular y el pluralismo. (T 571 de 2008)

Sin embargo, en el Código de Policía la movilización social pierde su carácter de Derecho Fundamental, desconociendo la definición de Colombia como Estado Social de Derecho, Democrático y pluralista y restringiendo otros derechos y principios fundamentales garantizados por la Constitución,  como el derecho a la libertad de expresión (artículo 20, CP) y el derecho a la libertad de asociación pacífica, criminalizando “ […] algunos de los actos propios del ejercicio de la movilización ciudadana […]  y restringiendo una de las bases de la democracia actual: el Derecho a disentir”

El Código de Policía deja al arbitrio de una autoridad acciones,  sin que medie solicitud expresa de intervención por parte de la misma ciudadanía o de una autoridad judicial,  que seguramente conducirán a la vulneración  de Derechos fundamentales. En un Estado históricamente represor como el colombiano, estas medidas, con certeza,  serán usadas para abusar de la autoridad y realizar acciones con motivaciones políticas y de persecución.

La implementación de estas normas, evidencia que la “voluntad” política del gobierno de Santos en favor de una paz para todas y todos, incluyendo  a los movimientos sociales y populares que nos oponemos al neoliberalismo y denunciamos la responsabilidad  del Estado en la guerra,  es frágil y retórica. Contrario a un espíritu de paz y reconciliación, se devela la intención del gobierno por recrudecer el control, las sanciones y la criminalización de las luchas y la movilización social que actualmente están en ascenso y se mantendrán durante un eventual periodo de pos acuerdos. El carácter represivo y punitivo del Nuevo Código de policía impactará  con mayor fuerza a las poblaciones excluidas social, política y culturalmente, que exigieron transformaciones democráticas para una paz con justicia social en la reciente Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Un Derecho fundamental y de carácter superior en una democracia, como la protesta, no debería ser restringido  por ninguna norma. Sin embargo, la doctrina de seguridad que tiene como ejes la lucha contrainsurgente y el silenciamiento de la oposición, la  ley de seguridad ciudadana, la existencia del ESMAD y de normas penales que criminalizan la movilización social y este Código de Policía, constituyen instrumentos de represión legal del Establecimiento, sumados a la represión paramilitar que sigue actuando en total impunidad y connivencia con la fuerza pública en varias regiones del país.

La limitación a los Derechos a la protesta y la movilización y las restricciones a las libertades fundamentales van en contravía de la construcción de Paz y la democratización del País que exige la sociedad y que se estarían acordando con las insurgencias. Pese a que en el Acuerdo sobre participación en la mesa de La Habana se habla de garantías para el ejercicio político de los movimientos sociales y políticos, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y el Estatuto de la Oposición, las normas que se vienen aprobando por parte del Congreso de la República – presentadas por el Gobierno Nacional – son abiertamente contrarias a estos propósitos y también cierran las puertas a un diálogo honesto y efectivo con el ELN que tiene como punto central, en la agenda bilateral pactada,  la participación de la sociedad. Participación social que para que sea eficaz (como lo planteó el presidente Santos) y vinculante (como lo reclama la sociedad), no puede estar limitada por normas que restringen la movilización y la protesta, derechos políticos  cuyo libre ejercicio es fundamental para garantizarla.

Desde las colombianas y colombianos que seguimos luchando dentro y fuera de Colombia por una Paz con cambios, desde las víctimas del conflicto armado y de un modelo de desarrollo excluyente que nos vimos forzados y forzadas a abandonar nuestra tierra…

¡Exigimos respeto a las libertades fundamentales y garantías para el ejercicio del Derecho a la protesta y a la participación, solo así construiremos una Paz estable y con Justicia Social!

*Fotografía: Simón Mateo Gómez vía Periferia