Luego de hacer las revisiones a los cambios planteados en ponencia presentada por el senador José David Name, más de 180 organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y distintos sectores de la sociedad civil colombiana, solicitamos a él, a la Comisión V del Senado de la República y al Ministerio de Agricultura retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley 003 de 2018 “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”.
Vemos con preocupación que en este proyecto se mantienen disposiciones que, junto con sectores de la academia y personalidades políticas expertas en temas de tierras, hemos criticado insistentemente desde el año 2017 cuando fue publicada la primera versión de este proyecto de ley. Su adopción traería graves efectos, ya que es una norma altamente regresiva en cuanto a los derechos que el Estado Colombiano debe garantizar a las comunidades rurales para acceder a las tierras en condiciones de dignidad, de acuerdo con los mandatos constitucionales.
Las modificaciones propuestas demuestran el continuismo entre el gobierno de Iván Duque y el de Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con las políticas para el sector agropecuario. Mantienen diferentes medidas que enfatizan el modelo acaparador de tierras con lo que agravará la ya extrema concentración de la propiedad rural. Buscan legalizar la prescripción de baldíos -prohibida constitucionalmente- avalando por completo la apropiación, venta y cesión ilegal de estos terrenos, haciendo imposible para el Estado su recuperación, y afectando los derechos, actividad y cultura del campesinado favoreciendo las actividades minero energéticas, de infraestructura, agroindustriales y de mercantilización de la biodiversidad.
Este proyecto desnaturaliza el propósito de la Reforma Rural Integral de promover la democratización de la tierra, permitiendo que los predios que hagan parte del Fondo de Tierras pactado en el Acuerdo de Paz puedan destinarse a las Zidres y a otros proyectos agroindustriales. No contiene ninguna medida para solucionar el problema de comunidades que habitan en zonas de protección ambiental, a quienes hoy se criminaliza y se pretende expulsar, desconociendo su ocupación tradicional y su capacidad y deseo de permanecer allí protegiendo el ambiente, y no establece ninguna medida para resolver las inequidades de género en materia de acceso a tierras, a crédito, a incentivos y en general las situaciones inequitativas en las que están las mujeres rurales.
Este proyecto se radicó sin culminar satisfactoriamente el proceso de Consulta Previa con comunidades indígenas y afrocolombianas, con las que no hubo acuerdo alguno, y por lo cual la Mesa Permanente de Concertación – MPC, interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión del trámite del proyecto y su retiro del Congreso. En su elaboración, desde el inicio, se han incumplido los acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, de establecer una ruta concertada para trabajar en la reforma de la Ley 160 de 1994, de manera participativa y consultada; y el logrado en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual se debe conformar una Comisión en el Congreso que, mediante un proceso amplio y participativo, estudie temas como la formalización de tierras y posibles modificaciones al régimen de baldíos.
Por las anteriores consideraciones, las organizaciones firmantes llamamos la atención de los congresistas, especialmente de quienes integran la Comisión V del Senado, así como del Ministerio de Agricultura, para que actúen en defensa del Campo.
Solicitamos también al pueblo colombiano que acompañe y se sume activamente a esta solicitud para evitar que se haga efectivo este proyecto de ley que pretende joder el campo y el medio ambiente, las condiciones de vida del campesinado y por ende, la mesa de cada familia del país.
#NoJodanElCampo
