El pasado 28 de mayo las comunidades de las veredas la Cumbre y Alto Lorenzo, en el corregimiento de la Carmelita en Puerto Asís, Putumayo, se declararon en Asamblea Permanente, ante el inicio de operaciones de erradicación forzada por parte de la fuerza pública en su territorio.

El día de hoy, 3 de junio, se presentaron confrontaciones con la fuerza pública. Según las denuncias de la comunidad, el Escuadron Móvil Antidisturbios, ESMAD, agredió indiscriminadamente a los manifestantes, dejando un número indeterminado de afectaciones.

Hasta el momento se conoce que fue herido el reconocido lider social DEOBALDO CRUZ, presidente de la JAC de esta vereda y dirigente de la Asociación Campesina de Puerto Asís, ASOCPUERTOASIS, quien por la gravedad de sus heridas fue trasladado a un centro médico donde continúa siendo atendido.

En este momento, se está a la espera de mayor información sobre otros heridos y la situación de la comunidad en la vereda la Cumbre.

Desde la Asociación Minga, rechazamos estos hechos que atentan contra el legítimo derecho a la movilización social, y profundiza la grave crisis de este territorio donde el Estado Colombiano no dá garantías a sus pobladores para iniciar un efectivo proceso de sustitución de cultivos de usos ilícito.

Ante estos hechos de violencia exigimos:

La presencia de la Defensoría del Pueblo y demás instituciones del Estado para que garanticen el derecho a la protesta pacífica y a los derechos fundamentales de las comunidades movilizadas.

Exigimos garantías de protección y seguridad para las familias y líderes (as) sociales que se encuentran en Asamblea Permanente.

Exigimos a las autoridades y fuerza pública dar a conocer los planes de contingencia establecidos por la Corte Constitucional en cumplimiento del auto 218 de 2006.

Denunciamos el uso de la violencia y las agresiones por parte del Esmad en contra de las comunidades movilizadas en Puerto Asís.

Demandamos de las autoridades a nivel nacional, departamental y local, abrir espacios de diálogo y concertación con las comunidades de los territorios en donde existen cultivos de uso ilícito, dando cumplimiento a los establecido en el Acuerdo de Paz y en los acuerdos firmados con las familias y comunidades.