Actualmente, Latinoamérica enfrenta un proceso de cambio político que promete transiciones hacia modelos más justos y democráticos, en medio de una profunda crisis económica, que ha venido poniendo en jaque las políticas de protección ambiental. En Colombia, el gobierno del Pacto Histórico, propuso en su plan de gobierno la construcción de una “economía sustentada con energía proveniente del sol, el agua y el viento, ordenando el territorio alrededor del agua, dejando de lado progresivamente la dependencia del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras y economías ilegales, así como de los modelos de producción agropecuaria que destruyen la naturaleza y reproducen la pobreza.
Realizando un proceso de desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. Prohibiendo la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, deteniendo los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. Cesando el otorgamiento de nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, y para la gran minería a cielo abierto. Y respetando las decisiones democráticas de las consultas populares.”
Estos planteamientos han traído tres tensiones principales, la primera refiere a la imposibilidad del gobierno de frenar de inmediato la exploración y explotación de hidrocarburos, la segunda es la prohibición de la minería a gran escala y paralelamente reconocer la necesaria demanda de minerales para la transición, dando continuidad a contratos sobre minerales estratégicos, y la tercera, está relacionada con la apertura de una lucha contra la crisis climática manteniendo la concepción de que el gas es una energía de Transición. El análisis de tales tensiones nos permitirá abordar algunas de las contradicciones y las posibles garantías dentro del proceso de diálogo ambiental y minero energético impulsado por el actual gobierno.
Estas tensiones estan atravesadas por la disputa de los actores que históricamente han participado en la construcción de un modelo económico extractivista y por quienes resisten y construyen procesos sustentables, justos y democráticos. A pesar del cambio de gobierno, el poder corporativo se mantiene, así como los poderes locales tradicionales y las presiones internacionales, por lo que la transición energética será un proceso de constante tensión entre intereses monopolistas y las acciones de cambio estructural.
Frente al proceso de disminución de la dependencia fósil en Colombia, el gobierno del Pacto Histórico ha avanzado en incrementar los impuestos a las exportaciones, trabaja por la prohibición del fracking, ha suspendido nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, en contravía del resto de países que han solicitado a las compañías aumentar la producción de crudo y propuso la prohibición de gran minería a cielo abierto de carbón.
En relación a la actividad de hidrocarburos el Ministerio de Minas y Energía si bien suspendió nuevas concesiones, mantendrá los contratos de exploración vigentes y firmados, cerca de 330 contratos suscritos, de los cuales 117 son de exploración y 147 de explotación, esperando que, al finalizar su consecución, la transición energética ya esté operando y permita una política planeada del fin de los combustibles fósiles en medio de una actividad petrolera que lleva años en declive.
Presentó proyecto de ley para prohibir el fracking, sin embargo sufrió la transformación negativa por congresistas de los partidos de oposición y de la misma coalición del Pacto Histórico, mediante cambios en el lenguaje técnico que permitiría la explotación de yacimientos no convencionales, un revés trascendental en el programa del nuevo gobierno que dejaría la agenda ambiental y de la transición energética sin fundamento alguno.
La crisis económica que atraviesa Latinoamérica tiende a implementar políticas que desregularizan la protección ambiental y sacrifican los valores ambientales, fortaleciendo el argumento perse sobre el crecimiento económico y su relación directa con la profundización del modelo extractivista. Precisamente las críticas adelantadas por el partido de derecha Centro Democrático al programa minero-energético del gobierno, aseguran un declive total en la producción y en las exportaciones de Colombia, para con ello, presionar la adjudicación de nuevos contratos de exploración que puedan financiar el gasto público.
«Frente al proceso de disminución de la dependencia fósil en Colombia, el gobierno del Pacto Histórico ha avanzado en incrementar los impuestos a las exportaciones, trabaja por la prohibición del fracking, ha suspendido nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, en contravía del resto de países que han solicitado a las compañías aumentar la producción de crudo y propuso la prohibición de gran minería a cielo abierto de carbón.»
En un primer análisis cabe recordar que las crisis energética, ecológica y civilizatoria se originan y sustentan en el relato que niega los procesos biológicos, reduce las interacciones de la naturaleza a dimensiones mecanicistas, justifica relaciones de dominación y entiende la energía como un recurso para el mercado, pasando por encima de los límites biofísicos del planeta y de la garantía de vida digna para la totalidad de la población global.
Desde esta posición es pertinente manifestar que la propuesta gubernamental de PND 2022-2026 no logra superar la mercantilización de la naturaleza, como lo demuestran las políticas sobre carbono neutralidad, pago por servicios ambientales, y la electrificación sin considerar de manera seria el decrecimiento, sin embargo, resulta interesante e importante la determinación de límites, como por ejemplo, la propuesta de prohibición de la explotación carbonífera a cielo abierto en el marco de un metabolismo social que repudia los límites y organiza la economía y la política con una racionalidad estrictamente contable donde sólo cobra importancia el Producto Interno Bruto, propone entonces un cambio que reconoce lo finito, los límites humanos y naturales y la importancia de asegurar la reproducción de la vida. A pesar de que el artículo ya fue eliminado del proyecto de PND precisamente por los intereses de las empresas, gremios, gamonales e incluso sindicatos, es una muestra de un cambio de perspectiva de la política.
En el marco de un modelo neoliberal y extractivista, la dependencia a la energía fósil muestra su más fuerte vínculo con la economía nacional, un gasto social dependiente de las exportaciones y réditos de la energía fósil que ya no tenemos, razón por la cual la lucha que han llevado históricamente las organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y que ahora también debe ser asumida por el gobierno tendrá que insistir y no retroceder en un proceso de disminución planeada de la producción y uso de energías fósiles, buscando procesos económicos que frenen de manera definitiva nuevas fronteras de extracción de hidrocarburos y carbón.
Este proceso está directamente relacionado, con la segunda tensión, vinculada a la puesta en marcha de nuevas energías que suplan la demanda energética y permitan transitar a una matriz justa que en voz de la Ministra Irene Vélez requiere de una alta demanda de minerales denominados “estratégicos”, cuya explotación ha venido siendo titulada a lo largo de los últimos 40 años, causando fuertes impactos ambientales y sociales como ha sido la mina de Cobre en el Carmen de Atrato, la de níquel en Córdoba o de Coltán en el Vichada.
Para el año 2021, la explotación de polimetales representó el 56% de la totalidad del aporte de la minería al PIB, la cual fue del 1.3%. Para el mismo año el gobierno Duque en su política de “diversificación” realizó cuatro rondas mineras de cobre, fosfatos, carbón y oro, y 15 ruedas de negocios de cobre, oro y metales, carbón y esmeraldas, dando como resultado 349 zonas con potencial reservadas y 16 áreas estratégicas mineras declaradas y delimitadas, igualmente, se declararon 46 proyectos de interés nacional ubicados principalmente en el Cesar, Boyacá y Cundinamarca.[1]
Tal panorama constituye un obstáculo para la propuesta del gobierno del Pacto Histórico en relación a la prohibición de la gran minería a cielo abierto, ordenar el territorio en relación al agua y garantizar las condiciones ecológicas que permitan la reproducción de la vida en los territorios; ya que, respetar estos acuerdos y contratos realizados bajo el mandato de Iván Duque implica la destrucción de zonas de vital importancia como la Amazonía, el Chocó biogeográfico y pone en duda el proceso de reconversión económica del Cesar y la Guajira, el cual parece mantenerse en la explotación minera.
Por último, el uso del gas como fuente en la diversificación de la matriz es presentado como un energético limpio, un “combustible de transición”. Así lo afirma la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros: “La razón fundamental que permite hablar del gas natural como fuente de energía limpia para un desarrollo sostenible, es que la evidencia empírica denota una estrecha relación entre la utilización de este recurso y la reducción en las emisiones de gas de efecto invernadero. Esto es alrededor de 30% inferior a las producidas por el petróleo y 42% menores si se compara con el carbón”.
La decisión del uso de gas, es decir, la política gasífera, ha sido punto de tensión, debate y oposición a la política de transición energética del Presidente Petro. Lo que se ha evidenciado por ejemplo tras el anunció de descubrimiento del “pozo gasífero Uchuva 1 por parte de la empresa estatal Ecopetrol, a 76 kilómetros de las costas de Santa Marta. Estimaciones prevén reservas significativas que serían del tamaño de lo que en su momento significó Cusiana en Casanare, uno de los yacimientos petroleros más grandes descubiertos por prospecciones en el país hace 30 años.” (sputniknews, 2022), realizado por el expresidente Duque.
Afirmar que el gas es un combustible menos contaminante es una verdad a medias. Si se quema produce menos emisiones de CO2 que el petróleo y el carbón, al igual que si se usa para reemplazar centrales térmicas de carbón o motores de gasolina. Lo que se deja de lado es que el metano, principal componente del gas natural que se extrae de los yacimientos, es casi 80 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero [2] (Myhre et al., 2013) cuando se libera directamente, sin quemar a la atmósfera, una condición usual en la industria petrolera tanto en operaciones de ‘venteoʼ, como las inherentes al proceso extractivo (fugas por mal funcionamiento de los equipos). Según la Universidad de Colorado, la industria petrolera estadounidense emite trece millones de toneladas métricas anuales de metano (Zhang et al., 2020). El impacto climático de estas fugas en 2015 fue similar al de las emisiones de CO2 de todas las centrales eléctricas de carbón que operaron en ese país el mismo año. Así, los beneficios de la transición a gas natural en el sector de la energía eléctrica o el transporte desaparecen totalmente.
El recuento realizado sobre el panorama energético camina de manera paralela a la agenda propuesta por el gobierno del Pacto Histórico para la transición energética justa, la cual se soporta en cuatro principios: la equidad; gradualidad, soberanía y la confiabilidad; así mismo hace determinante la participación social vinculante; y el conocimiento. Este diálogo transversal y fundante de la política energética requiere de garantías que nacen precisamente de las tensiones aquí mencionadas, y que al mismo tiempo se convierten en mínimos para avanzar en una política acorde a la democratización de la energía, la soberanía y la protección ambiental.
«Afirmar que el gas es un combustible menos contaminante es una verdad a medias. Si se quema produce menos emisiones de CO2 que el petróleo y el carbón, al igual que si se usa para reemplazar centrales térmicas de carbón o motores de gasolina. Lo que se deja de lado es que el metano, principal componente del gas natural que se extrae de los yacimientos, es casi 80 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero»
Así pues, consideramos que mantener la decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos es una primera garantía del diálogo, que se acompañe con las propuestas de la creación de un fondo de transición energética sufragado por una sobretasa a la explotación de bienes naturales no renovables, la eliminación de subsidios estatales al sector petrolero, impuestos a las ganancias ocasionales por los altos precios del petróleo, usados para la financiación de capacidades integrales de generación local de energía con fuentes renovables, de gestión público-comunitarias y diversificación de la economía , entre otras como el mejoramiento de las condiciones contractuales, el fortalecimiento de otros mecanismos de recaudo progresivo y garantías del proceso de cierre.[3]
En relación a los contratos sobre minerales para la transición, se debe garantizar la revisión de viabilidad bajo premisas de justicia social, ambiental e impactos al territorio, re-valorando incluso proyectos de interés nacional, como los procesos de exploración y explotación de pórfido cuprífero en zonas de la andinoamazonía y del chocó biogeográfico, así mismo la revisión de la política minera de explotación de cobre como propuesta de reconversión económica de la Guajira y el Cesar. Lo anterior basado en un análisis juicioso de la demanda nacional en el marco de una política de soberanía energética y cooperación latinoamericana.
Así mismo, el análisis del gas y el hidrógeno gris, uno de sus derivados, como parte de la matriz energética tendrán que ser parte de la estrategia de disminución de dependencia fósil, alejándose definitivamente de la tesis que lo considera como una energía de transición.
Por último la participación ciudadana disputará en el proceso de diálogo la definición, apoyo y garantías de las comunidades como sujetos políticos de la transición energética, las nuevas formas en los procesos de concesión, procesos de participación eficaz con poder de decisión en todas las fases y actuaciones de la actividad minera , cambios en las estrategias de relacionamiento territorial de la Agencia Nacional Minera ANM y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, que den cumplimiento a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y participación comunitaria, construcción de una política pública de Transición energética, justa y democrática que dé cuenta de los límites planetarios, el derecho a la energía, la justicia socio-ambiental, la participación real de las mujeres, garantías de derechos humanos para la defensa de la naturaleza y la responsabilidad de las empresas en materia ambiental y social.
El diálogo siempre será la mejor estrategia política, sin embargo en un proceso de crisis económica y el extenso tiempo que será necesario para la transición energética, las garantías del diálogo definirán el sentido del cambio, es decir si se transita a un proceso comunitario, democrático, soberano y con energías renovables o a un proceso corporativo, extractivista, colonial y bajo el monopolio de las energías fósiles, con mayor diversificación de la matriz energética que simplemente incluya energías alternativas, en medio de la única certeza: la transición energética va o va, entonces será nuestra tarea definir cuál transición se construirá.
Para ello es imprescindible comprender que la superación de injusticias y exclusiones históricas en el sector ambiental y minero energético, implica una profunda transformación que, si bien demanda una reorganización de la producción y distribución de la energía, debe partir de una reflexión y reorientación de las formas clásicas y hegemónicas de comprender la política.
[1]Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio cultural y la gestión participativa de la demanda. 2022.
