¿Cuál es la visión de desarrollo que el actual gobierno nacional busca implementar en el Putumayo? A pesar de lo ambigua, simple, o retórica que pueda sonar la pregunta, la misma ofrece una variedad de entradas y abre otros cuestionamientos sobre temas que a simple vista no parecen tan evidentes. 

Uno de los territorios de la geografía colombiana que desde MINGA consideramos de relevancia es el Putumayo, razón por la que  acompañamos sus procesos sociales desde hace más de 10 años. Es por ello, y por las perspectivas de paz que se juegan en el contexto actual, que resulta conveniente indagar sobre algunos de los efectos que la implementación y proyección del nuevo Plan Nacional de Desarrollo -PND- tienen para el departamento; informar a las organizaciones comunitarias con las que trabajamos, y advertir a la ciudadanía de las consecuencias que tendría la implementación de las apuestas económicas del gobierno actual sobre este departamento  insertas en tal Plan.

La visión estratégica del gobierno nacional sobre el desarrollo del departamento está plasmada en los documentos que constituyen el actual PND aprobado para el presente periodo de gobierno. Dicho Plan está presentado con la siguiente frase: “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación”. De entrada, la frase contiene elementos que permiten pensar un abanico de posibilidades donde diversos sectores académicos, políticos e ideológicos pueden suponer y hacerse a la idea de que van a darse cambios sustanciales. Y si bien esa frase puede generar escepticismo en algunos sectores, lo cierto es que al menos con la ubicación de estos tres conceptos dentro del contenido sustancial del PND, el gobierno ha reconocido implícitamente el hecho de que en Colombia hay asuntos por resolver en los ámbitos de la paz, la equidad y la educación.

De manera general, el PND vigente propone los siguientes objetivos centrales para el Putumayo: en primer lugar, conservar el patrimonio ambiental; en segundo lugar, desarrollar el sector agropecuario y rural; y en tercer lugar, garantizar el acceso de los habitantes de la región a sus derechos fundamentales. Hay que decir que los tres objetivos propuestos resultan pertinentes y coherentes con las problemáticas del departamento; sin embargo, resulta paradójico y contradictorio cuando se miran y comparan estos objetivos con las acciones, metas y expectativas reales que se plantea el gobierno en el departamento.

¿Por qué resulta contradictorio? Por la simple razón de que con el PND se insiste en colocar dentro de sus metas al Putumayo como un departamento enfocado casi exclusivamente en la explotación de hidrocarburos y minería en la región, profundizando la inversión extranjera en este sector económico. Es una contradicción dentro del PND, que los objetivos para el departamento sean conservar el medio ambiente, desarrollar el sector agropecuario y garantizar los derechos fundamentales, cuando precisamente las expectativas y acciones de dicho Plan, apuntan a fortalecer e intensificar la política extractiva y la economía del despojo inmersa tras los grandes proyectos petroleros y mineros.

Lo grave y contradictorio de que esto suceda, es que la dinámica e intensidad de ésta actividad  económica lo que hace precisamente en los territorios es desequilibrar los ecosistemas, afectar los suelos, las aguas, y con ello alterar la economía agrícola local. Y en el plano social, hay que recordar el hecho de que la llegada poco concertada de las grandes empresas trasnacionales a los territorios, reconocidos en muchos casos bajo figuras como Resguardos indígenas, Zonas de Reserva Campesina, Zonas protegidas, o Consejos Comunitarios, lo que hace es intensificar y reavivar los profundos e históricos conflictos sociales presentes en los territorios.

En ese sentido, se puede inferir que detrás de los conceptos de “desarrollo sostenible” y  “crecimiento verde” que plantea el gobierno en el PND, existe una visión de desarrollo sobre el Putumayo que está encarrilada únicamente sobre el crecimiento económico, medido a partir de los aportes que el departamento hace al PIB nacional. En otras palabras, existe una visión funcional sobre los recursos naturales del departamento para alimentar los recursos del Estado a través de la renta petrolera y el potencial minero. Lo cuestionable de lo anterior no es únicamente la explotación de los recursos y sus impactos socioambientales, sino el uso, distribución y manejo de los mismos, ya que de las ganancias y utilidades que se obtienen de la dinámica extractiva es muy poco lo que se devuelve en inversión y gasto social al departamento y a su población.

Como síntesis, podemos afirmar que para el actual gobierno el desarrollo para el Putumayo contemplado en el PND consiste en tres asuntos: mantener los niveles de producción de hidrocarburos (la producción del departamento se estima en 109.000 barriles de petróleo diarios), proyectar su potencial minero, y aprovechar la posición geopolítica del departamento para amarrarlo al circuito global de exportaciones de mercancías. Esta visión del desarrollo del Putumayo plasmada en el PND no constituye ni asegura en ningún sentido que los habitantes puedan percibir mejoras reales en sus condiciones de vida, ni tampoco que los territorios mantengan su equilibrio ambiental y armonía con las formas de vida que allí existen.

Resulta entonces infortunado y trágico que con la situación que se vive en el Putumayo se valide la tesis de algunos académicos como Jürgen Schuldt, quien sostiene que la existencia de importantes cantidades de recursos naturales en zonas periféricas se convierte en su peor tragedia: “son regiones pobres porque son ricas en recursos naturales”. Igual que en la canción “La maldición de Malinche”.

Las realidades del Putumayo constituyen entonces un referente objetivo para hacer una reflexión seria y profunda sobre el desarrollo y la paz en Colombia, ya que allí se confrontan dos visiones distintas. Puede asumirse esta región en la perspectiva de la protección y recuperación de la Amazonía colombiana, donde existe gran parte del incalculable patrimonio ecológico y cultural del mundo, base para un plan de sobrevivencia y convivencia de sus pueblos. O puede entenderse en el modelo extractivo también, como una de las salidas de recursos naturales para el mercado de las empresas transnacionales y el sistema financiero.

Queda entonces abierto el cuestionamiento sobre los tres grandes pilares propuestos por el gobierno y su implementación en el Putumayo. Para ello habría que advertir a los expertos y técnicos en planeación del gobierno, de los riesgos y sinsentidos que tiene reducir la comprensión de la paz a las garantías de seguridad para la estabilidad de los negocios petroleros. De igual manera, habría que dar una discusión profunda e incluyente con los habitantes del departamento sobre las implicaciones que tiene hablar de equidad en una región tan olvidada, estigmatizada y excluida; como que matizar el alcance real de la política educativa del actual gobierno para no generar falsas expectativas en el departamento. Por ejemplo, vale la pena tener en cuenta que sólo el  0.13% de beneficiarios del programa “ser pilo paga” son del Putumayo.

Aquí presentación sobre el plan nacional de desarrollo y sus consecuencias en el Putumayo