Para la Asociación MINGA, discutir y problematizar el contenido del actual Plan Nacional de Desarrollo –PND- resulta apropiado y necesario, en tanto vemos con preocupación que muchas de las expectativas, demandas y exigencias de los sectores sociales que acompañamos en las diferentes regiones del país, se alejan, e incluso parecen contraponerse a la visión y proyección que el gobierno actual dispone sobre los territorios.
Es por ello que los elementos de fondo contenidos en esta política nacional le plantean nuevos retos a las luchas, exigencias y reivindicaciones de los sectores sociales que luchan por la construcción de la paz con justicia social en Colombia.
El plan nacional de desarrollo 2014 – 2018 “todos por un nuevo país”, contiene la hoja de ruta del segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia para organizar y tratar de cumplir los propósitos y metas que su gabinete trazó para este cuatrenio. Sin embargo, la implementación y aprobación de este plan por medio de la ley 1753 del 2015 ha suscitado críticas, comentarios y opiniones adversas desde sectores sociales, académicos y políticos en términos de sus alcances, consecuencias y las formas de implementación de dicho plan en los territorios y regiones de Colombia.
En términos muy generales, los documentos del Plan Nacional de Desarrollo tienden a reafirmar la idea de que dicha política estará soportada y movida bajo tres pilares fundamentales: la paz, la equidad y la educación. Sin embargo, a pesar de lo necesario y convincente que ello pueda sonar y verse en el articulado, y de la pertinencia que estos ejes puedan tener de cara al contexto social y político que vive el país; saltan a la vista elementos de fondo que hacen dudar de la verdadera capacidad, alcance y consistencia que tenga la consecución de estos tres pilares bajo las acciones y metas que se traza el gobierno. Por ello, a continuación se van a mencionar cinco cuestiones que resultan objeto de debate y de críticas que permiten matizar la consecución integral de estos tres pilares.
El desarrollo económico es una dimensión del desarrollo, no la única.
La concepción de desarrollo que se maneja a lo largo del PND, tiende a construir indicadores, a fijar metas y a establecer objetivos que amarran dicho concepto a una dimensión eminentemente económica. Esta noción soportada bajo el supuesto de que a mayores ingresos se va a reducir la pobreza, va a aumentar el empleo y va a disminuir la desigualdad; pero en la realidad, se puede constatar que la redistribución del ingreso, la generación de empleo y la disminución de las brechas y desequilibrios entre sectores sociales no son metas realizables bajo los mecanismos del plan vigente.
Hablar de sostenibilidad ambiental, de mantener los niveles de extracción de hidrocarburos, de aprovechar el potencial minero y de elevar la productividad agrícola, resulta imposible y contradictorio.
A lo largo del PND, se pueden ubicar apuestas territoriales que pretenden realizar sobre un mismo espacio geográfico, una o las cuatro actividades anteriormente referidas. En ese sentido, se desconoce que en varios territorios del país para dar viabilidad a la sostenibilidad ambiental es necesario frenar la extracción de hidrocarburos, detener las actividades mineras y redefinir la vocación y el uso del suelo. En Colombia hay lugares donde son realizables dos, o incluso las cuatro acciones referidas; por tanto resulta imposible sostener que dichas acciones puedan realizarse sobre un mismo espacio, en tanto una práctica excluye e impide la realización de la(s) otra(s).
¿Existe en el PND una verdadera articulación o integración regional?
La definición de las seis regiones contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo resulta ser una iniciativa novedosa y pertinente para construir formas de relacionamiento entre los diversos niveles de organización política del ordenamiento territorial vigente. Sin embargo es muy poco clara la estrategia de integración y articulación entre las regiones. Para cada región se fijan unas metas y se establecen unas acciones, pero no existe una dinámica de empalme entre cada una de las regiones y ello termina siendo grave e inapropiado, dado que profundiza los desequilibrios regionales y concentra los flujos de capital, inversión e infraestructura en unos lugares, y no permite avanzar en la construcción de un proyecto de nación que integre y articule a las regiones como país.
¿Cuál es la capacidad real del Estado colombiano de implementar lo que se propone frente al contexto económico internacional?
El descenso del precio internacional del petróleo en el último año le ha caído como un balde de agua fría al gobierno actual. El hecho de que gran parte de las cuentas y expectativas del presupuesto nacional se hicieran en un momento en el que el precio del barril de petróleo rondaba los 95 dólares, y en la actualidad el precio del barril oscila sobre los 42 dólares. Ésta situación ha desatado una crisis importante en términos de la capacidad del Estado para realizar su gestión de inversión fiscal, ya que el balance entre ingresos y gastos ha sido abruptamente alterado por el tema petrolero. Una de las principales consecuencias de depender económicamente del petróleo ha sido la devaluación del peso colombiano en más de un 56% con respecto al dólar estadounidense. Además de la pérdida de valor de la moneda local con respecto al dólar, se ha generado un aumento en la inflación, incidiendo negativamente en el plano macroeconómico y en el costo de vida de los colombianos.
¿Cuál es la concepción que el Estado Colombiano tiene sobre el desarrollo en el PND y sus consecuencias sobre los territorios?
Es lógico estar de acuerdo con el actual gobierno nacional cuando afirma que el desarrollo en Colombia se alcanza siempre y cuando se construya una sociedad y un país educado, equitativo y en paz. Sin embargo, es difícil compartir la manera como concibe el desarrollo, y amarrado a esa concepción, se instrumentaliza la visión de la paz, de la equidad y la educación. Por ejemplo, se puede inferir que hay una lectura “amañada” de la paz, en tanto en diversos apartados de los documentos del plan nacional vigente se entiende la paz como un escenario de posibilidad para el aumento de la inversión, y con ello la emergencia de unas garantías de seguridad para la infraestructura. En esa lógica, se plantea en el PND una relación lineal entre el crecimiento económico, el desarrollo y la paz; y resulta desafortunada e inapropiada una visión tan limitada sobre un problema tan complejo como es la paz en Colombia.
Lo mismo sucede con las concepciones que se tienen sobre la equidad y la educación, pues a lo largo del articulado y los documentos que constituyen el Plan Nacional de Desarrollo, no existe una política o una estrategia fiscal que se proponga la disminución de las crecientes brechas de ingresos entre los colombianos, tampoco se plantea una política fiscal seria y progresiva, y mucho menos se proyecta impulsar un desarrollo económico que promueva la industrialización del país, o fortalezca a la producción campesina o defienda los ecosistemas. El PND presupone todo lo contrario.
Respecto a la educación en Colombia, basta con mirar los bajos registros de calificación del país en pruebas internacionales como la PISA, o revisar el estado de cosas vigente en el sistema de educación superior de las universidades públicas de Colombia, o considerar las recientes quejas de algunos investigadores de Colciencias sobre la disminución a su presupuesto, para darnos cuenta de que la educación no deja de ser un elemento retórico y de maquillaje del actual Plan Nacional de Desarrollo.
Las cinco cuestiones aquí planteadas tienen la intención de aportar una entrada que permita ambientar el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo actual. Lo que se plantea estratégicamente en estos documentos no es cualquier cosa, y por el momento político que vive el país, resulta fundamental abrir discusiones sobre temas que están necesariamente relacionados como lo son la paz, el desarrollo, el extractivismo, el uso del suelo, y el uso de los recursos naturales.
La Asociación MINGA considera conveniente y oportuno que en las regiones y en los territorios, los procesos sociales, las organizaciones y las comunidades tengan no sólo el derecho a informarse y de estar al tanto de las políticas a implementar para este periodo de gobierno, sino que también estén en la capacidad y la posibilidad de proponer, cuestionar y construir alternativas a un Plan Nacional de Desarrollo que puede ser demandado, replanteado y apropiado desde los sectores sociales, en tanto las visiones que están registradas en el plan de gobierno actual sobre la paz, la equidad y la educación, seguramente se habrán de dotar de otro sentido y contenido si se toma en consideración las expectativas, propuestas y visiones de los sectores sociales sobre lo que es un país educado, equitativo y en paz.
