Compartimos el articulo de la revista Semana, sobre el llamado urgente que hace la comunidad internacional para detener los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos, que han aumentado recientemente y ponen en peligro la construcción de la paz en nuestro país.
En Colombia cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos y cada dos días uno es amenazado. El asunto es tan grave que la comunidad internacional está diseñando una iniciativa sin precedentes en el país. Un grupo de embajadores, encabezados por Lars Vaagen, de Noruega, y Carmen Sylvain, de Canadá, junto a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU han decidido ‘abrazar’ a muchos de estos líderes con su labor diplomática.
Se trata, primero que todo, de hacer visibles las amenazas y agresiones que ellos están sufriendo. Para los embajadores es inaudito que tengan tan poca difusión estos casos que afectan gravemente las libertades en muchas regiones. En segundo lugar, la idea es enviar un mensaje de protección que vaya más allá de que los líderes tengan escoltas. Los embajadores quieren que las fuerzas oscuras sepan que ellos no están solos y que por lo menos un significativo grupo de países europeos hará toda la presión necesaria para detener esta ola de violencia. Y en tercer lugar, evitar la impunidad en la que están, tanto los asesinatos como las amenazas. Para ello harán seguimiento detallado a casos que han ocurrido en los últimos meses.
La iniciativa de los embajadores surge cuando se acerca la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, y es inminente la implementación de lo pactado. Un clima de zozobra como el que se vive en algunos lugares del país conspira contra el objetivo de erradicar la violencia política. Las cifras son escandalosas. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el año pasado creció el número de defensores asesinados. Mientras que en 2012 se presentaron 37 casos, el año pasado hubo 63 muertos y 251 amenazados. Este año van 18 líderes muertos.
Un caso particularmente grave es el de los movimientos políticos de izquierda Unión Patriótica y Marcha Patriótica. Sus dirigentes han denunciado desde hace meses el aumento de amenazas, agresiones físicas y muerte de sus miembros. De hecho, el tema ha llegado a La Habana justo cuando se están discutiendo las garantías de seguridad y de no repetición, que hacen parte del punto tres que se cerrará en pocos días.
Todd Howland, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo a SEMANA: “Creemos que las autoridades deben investigar estos hechos, entender en qué contexto ocurren y hacer un estudio profundo, entre otros, para determinar si hay o no un ‘programa centralizado’ para atentar o matar a estas personas”. Y una de las mayores preocupaciones es la impunidad que reina en todos los casos.
El episodio más reciente le ocurrió a la líder de la UP Imelda Daza, quien, luego de vivir 26 años exiliada en Suecia, regresó al país convencida de que había un ambiente diferente para hacer política. De hecho, participó el año pasado en la contienda electoral por la Gobernación de Cesar, su departamento. Pero el pasado 6 de mayo un hombre armado hizo varios disparos contra una sede sindical donde ella se encontraba reunida con varios grupos de izquierda en Cartagena. “Ni a mí, ni a mis escoltas, ni al escolta que resultó herido nos ha contactado alguna autoridad para preguntarnos qué pasó. Por el contrario, están investigando el hecho como un hurto. Me temo que las condiciones se están dando para un nuevo exterminio”. Daza y otros observadores cuestionan que la Fiscalía se haya casado con la tesis de que se trataba de un asalto, y no esté explorando otras posibilidades.
Otro caso que despertó indignación nacional fue el de Klaus Zapata, un joven de 21 años que militaba en Juventud Comunista, Marcha Patriótica y Unión Patriótica. Estudiaba comunicación social y en su trabajo diario hizo denuncias sobre el microtráfico y la extracción minera en Soacha, Cundinamarca. El 6 de marzo lo asesinaron mientras jugaba fútbol. La Fiscalía se inclina por la tesis de que la muerte ocurrió de manera fortuita durante una riña en el juego.
La situación no es diferente para Marcha Patriótica, un movimiento político-social nacido el 20 de julio de 2010, que también ha padecido constantes amenazas y muertes en las zonas del país donde trabaja. Según este grupo, 113 de sus líderes sociales, campesinos y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados desde 2011, muchos de ellos también militantes de la Unión Patriótica.
En la lista de Marcha Patriótica se observa que, en promedio, 30 de sus miembros son asesinados por año. En 2016 van nueve, algunos de los cuales no están incluidos en la base de datos que lleva la ONU en Colombia. David Flórez, vocero de este movimiento, cree que la situación se agrava porque “la Fiscalía no está investigando los casos en conjunto sino de manera aislada, lo que hace que muchas hipótesis sean por hurto, peleas pasionales o riñas. Además, las investigaciones no avanzan”. En la Unión Patriótica sienten que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Aída Avella, su presidenta, dijo a SEMANA que “somos un partido de oposición, pero creemos en los acuerdos de paz, hacemos pedagogía de paz y no tenemos garantías para hacer nuestro trabajo”.
La sucesión de asesinatos de este año llevó a que la Unión Europea hiciera en marzo un llamado a las autoridades colombianas para manifestarles su preocupación por este tema y pedir que las autoridades esclarezcan los crímenes y lleven a los responsables ante la justicia. Al respecto, Guillermo Rivera, viceministro del Interior, reconoció que “en los primeros tres meses de este año sí se registró un aumento comparado con el año anterior, lo que nos llevó a hacer un seguimiento a todos los casos y ya hay una decisión desde la Fiscalía de priorizarlos”.
El Ministerio del Interior tiene dos grupos de trabajo. Uno estratégico, a cargo del propio titular Juan Fernando Cristo, y otro operativo, liderado por el viceministro Guillermo Rivera. Estos grupos trabajan articulados con la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos para prevenir e investigar estos casos. Para que apenas se presente una amenaza se tomen medidas radicales que eviten que maten a la gente. Por ejemplo, analizan los panfletos electrónicos para identificar de dónde provienen. Porque solo encontrando la fuente de esta violencia se puede evitar que se siga propagando.
Para el ministerio no es claro que este tipo de muertes se den de manera sistémica, o que sigan patrones contra la Marcha Patriótica y la UP. Las autoridades solo han logrado establecer que los autores de muchos de estos crímenes están ligados a mafias locales, y han observado que está creciendo la presión contra los líderes ambientalistas. También, que hay regiones, como el Pacífico y Antioquia, donde se concentran los mayores riesgos. Algunos de los factores tienen que ver con el contexto de minería ilegal o restitución de tierras, y la presencia de bandas criminales a las que se les atribuye la mayor parte de los crímenes. Y en estas regiones en conflicto los embajadores empezarán su tarea de acompañamiento y cabildeo.
