Quienes suscribimos esta comunicación, recibimos con beneplácito la carta que 79 congresistas estadounidenses le dirigieron al Secretario de EE.UU., Mike Pompeo, para que inste al presidente Iván Duque a cumplir con el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano, para que respete a la JEP y frene la ola de ataques contra personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos. También saludamos la editorial del New York Times del pasado viernes donde evidencia la actitud deliberada y negligente del gobierno colombiano para no avanzar con el proceso de paz.
Ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en un pronunciamiento del 16 de abril, advirtió que el proceso de paz se encontraba en una etapa crítica, con mínimos avances y cuya implementación estaba siendo obstaculizada por la burocracia y decisiones administrativas, además de la permanente búsqueda de reformar el contenido del Acuerdo de Paz por parte del mismo gobierno. A estos esfuerzos internacionales por rodear la paz, se suma la reciente carta de los movimientos de colombianos y colombianas exiliados, quienes en términos similares le exigen al Presidente Duque cumplir la palabra del Estado colombiano con la negociación de paz.
Sin embargo, contrasta con estas y otras manifestaciones de apoyo y solidaridad internacional a la búsqueda de la paz en Colombia, el reciente comunicado del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien totalmente alejado de la realidad, pondera al presidente Iván Duque como un adalid de la paz nacional que “ha hecho todos los esfuerzos necesarios para adelantarla, pero no es fácil”. Este pronunciamiento es una afrenta al pueblo colombiano, pues todo lo contrario, el gobierno del Presidente Iván Duque y los sectores de derecha que lo apoyan a diario adelantan acciones para vulnerar la Constitución Nacional y el Estado Social de Derecho, constituyéndose en un uso arbitrario del poder para la defensa de intereses particulares por encima de la paz como bien común y política de estado, y afectar la implementación del Acuerdo de Paz, mediante la des financiación, la desinstitucionalización e intentos por modificar su esencia.
Diversos organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil de Colombia y el mundo, al evidenciar la crítica situación humanitaria que atravesamos los colombianos, han expresado de forma imparcial su preocupación por el incremento de la violencia en contra de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación y familiares y comunidades en territorios rurales. En particular aquellas que lideran la defensa de la tierra, el territorio, el ambiente sano, los derechos de las víctimas, constructoras de paz en sus comunidades e impulsoras del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS. Hace cuatro días, precisamente, recibimos la noticia del homicidio de tres defensores de derechos humanos vinculados al PNIS, que hacían parte de la Asociación Campesina de Sur de Córdoba y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, en el Municipio de San José de Uré, uno de los municipios escogidos por el gobierno anterior para ser protegido de maneras especial.
Concuerda con este contexto, la afirmación del CICR relacionada con el retorno de crisis humanitaria en muchas regiones del país, lo que había sido superado entre el año 2016 y 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz. Ante estas críticas situaciones, el gobierno sólo ha propuesto el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, PAO, sin que hasta el momento tenga resultados, y desconoce las rutas sobre garantías que quedaron diseñadas en los Acuerdos de Paz. En consecuencia, un pronunciamiento como el del Secretario de la OEA, es indignante y una afrenta contra el pueblo colombiano.
Por tanto, ante los intentos por socavar los pilares fundamentales del Acuerdo de Paz, negar la posibilidad de negociar la salida política con el ELN, frenar la persecución sistemática contra el liderazgo social y personas defensoras de los derechos humanos en el país y la pretensión de imponer un modelo totalitario y autoritario, reiteramos el llamado a la comunidad nacional e internacional y a los demócratas del mundo, a que nos acompañen para exigir con más fuerza al gobierno colombiano reconsiderar su política regresiva y avanzar en el camino trazado hacia la búsqueda de terminar con la violencia en Colombia y reconciliación nacional.
Colombia, 28 de mayo de 2019
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