Vaya democracia la nuestra. Mientras el gobierno del presidente Santos, interpretando el sentimiento nacional de paz, se lanza a buscar una salida negociada al conflicto armado, el Procurador General Alejandro Ordóñez se pone como palo en la rueda de dicho proceso con todas sus actuaciones, aprovechándose de su cargo público; inclusive, enfrenta al Fiscal General apropiándose de la bandera tradicional de la izquierda acerca de la impunidad. Mientras los sectores sociales y populares se manifiestan por la paz en menos de un mes de una manera contundente, como fueron la marcha del 9 de abril, el Congreso para la Paz y el Foro sobre participación política, el Procurador General con sus intencionados procedimientos envía mensajes claros: aquí la oposición, esa que ya no se pudo liquidar físicamente, no la tiene fácil para acceder al poder y gobernar.
Como lo hemos visto en repetidas ocasiones, el señor Ordóñez ha extralimitado sus funciones constitucionales para hacer proselitismo a favor de sus concepciones religiosas e ideológicas, ultraconservadoras y homofóbicas, desconocedoras de la libertad sexual y de los derechos reproductivos de las mujeres. Con igual propósito, este personaje designado por acuerdos burocráticos, ha abusado de su papel para hacer persecución en contra de funcionarios elegidos popularmente, especialmente cuando no son afines a su pensamiento fascista, -como ha sido señalado en varios medios por estos días.
Porque todo parece indicar que el Procurador está empeñado en sacar del camino político al alcalde Gustavo Petro, como ya lo hizo en los casos de la exsenadora Piedad Córdoba y el secretario de gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla. El significado es contundente con estos golpes institucionales: en este país solo pueden hacer política y acceder a los cargos públicos y de gobernabilidad, los representantes de la extrema derecha, con quienes está confabulado el señor Ordóñez. Muestra de ello es el hecho de que la Procuradora de la Función Pública que hizo los informes preventivos en la investigación contra el alcalde Gustavo Petro, es Tatiana Londoño, hija de su partidario Fernando Londoño Hoyos, reconocido detractor del Alcalde Mayor y adulador de las ideas de Carlos Castaño.
El mensaje para el contexto de paz que se está construyendo es negativo: no les espera un camino de rosas en la arena política a los guerrilleros reincorporados que aspiran a continuar impulsando su proyecto de país en la vida pública; mentes retardatarias quieren reimplantar el modelo excluyente del no bien rememorado Frente Nacional. No se puede olvidar que Gustavo Petro es hijo de un proceso de solución política que confluyó en la Constitución del 91, y como tal asumió las reglas de juego del establecimiento; y desde entonces, todas las dignidades que ha tenido son producto de la decisión soberana del pueblo. En lo que el Procurador y sus correligionarios quieren persistir, es en su intolerancia con políticas distintas a las de la extrema derecha, que no contenta con el exterminio físico de miles de colombianos de izquierda, en el marco de la guerra sucia, ahora pretenden impedir su libre ejercicio de cargos públicos y elección popular.
Por tales razones, son muy oportunas las propuestas que surgieron en los eventos del Congreso para la Paz y el Foro sobre la participación política, al cuestionar el régimen centralista y señalar los déficits de democracia en muchos terrenos de la vida nacional, para sustentar la necesidad –en el tema que tratamos- de que todos los cargos de los organismos de control sean definidos a través de la elección popular, y no por las maquinarias de quienes pretenden mantener el país bajo el absolutismo.
¿Qué procura el procurador? PDF
Asociación Para la Promoción Social Alternativa MINGA
Bogotá, Mayo 14 de 2013.