La realización del Encuentro Nacional Minero Energético en este tiempo, ha sido políticamente oportuno. El contexto está marcando el derrotero que debe seguir el proceso de articulación iniciado hace tres años con la creación de RECLAME y que ha pasado por otro momento importante como fue el Congreso de Tierras Territorios y Soberanías. Y es que varias situaciones se juntan ahora: para comenzar, el acelere de la locomotora, con los anuncios del gobierno de abrir una nueva feria de títulos mineros –quiere decir, de territorios-; la adecuación de normas que facilitan su movimiento, como el decreto que prohíbe a los municipios definir sobre la explotación minera en su jurisdicción; y la criminalización de los conflictos mineros, como está sucediendo en los casos de Hidroituango, el Quimbo y los pequeños mineros.
Prosperan también importantes escenarios de integración social, aligerados ahora por la disputa entre las perspectivas de paz que la coyuntura ha puesto en juego. Estas dinámicas empujan también las acciones conjuntas de una diversidad de contradictores que se cruzan en la problemática minera y energética. Y ocurre en estos soles, que desde varias instancias salen pronunciamientos que evidencian la crisis de la política planteada para el sector: el informe de la Contraloría General advirtiendo que el país corre grandes riesgos con el actual modelo minero, las denuncias de la DIAN sobre los fraudes de las Empresas a la nación, y el reconocimiento por parte de funcionarios del Ministerio de Minas sobre la incapacidad que tiene el Estado para controlar las tasas de producción minera y energética, sobre las cuales se hace el cobro de regalías. El presidente Santos explicó a propósito de esto, que el gobierno confía en la buena fe de las empresas; lo que no hace con las protestas de las comunidades, las que señala siempre como infiltradas por la subversión y, en consecuencia, les da tratamiento militar.
En correspondencia con ese escenario, el Encuentro Minero-Energético avanza en la cualificación de los acuerdos que han permitido hasta ahora la coordinación de las acciones, pensándose más en lo propositivo que en lo contestatario; no se trata sólo de rechazar la gran minería transnacional y la locomotora. Ya en la Jornada Nacional “Defendamos la vida, frenemos la locomotora minero-energética”, del 1º de agosto del año pasado, se había logrado una mirada más integral del problema al identificar seis tipos de conflicto que era necesario movilizar: los territorios y las culturas, el agua y la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la pequeña minería tradicional, lo laboral y la renta minera y energética. De lo que se trataba ahora, era deducir de la matriz de múltiples visiones e iniciativas existentes en todos los procesos que se convocaron al Encuentro, los elementos básicos para caminar juntos hacia un modelo alternativo.
La tarea no era tan fácil. La diversidad de procesos que concentra la problemática minera puede representar unas potencialidades para los propósitos planteados, pero a la vez devela tensiones cuya concertación no es tan sencilla. Aún así, la apuesta del Encuentro de organizaciones sociales es ampliar aún más la convocatoria y llamar “a todos los sectores críticos de este modelo, desde lo ambiental, lo étnico, lo cultural, los derechos, lo académico, lo productivo, lo político, lo territorial y lo laboral, a que nos involucremos en la definición de un futuro diferente para la nación” como reza la Declaración final.
Destacamos varios criterios que sostienen la propuesta de política alternativa al modelo minero y energético, acordada en el Encuentro: el rechazo a la economía basada en el extractivismo, la recuperación de la soberanía nacional sobre los bienes naturales, el reconocimiento a la soberanía territorial de las comunidades, la reconstrucción y defensa de lo público, y la participación ciudadana en la definición de las políticas que comprometen la vida nacional en todos su ámbitos, como las de la minería y la energía.
Con este enfoque, se trazaron propuestas específicas en torno a: (1) la protección y el acceso de los pueblos a los bienes naturales, (2) la defensa del territorio, la cultura y la organización social de las comunidades, (3) la defensa de los mineros artesanales, pequeños y medianos, (4) la defensa de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, y (5) el aumento de la renta y la compensación de los daños causados. Relevante en este nuevo encuentro, el haber podido compartir una de las propuestas más integrales, como lo es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y que lo sea desde los trabajadores.
La Declaración constituye entonces un instrumento político-pedagógico para fortalecer los compromisos, las iniciativas particulares y la integración regional y nacional de este campo de organizaciones sociales. En aras de la unidad, la Declaración no homogeniza, seguirá conversando con la diversidad de procesos para profundizar y materializar las propuestas allí planteadas como horizonte común. Pero además, es un discurso a varias voces que le plantea al país, especialmente a los sectores democráticos, la necesidad de redefinir la política minero-energética impuesta, a través de un amplio debate regional y nacional que confluya en un Congreso Minero y Energético. Es también una convocatoria a manifestar públicamente ese propósito, por lo que se ha planteado que trabajemos en distintas líneas de acción para realizar una jornada de movilización en la primera semana de octubre del presente año.
Con esta voluntad política, queda la tarea de ordenar las distintas estrategias que fueron expuestas en lo educativo, lo jurídico, las comunicaciones y los relacionamientos. Un compromiso que exige cualificación también de lo organizativo, de la capacidad de coordinar regional y nacionalmente las apuestas señaladas en la Declaración. Un proceso que debe seguir aportando a la integración territorial de los procesos comunitarios en el marco de los Planes de Vida, en donde lo minero y lo energético adquiera otro sentido.
Imágenes del Encuentro Nacional Minero Energético
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Bogotá, Mayo 27 de 2013
