El nombramiento del ministro de agricultura llega para los trabajadores victimizados como una injuria a los derechos de verdad, justicia y reparación integral.
Preciso cuando recién terminamos de acopiar los principales hechos del tercer período de la recuperación de la memoria histórica de los trabajadores y ex trabajadores palmeros del Sur del Cesar, y sus familias, especialmente los vinculados a la empresa Indupalma, la empresa líder del sector ubicada en el municipio de San Alberto. Se trata del período que llamamos “los dolorosos”, luego de la época gloriosa del sindicato que se denominó Asintraindupalma a partir de la recordada huelga de agosto de 1977, y que luego pasó a ser Sintraproaceites a mediados de los años 80, cuando se cualificó como sindicato de industria vinculando trabajadores de otras empresas de la región. Es el período precisamente en el cual Rubén Darío Lizarralde tomó las riendas de Indupalma como gerente, hasta ahora, cuando asume una de las carteras del ejecutivo muy determinante en el rumbo que tomen los paros agrarios y los diálogos de paz.
No pudo ser más terrible la década de los años 90, porque el Sindicato tuvo que ceder todas sus conquistas laborales, sociales y políticas a causa del terror impuesto; lo que significó prácticamente rendirse. Es que después de haber enterrado en tan solo ese tiempo a cerca de 100 compañeros, seis de ellos presidentes de Sintraproaceites, y ver salir espantados a otros tantos junto con sus familias a tierras foráneas, una docena de ellos al exilio, no había otra alternativa que aceptar los contrapliegos patronales y todas las disposiciones de Indupalma.Después de haber buscado protección ante instituciones gubernamentales regionales y nacionales, el congreso, la iglesia católica, los partidos políticos, y que la respuesta fuera “no hay nada que hacer, el plan paramilitar va, lo mejor es irse”. Después que tampoco respondieron las centrales obreras, los organismos de derechos humanos, ni la comunidad internacional. Y después que ni los ejércitos que buscan legitimarse en los trabajadores, porque son ciudadanos desde una orilla o porque son explotados desde la otra, no aparecieran para proteger sus vidas.
Fue una masacre sistemática y silenciosa, sin más contratiempos que las pugnas entre los mismos paramilitares, sin más voces que la de los victimarios. No hubo ninguna expresión de rechazo por parte de Lizarralde frente al menos uno de los crímenes, aunque varios de los asesinatos ocurrieran dentro de la plantación, la que los paramilitares patrullaban de arriba abajo también como para-capataces. Pero sí lo hizo para pretender justificar la violencia ante una sociedad que consumía la opinión fabricada por los medios comerciales al servicio de los agronegocios. Desde comienzos de los 70 Indupalma mantuvo una constante estigmatización al Sindicato que acrecentó en este período de los 90, bajo la dirección de Lizarralde, señalando a la organización sindical de ser un instrumento de la guerrilla. Los periódicos de la época y las mismas publicaciones de Indupalma y de Fedepalma hablan de eso.
Quién fue más directo y decirlo así públicamente en Vanguardia, en El Tiempo y en sus comunicados en plantación, fue el señor gerente. Quien dijo que esos que están ahí fueron guerrilleros, al punto que hubo qué demandarlo porque era injusto que asesinaran la humanidad así. Fedepalma hablaba de unos vínculos, pero el gerente era más directo. En el período de la gerencia del doctor Andrade Lleras nunca hubo esos señalamientos así, fue a partir que la gerencia la toma Lizarralde. Ni aparecimos en periódicos, ni se presentó una crisis. Todo entra a la par con Lizarralde.
Y es así como se impuso “el exitoso modelo agrario” del que habla Santos para explicar el nombramiento de Lizarralde, su “arquitecto”. Con el debilitamiento total del Sindicato seccional San Alberto, que pasó de 1.800 a menos de 200 afiliados, sin la mayoría de su dirigencia y de sus activistas comprometidos, y arrinconados por el terror, Indupalma obligó a los trabajadores a renunciar a muchos puntos del pacto laboral y, especialmente, a aceptar el cierre de varias secciones y cultivos, lo que significó la cancelación del contrato a cerca de 200 empleados; a asumir un plan de “retiro voluntario” de otro número igual; más la renuncia obligatoria de quienes urgían salvar sus vidas porque la empresa les negó las licencias. Un comparativo entre la convención colectiva de 1985 y la actual, explican la multiplicación de las ganancias de Indupalma en estos años que le han permitido expandirse en la región, e inclusive invertir en proyectos de palma y caucho en los llanos orientales, -Induariari e Inducaucho respectivamente-, donde hacen sociedad comercial el nuevo ministro de agricultura y su ex, la también ministra de Educación María Fernanda Ocampo.
En ese ambiente de violencia, Indupalma implanta el nuevo régimen de utilización indirecta de la fuerza laboral con dos figuras inicialmente: las Cooperativas de Trabajo Asociado y las llamadas Alianzas Productivas, tal como éstas compañías la han aplicado a los campesinos en otras regiones, asociándolos con la falsa ilusión de que son empresarios. Y avanzan otras formas de tercerización de la mano de obra que le permiten a Indupalma contar con la materia prima sin establecer relaciones contractuales de ningún tipo con estos productores. El ingenioso modelo de Lizarralde no fue sino la regresión a las condiciones laborales que tenían los trabajadores 30 años antes, pero ahora de una manera legal.
“La Convención del 95 se firma en octubre. Mientras negociábamos allá en Bogotá, los paramilitares rondaban las plantaciones maltratando a los trabajadores para que aceptáramos lo de las cooperativas, señalando que por nuestra culpa la Empresa estaba en crisis. Una noche quemaron tres casas de trabajadores en el barrio 1° de Mayo, y uno de ellos fue desaparecido, Tomás Cortés. Como eso de las Cooperativas era un punto verraco, pedimos consultar en Asamblea y nos vinimos y la hicimos. Esa Asamblea duró menos de media hora. A todo se le dijo que sí. Las cooperativas arrancaron entonces en el 96.”.
Lizarralde es por lo tanto para el gobierno de Santos el prototipo de su política agropecuaria y lo que debe ser “el compromiso con la paz”. No es nada distinto a su Plan Nacional de Desarrollo montado en una estrategia cívico-militar como es el Plan de Consolidación Territorial. En el último capítulo de este trabajo de memoria colectiva, que fue titulado como “Quién ganó y quién perdió”, habrá que añadir esto de que Indupalma, particularmente Lizarralde, además llegó a manejar los proyectos agroindustriales desde el Ejecutivo nacional.
Ver:
Cartilla No. 1: “… y empezó nuestro sueño”
