Se habla de tiempos de paz.  Se dice que en 2013 se pondrá fin a más de 50 años de conflicto armado. Se  plantea que las voluntades políticas están a flor de piel y que ningún colombiano quedará en medio de las balas asesinas de unos y otros.  En últimas, que ya no se apagarán más vidas y todos saldremos ganando.

Muy bien, creemos que ningún colombiano se puede oponer a tan importantes decisiones, por esta razón como integrantes del movimiento de DDHH y social del país, saludamos y las respaldamos estas premisas.

Sin embargo, mientras unos hablan, otros siguen sintiendo el peso de haber nacido en territorios cuyas riquezas naturales parecieran ser su maldición. Es el caso de los indígenas Awá, quienes a pesar de escuchar día a día que la paz está caminando, lo único que ven andar ante sus ojos, es el andamiaje que históricamente ha apuntado al exterminio de sus comunidades para tener el camino libre y continuar la política de extracción de recursos naturales en Nariño, amén de lo que significa como corredor fronterizo y estratégico para el comercio de productos legales e ilegales, el tráfico de drogas y armas, y por supuesto, para el conflicto armado.

En los últimos años, la comunidad indígena Awá, que supera los 30 mil habitantes, distribuidos en 37 cabildos, con sus organizaciones sociales UNIPA Y CAMAWARI a la cabeza; ha tenido que vivir los impactos directos de las políticas del Estado que  impulsan la minería, el petróleo, la mercantilización de los bienes naturales, la infraestructura y los agro-negocios en su territorio. Es claro que estas políticas solo benefician a los grandes poderes económicos, y han colocado la militarización y la guerra por encima de los derechos fundamentales de este pueblo indígena.

Son más de 70 los indígenas Awá asesinados de manera individual y colectiva, igualmente centenares han sido desplazados en los últimos años. Durante el 2012, cinco importantes líderes Awá fueron asesinados. Todo, ante la indiferencia e incompetencia del gobierno y Estado colombiano, y a pesar de la extensa normatividad nacional e internacional dirigida a proteger y preservar la existencia de este y los demás pueblos indígenas que perviven en el país: la Constitución Política misma, la Resolución Defensorial 053, los Autos 004 y 174 expedidos por la Corte Constitucional y más recientemente las medidas cautelares otorgadas por la CIDH que obliga al gobierno colombiano a favorecer la vida y cultura de las comunidades indígenas.

Ante esta triste y dura realidad que conlleva al exterminio del Pueblo Awá, es necesario preguntar ¿bastará la firma de las negociaciones del conflicto armado, para poner fin a esta masacre? o ¿se tiene que esperar a todo su procedimiento para que se detenga la maquinaria de muerte (conflicto armado, extracción de recursos por parte de multinacionales, tráfico de drogas y armas, contrabando y demás) para que el gobierno y Estado colombiano tomen en serio lo que significa ver morir un pueblo cuyo mayor anhelo es vivir en armonía con la naturaleza y preservarla?.

Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA

13 de marzo de 2013