Los ataques desarrollados el pasado fin de semana por las FARC en los departamentos del Cauca, Nariño y Caquetá, han sido objeto del repudio de los mass media, y de airosas declaraciones del gobierno nacional, dejando a la población civil en el vaivén de la guerra.
Los municipios del departamento del Cauca fueron el epicentro de los ataques, siendo el municipio de Toribio el que sufrió mayor impacto luego de la explosión de un bus bomba frente a la estación de Policía, y el ataque con cilindros bomba a los miembros del Ejército Nacional. En Tumaco departamento de Nariño fue atacada la cárcel Bucheli, lo cual permitió la fuga de 14 presos ente los que se encontraba un jefe guerrillero de la zona. En Cartagena del Chaira departamento del Caquetá fue atacada una patrulla militar con un caballo bomba.
La presidencia anuncio el envío de tropas especializadas al departamento del Cauca y la instalación de un nuevo batallón en Tacueyó, a la vez que atribuyó los ataques a una estrategia guerrillera que pretende debilitar el cerco que se tiene sobre Alfonso Cano, líder del grupo insurgente. De su parte el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, anuncio que trasladaría su campamento al departamento, con el fin de conducir personalmente la estrategia que quiere acabar con el corredor estratégico de las FARC, a la vez que dar de baja a Cano.
Santos sorprendió con la declaración que faculta a las fuerzas militares para destruir las casas que sean utilizadas por la guerrilla para atacar a las fuerzas militares, con lo cual rompe con la mirada de algunos sectores que lo acusan de ser endeble con la continuidad de la política de seguridad democrática, y genera un punto mas frente a la historia de degeneración del conflicto armado del país.
Desde la ACIN, y diversas organizaciones campesinas e indígenas del departamento del Cauca, se manifestó que los ataques del fin de semana dan cuenta de la imposibilidad de garantizar la paz y seguridad para los pueblos indígenas, desde la política de seguridad democrática, desde una política de “la guerra por la guerra”.
Se denuncio que los 5 municipios con alcaldía indígena están siendo atacados en momentos de coyuntura electoral, lo cual afecta el plan de vida que se ha fortalecido y que ha permitido elaborar propuestas de paz y convivencia pacífica a nivel regional y nacional.
Dado que desde el gobierno y los actores armados no se han presentado propuestas acompañadas de acciones reales de paz, lo cual agudiza la situación de vulnerabilidad y violación de los D.H., el DIH y el derecho de los pueblos indígenas, las comunidades indígenas preparan acciones en las cuales las propuestas que han elaborado se presenten como exigencias, que posicionen a la guardia indígena como ente de paz y de administración de la convivencia, dado que esta entidad ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su labor de defensa, administración y acompañamiento de procesos indígenas por un buen vivir.
