Desde hace poco más de dos meses, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendiente del corredor Puerto Asís Alea, Río Piñuña blanco, Río Putumayo Puerto Leguízamo y el Pueblo Nasa del Cabildo Kwesx Kiwe, se encuentran adelantando una protesta pacífica.
El motivo de la reclamación es por el respeto al acuerdo del 23 de diciembre de 2009 adelantado con las instancias gubernamentales, así como el cumplimiento de la inversión social que le compete a la multinacional de explotación petrolera Amerisur S.A.
Durante el desarrollo de la protesta se han bloqueado la vereda el Quebradon del municipio de Puerto Asís, la vía la vereda La Alea, que da paso al transporte que va para el río Putumayo, y el tránsito entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo, manteniendo represadas 1200 toneladas de carga en el muelle La Esmeralda.
El bloqueo, como una medida de hecho que busca llamar la atención de las instancias gubernamentales ha sido continuamente golpeado por las fuerzas represivas del Estado, señalando de «guerrilleros» y «terroristas» a los manifestantes. Quizá la más cruda arremetida se vivío el día 16 de marzo, cuando a las 6:00 a.m. llego el Ejercito con el ESMAD para desalojar los participantes de la Manifestación Pacífica en el Puente el Quebradon de la vereda el Baldío. En forma intimidante, agresiva y amenazante desalojaron la vía y tomaron posición dañando las pertenencias de los manifestantes. Mientras la comunidad dialogaba con el Ejercito, ellos lanzaron una granada que cayó al pie de una carpa donde se había ubicado los niños y las mujeres para protegerlos, causando pánico entre la población, poniendo en peligro la vida y generando un delito de lesa humanidad e infracción al Derecho Internacional Humanitaria.
En términos generales son dos las exigencias de los manifestantes. De una parte se pide al gobierno local y nacional, que las acciones encaminadas al combate de cultivos ilícitos, se realicen respetando los derechos humanos, el respeto por la dignidad y la vida de los habitantes y las normativas internacionales que cobijan a los pueblos indígenas.
La fumigación con glifosato ha dañado cultivos de pancoger, contaminado aguas y afectado la salubridad de la población. La erradicación manual forzada ha producido la violación de los derechos humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario ya que se dan acciones como: maltrato físico, verbal y psicológico hacia la población civil, destrucción de bienes civiles, ocupación de viviendas, casetas comunales, escuelas, canchas deportivas comunitarias, prohibición de la libre circulación, robo de alimentos etc.
El incumplimiento en la implementación del plan de desarrollo integral en su componente agropecuario deja a las comunidades en un vacío económico al no recibir las garantías y condiciones adecuadas para sustitución de cultivos por proyectos productivos rentables.
El segundo problema es ocasionado por la presencia de la multinacional Amerisur S.A. quien opera el Proyecto Petrolero del Bloque Alea. Dicha multinacional no ha realizado la consulta que constitucionalmente le corresponde realizar con la comunidad Cabildo Indígena Nasa y demás comunidades ancestrales que habitan en la región.
La explotación petrolera en la zona está generando la violación de los derechos humanos, sociales económicos y culturales, individuales y colectivos, tales como el envenenamiento del río Mansoya que desemboca al río Piñuña Blanco y río Putumayo por el vertimiento de aguas de la batería petrolera de Amerisur S.A., colocando en riesgo la vida y salubridad de todos los habitantes rivereños de esta importante fuente hídrica que utilizan esa agua para su alimentación y aseo. Este río además provee de la pesca para consumo a la población, actividad que hoy en día se ha afectado por la contaminación perjudicando la dieta alimentaria tradicional de las familias.
Sumado a estos hechos la multinacional no ha dado cumplimiento al componente de inversión social que va aparejado a la concesión de explotación dada por el Estado. La construcción de hospital, escuela, vías, entre otras que le corresponden, se han quedado en el papel como los derechos que el Estado debería garantizar a las comunidades de la zona y del país.
A pesar de todo las comunidades seguirán en pie de lucha hasta tanto no se generen de parte de las instancias gubernamentales escenarios de dialogo donde se concreten acuerdos que beneficien y respeten los derechos de las comunidades.
