Escrito por: Comunidades Asentamiento Humanitario Alto Bobalí
Ante las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por parte de las Fuerzas Militares, las comunidades campesinas y organizaciones de base comunal del Cesar y el Catatumbo, con el acompañamiento de organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de carácter nacional e internacional, hacemos presencia desde el 18 de Junio de 2019, en la Serranía del Perijá, Vereda El Tigre del Municipio de Chimichuaga-Cesar, límite con la Vereda El Edén del Municipio del Carmen-Norte de Santander, con el objetivo de presentar las siguientes exigencias:
La desmilitarización del territorio: Exigimos el retiro inmediato de la base militar ubicada en el Alto de Bobalí, por constituir una ocupación militar de facto, de bienes comunitarios, por parte de las fuerzas militares –identificadas como Batón 10, miembros de la primera y segunda división del Ejército Nacional.
Desde esta base, se realizan permanentemente: empadronamientos, censos poblacionales, control de mercados, amenazas de muerte y judicialización, señalamientos, ofrecimientos económicos a menores de edad para hacer parte en la Red de Cooperantes, intentos de abuso sexual, hurto de cultivos de pan coger y pertenencias personales de la comunidad y restricción a la movilidad, lo que ha generado una militarización de la vida cotidiana.
La Tienda Comunitaria La Sierra, es una propuesta alternativa de economía solidaria de las Juntas de Acción Comunal que abastece a las 24 comunidades del Alto Bobalí. Esta presencia representa una violación al Derecho Internacional Humanitario, por ello nos vemos obligados a desarrollar el Asentamiento Humanitario en el lugar.
Exigimos que se comprometan a no volver ocupar los bienes comunes, ni nuestras fuentes hídricas, predios y viviendas, ni a restringir la movilidad de las comunidades; pues esta situación nos pone en riesgo inminente de ser objeto de ataques y se afecta gravemente nuestra supervivencia.
Solicitamos (y así se acordó) que para discutir nuestro pliego de exigencias, se hace necesaria la presencia de delegados nacionales, con capacidad de decisión, del Ejército, el Ministerio del interior y del Ministerio Público.
Sólo su presencia y apertura a nuestras reclamaciones, podría dar lugar al levantameinto de nuestro Refugio Humanitario; de lo contrario continuaremos incrementando y extendiendo nuestra acción de protesta.
Las comunidades exigimos garantías de no repetición a las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos y al DIH, como los mencionados anteriormente, que han profundizado la crisis humanitaria que venimos padeciendo y se sigue agudizando en el territorio. Y requerimos investigaciones serias y reales a los hechos que han sido denunciados por organizaciones internacionales y nacionales, documentados en misiones de verificación en la región.
Pliego de garantías:
Ningún participante del asentamiento humanitario será objeto de empadronamiento, seguimiento judicialización y de ningún tipo de represalia por parte de las Fuerzas Militares.
Exigimos que el material fotográfico y fílmico que se ha tomado de los participantes durante el asentamiento humanitario, sea destruido o borrado en presencia de las comunidades y que los mismos no sean utilizados para judicializaciones e investigaciones.
Demandamos plena garantías durante el retorno de las comunidades a las regiones.
Solicitamos garantías de protección a voceros/as y todas las personas de la comunidad que participan del asentamiento humanitario.
Para una respuesta sobre la disposición estatal de diálogo con las comunidades esperaremos hasta hoy, 20 de junio en horas de la tarde. En caso, de no obtener pronunciamiento alguno nos veremos en la obligación de trasladar el asentamiento humanitario al terreno comunitario que están ocupando y que estamos reclamando.
Junio 20 del 2019.
