Desde la Asociación Minga como acompañantes del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA en Nariño, compartimos con preocupación la siguiente denuncia pública y nos sumamos a las exigencias de este proceso social y campesino, cuyos líderes han sido agredidos de manera sistemática.
DENUNCIA PÚBLICA
Posibles hechos de chuzadas a integrantes del Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA
Nariño, marzo 18 de 2021
El Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA, el Coordinador Nacional Agrario – CNA y el Congreso de Los Pueblos Regional Nariño, denunciamos ante la opinión pública y los organismos nacionales e internaciones encargados de la protección de los Derechos Humanos fundamentales los siguientes hechos:
1. Desde hace algunos días los compañeros Robert Daza Guevara, Duby Ordoñez, Luzmila Ruano Gaviria y Ayda Margoth Cabrera Vásquez, han notado posibles irregularidades en sus comunicaciones telefónicas. Estas irregularidades consisten en: constantes interrupciones; la generación de ruidos, la ocurrencia de repetición de voces en momentos en que mantienen sus conversaciones vía celular; el bloqueo del mecanismo de entrada y salida de llamadas y WhatsApp cuando se atiende casos de emergencia en DDHH; la entrada de llamadas a otros celulares desde sus números, sin haber marcado esos números y además y reciben llamadas de personas desconocidas que se quedan en silencio y no responden cuando se
pregunta quién llama.
2. El compañero Rober Daza se encuentra actualmente vinculado a una investigación penal por el delito de rebelión, y en el marco de la misma su teléfono fue objeto de una orden de interceptación. No obstante, en la audiencia en la que se verificó la legalidad formal de dicha orden, se constató, una vez analizado el contenido de las interceptaciones, que nada de las conversaciones seleccionadas para su revisión tiene relación alguna con los hechos por los que está siendo procesado.
3. Al finalizar la diligencia antes referida, que fue realizada el día 21 de enero del presente año, el fiscal 174 contra organizaciones criminales de Santa Marta, en su condición de fiscal instructor, manifestó que ordenaría la cancelación de la orden de interceptaciones.
4. Por un hecho similar al aquí narrado, el abogado Jorge Reales, defensor de Rober Daza, denunció el 21 de diciembre del 2020 ante la juez de garantías de Pasto que resolvió mantener en libertad al líder campesino, que sus comunicaciones podían estar siendo objeto de interceptaciones y seguimientos ilegales, razón por la cual dicha funcionaria judicial ordenó a la Fiscalía del caso que trasladara el asunto a la unidad de Fiscalía competente para su trámite.
En razón de lo anterior exigimos:
Que se investigue por Fiscalía y Procuraduría los hechos aquí denunciados y se sanciones
penal y disciplinariamente a los responsables.
Que cese la práctica de chuzadas, bloqueos e interceptaciones ilegales de los dispositivos de comunicaciones de las personas aquí mencionadas, como garantía para el ejercicio de su derecho a ejercer la oposición política, de su derecho a ejercer la labor de defensa de los Derechos Humanos y específicamente su derecho a la intimidad personal.
Ser líder social no es delito
Denuncia Pública CIMA - 18 marzo 2021
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