El día 11 de marzo del 2021, las comunidades campesinas que integraron el Asentamiento Humanitario en Monte Tarra e Islitas, municipio de Hacarí, Norte de Santander, levantado el pasado 27 de febrero como muestra de buena voluntad; realizaron una Misión de Verificación en los predios privados y comunitarios donde desde noviembre de 2018 se encontraba ubicada la Base Móvil Militar de la Fuerza Especial de Despliegue Rápido (FUDRA III) del Batallón No. 7 del Ejército Nacional, la cual se trasladó recientemente en el marco de las exigencias de las comunidades las cuales, debido a la cercanía de la base a las viviendas de la población civil, se encontraban en medio del fuego cruzado.
La misión de verificación convocada por la Asociación de Juntas del Corregimiento de San José del Tarra, acompañada por la Personería municipal, la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) y su Guardia Campesina, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), defensores de Derechos Humanos del Equipo Jurídico Pueblos y la Asociación Minga; constató que el terreno -modificado para la elaboración de trincheras y demás infraestructuras de la FUDRA III- fue abandonado aunque no se realizó ninguna actuación tendiente a entregarlo en las condiciones en las cuales fue inicialmente ocupado. Es importante indicar que se ofició a Alcaldía de Hacarí, Defensoría del pueblo regional y a ONU Colombia para contar con su participación en la verificación, no obstante, no se hicieron presentes.
Con dicha verificación se confirmó el traslado de la base móvil, el cual se logra en el marco de la acción pacifica de las comunidades quienes instalaron el día 18 de febrero el Asentamiento Humanitario por la defensa de la vida y el territorio, para denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho internacional Humanitario derivados de la presencia de esta base, y en particular, el desplazamiento masivo de 38 familias campesinas, las cuales el 2 de febrero del 2021 se vieron forzadas a abandonar sus viviendas debido al miedo y la zozobra generada por los permanentes enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los distintos actores armados que coexisten en la Región.
Recordamos que entre las exigencias planteadas y compartidas con las autoridades en dos Consejos de Seguridad Extraordinarios que tuvieron lugar los días 22 y 25 de febrero, se encontraban el retiro de la base militar, la no ocupación futura de bienes privados y comunitarios, garantías integrales de retorno a las familias desplazadas, informes de las actuaciones y denuncias presentadas ante la Personería Municipal y la Defensoría Regional, así como, garantías para salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de quienes integraron la jornada de protesta pacífica.
Tras la verificación del traslado de las tropas, a pesar de saludar esta acción en cumplimiento a nuestras exigencias, llamamos la atención sobre las condiciones en que la fuerza pública dejó el terreno de propiedad privada y comunitaria, especialmente por la falta de claridad sobre la posible existencia de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (MUSE). Por esta situación, las comunidades campesinas de Monte Tarra e Islitas y las organizaciones acompañantes de la Misión de Verificación, responsabilizamos al Estado Colombiano y a las instituciones correspondientes, ante la posible vulneración de la integridad física y la vida de las familias que, sin mayores garantías, decidieron regresar a sus viviendas, aledañas a este territorio.
Del mismo modo, llamamos a que la nueva ubicación de la base, en cumplimiento con el Derecho Internacional Humanitario, se dé en zonas alejadas a la población civil, y se evite a toda costa la repetición de agresiones por parte de la fuerza pública contra el campesinado de la región.
Marzo 13 de 2021
Firman:
Juntas del Corregimiento de San José del Tarra
Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) y su Guardia Campesina
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA)
Equipo Jurídico Pueblos
Asociación Minga
