Desde la Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA como representante de las víctimas de los casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada  de Daniel Alexander Martínez,  y del menor de edad Jaime Estiben Valencia Sanabria, cometidas por integrantes del Ejército Nacional de Colombia, en febrero del año 2008 en lo que se conoció como “Los falsos positivos de Soacha”; rechazamos de manera contundente  la decisión adoptada el día de ayer,  por el Juez Noveno de control de garantías de la ciudad de Bogotá, en el sentido de declarar que la competencia para estos casos recae sobre la Jurisdicción Especial para la Paz  JEP.

La determinación emitida por el Juez Noveno, quien alegó no tener competencia para llevar a cabo la que sería -en 9 años- la primera audiencia de imputación de cargos para 12 militares, incluido el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, va en total contravía con el derecho de acceso a la administración de justicia para las víctimas, y desconoce la gravedad de los hechos; la misma que en otros de los 19 casos de Soacha, ha llevado a jueces de la República a reconocer que estos crímenes son delitos de Lesa Humanidad.

Tanto en criterio del ente fiscal, como del Ministerio Público y de los representantes de víctimas, esta claro, que estos crímenes no tuvieron relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, razón que las excluye de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Así, la decisión adoptada deja en un verdadero limbo judicial estos casos que quedan sin posibilidad de ser remitidos a ninguna autoridad judicial, pues ante la declaración  de falta de competencia, los casos no se enviaron a un nuevo juez sino al Consejo Superior de la Judicatura para que sea éste el que se pronuncie de fondo, desconociendo que la función del Consejo se enmarca en la resolución de conflictos entre jurisdicciones. Reiteramos que en este caso dicho conflicto no existe, precisando además que la JEP no ha sido reglamentada y aún no han sido creados los tribunales.

Lamentamos que en el marco de los procesos de Paz se sigan habilitando escenarios de impunidad y dilaciones a la justicia. Está demostrado una vez más que los Militares involucrados en graves violaciones a los derechos Humanos, utilizan todo tipo de estrategias para evadir sus responsabilidades penales, burlando indefinidamente a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales como les esta sucediendo a las madres de Soacha.

Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA