Compartimos el manifiesto resultado de la asamblea anual de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, de la cual la Asociación MINGA hace parte, donde además se conmemoran los primeros 20 años de esta plataforma de derechos humanos.
Al finalizar la Vigésima Asamblea Anual llevada a cabo en la ciudad de Bogotá la cual sesionó durante los días 2 y 3 de julio, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), plataforma que aglutina a 260 organizaciones de defensores(as) de derechos humanos, quiere compartir con la sociedad colombiana y la comunidad internacional los elementos políticos centrales de sus debates y decisiones, teniendo en consideración la coyuntura histórica que nos asiste, referida a la posibilidad acariciada desde hace muchos años por el movimiento social por la paz, de resolver de manera negociada el conflicto armado que por mas de cinco décadas sostiene el Estado colombiano y las organizaciones insurgente FARC-EP, ELN y EPL que recientemente ha solicitado participar del proceso.
Desde su creación en 1995, la CCEEU se propuso trabajar por la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, luchar contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, y promover la salida política y negociada al conflicto armado en Colombia, para alcanzar una paz estable y duradera. Esta tarea adquiere una mayor relevancia y pertinencia si se concibe la paz como concepto y como realidad que no se declara sino que es ante todo una construcción social que se da dentro del marco de una aguda confrontación de intereses en la sociedad.
1. Colombia se definió como un Estado Social de Derecho a partir de la Constitución de 1991, pero el desenvolvimiento político del país ha demostrado que el Estado Social de Derecho es una realidad más formal que real, como consecuencia de la evidente resistencia de la élite gobernante para materializar su esencia, cual es la de concretar y tutelar para todos(as) la vigencia de los derechos humanos en su acepción más amplia. La persistencia de elevados niveles de desigualdad y exclusión social, la impunidad estructural frente a las violaciones masivas a los derechos humanos y la respuesta violenta que de manera sistemática y persistente se opone a todo reclamo social por parte del Estado colombiano son factores que han conducido a una profunda desconfianza hacia la institucionalidad por parte del movimiento social, configurando uno de los grandes obstáculos para la sostenibilidad del proceso de paz que se trata de construir. No lo es en menor grado la persistencia del paramilitarismo y su incuestionable articulación con agentes del Estado y el poder económico.
A partir de una realidad como ésta, esta plataforma de derechos humanos se propone contribuir desde un enfoque territorial, étnico, de género y diversidad sexual la construcción y fortalecimiento del Estado Social de Derecho en el sentido de activar a partir de la movilización social, la disputa civilista por una sociedad incluyente y equitativa en todas las escalas territoriales, pero de manera preferente en aquellas en las que el Estado acusa serios problemas en su papel garantista de derechos. Entendido el Estado como el resultado de las lógicas del poder y de las reglas y escenarios para la tramitación democrática de los conflictos que se dan en una sociedad, nos proponemos incidir en esas lógicas que encaminen la sociedad por caminos de democracia, justicia y libertad.
2. Una de las manifestaciones en Colombia del carácter formal del Estado Social de Derecho radica en la existencia de un aparato de justicia sumido en un mar de impunidades y corrupción. Tasas de impunidad que superan el 90% niegan de plano que existan garantías reales para el ejercicio y goce de los derechos pero también devela que esta justicia, tan ajena a los reclamos y exigencias sociales, opera en armonía con la protección a los intereses del poder. Por eso, declaramos un mal mensaje para la sociedad y para el mismo proceso de paz, la reciente aprobación por parte del Congreso de la reforma al fuero penal militar inscrito en la tradición institucional de garantizar la impunidad de los agentes estatales involucrados en violaciones a los derechos humanos.
En un contexto como el actual, en el cual se busca dirimir la solución negociada de un conflicto armado que arrastra con una larga historia de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que ha dejado millones de víctimas, y en el cual hay responsabilidades no sólo del Estado y de la insurgencia, sino también de sectores ligados al poder económico y político, el debate sobre la justicia adquiere unas dimensiones especiales y retadoras.
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos no dejará de trabajar para que dentro del marco de la justicia se den las transformaciones estructurales teniendo presente que la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las víctimas ocuparán un lugar prioritario, más aún cuando en la sociedad se desarrolla un agudo debate frente a la posibilidad de que se de un escenario de justicia transicional del cual podrían ser beneficiarios quienes acusan responsabilidades en las violaciones de todo orden ocasionadas con motivo ídel conflicto. Sobre esto último, la plataforma como defensora de los DDHH tendrá en la demanda de verdad, justicia, reparación y garantías reales de no repetición, los criterios medulares de su compromiso con la paz y la garantía de derechos.
3. Con respecto a la paz, La solución negociada a los conflictos constituye un valor ético y político que define a la CCEEU. Por ello, nuestro inquebrantable compromiso con el proceso de negociación que se lleva a cabo en la Habana entre el gobierno colombiano y la organización insurgente FARC-EP y nuestra demanda de un pronto inicio de la fase de negociaciones para poner fin a la confrontación armada con el Ejército de Liberación Nacional. En este sentido, trabajar porque estas negociaciones terminen exitosamente y sean refrendadas por el país, se convierte en nuestra prioridad. La CCEEU llama a todas las partes involucradas en este conflicto a abandonar la idea de negociar en medio del escalamiento de la confrontación, lo cual está llevando a minar las bases sociales de credibilidad y confianza en el proceso, incrementando la víctimización de amplios sectores del país.
En la actualidad ha venido ganando terreno la tesis que defiende la guerra y por consiguiente la derrota militar como la mejor alternativa para resolver el conflicto de larga duración que padece la sociedad colombiana. Por ello, nunca antes nos habíamos encontrado con unos niveles tan altos de impopularidad de un proceso de negociación y con unos enemigos ya no tan ocultos que han logrado capitalizar para su causa guerrerista a una buena parte de la población. Estas circunstancias adversas, han colocado al proceso de la Habana en un grave riesgo y la amenaza de continuar por muchos años más con la tragedia humana que subyace en el desarrollo de un conflicto atravesado por todo tipo de violencias.
En un escenario como este, la CCEEU asume el reto de evitar que se frustre la esperanza de que la sociedad colombiana cuente con las condiciones sociales y políticas que le abran el camino a una sociedad mas incluyente y equitativa y que no sea la violencia la que regule nuestras relaciones y el trámite de nuestros conflictos. En esta perspectiva, la CCEEU trabajará desde los territorios para que este proceso se legitime desde un enfoque de derechos y alentara los esfuerzos sociales para demandar tanto al Gobierno como a la insurgencia que no se levanten de la mesa bajo ninguna circunstancia, a la vez que instará, a que reactiven el proceso de desescalamiento de las acciones armadas que acerque la meta de un pronto cese al fuego bilateral, tan necesario para crear el clima de confianza que requiere finalizar con éxito la negociación que ponga fin al conflicto armado.
La Paz como lo consagra la Constitución es un derecho que no vamos a dejarnos arrebatar, y en este empeño estamos dispuestos a ejercerlo a cabalidad, no dejando escapar esta oportunidad histórica que se le presenta a la sociedad colombiana.