Compartimos el articulo realizado por el portal Verdad Abierta en el marco de la instalación de la Minga Nacional, campesina, agraria, étnica y popular, en el punto de Besotes -Cesar- donde se encuentra concentrados los campesinos del Comité de integración social del Catatumbo CISCA.
VerdadAbierta.com viajó al sur del Cesar, donde se concentra la protesta campesina del Catatumbo. Sus líderes le piden al gobierno que no solo negocie con las guerrillas, sino que tenga en cuenta las propuestas que han salido desde los movimientos sociales. Pocos creen que lo hasta ahora firmado en La Habana solucione los problemas de esta subregión de Norte de Santander.
En la mañana del domingo 29 de mayo, más de 800 campesinos de los 11 municipios que componen el Catatumbo llegaron en camiones a un punto de La Ruta del Sol entre Aguachica y La Gloria. No se han tomado la vía, pero muy cerca de allí montaron campamentos en los que están dispuestos a permanecer varios meses hasta que el gobierno acepte que ha incumplido los acuerdos y escuche sus propuestas.
En Norte de Santander la protesta la convocó el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), un movimiento social que a nivel nacional hace parte del Congreso de los Pueblos. Pero tal como sucedió en otras regiones del país, no todas las organizaciones se pusieron de acuerdo. En este caso, no salió la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), movimiento asociado a la Marcha Patriótica que convocó el paro campesino de 2013, entre otras cosas, porque en este momento sus esfuerzos están enfocados en defender el proceso de paz.
Los matices de la protesta campesina
Los campesinos que hoy están confinados en el sur del Cesar no se oponen a los acuerdos alcanzados en La Habana, pero tampoco sienten que ahí estén contenidas sus propuestas. “Para apostarle a una construcción real de los acuerdos en el Catatumbo deben ganarse la voluntad del movimiento social y hasta ahora con esta negociación no se la han ganado. Hay que tener en cuenta que en el territorio hay diferentes visiones y no pueden llegar a imponer solo la agenda de los grupos insurgentes”, afirmó Yermin Sanguino, vocero de Cisca.
VerdadAbierta.com llegó hasta los campamentos de la protesta agraria para conocer la percepción de los líderes campesinos sobre lo hasta ahora acordado. Estas son cinco principales inquietudes.
1. ¿Se va a acabar la coca?
En el Catatumbo hay 30.500 hectáreas sembradas con coca, según la Oficina Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos. Foto: archivo Semana.
El tercer punto del acuerdo entre las Farc y el gobierno nacional, denominado Solución al problema de las drogas ilícitas, plantea que la erradicación se hará de forma voluntaria y concertada con las comunidades, pero si no se logra se procederá a erradicar manualmente. Las Farc dicen que esa debe ser la única forma de erradicación, pero el gobierno no le cerró por completo la puerta a las fumigaciones.
El Catatumbo será una de las regiones donde se pondrá a prueba ese acuerdo, si se tiene en cuenta que los cultivos de hoja de coca para uso ilícito pasaron de 5.604 hectáreas en 2013 a 7.658 hectáreas en 2014, de acuerdo con el informe de julio de 2015 de la Oficina de Las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. En la región se estima que, actualmente, hay más de 9 mil hectáreas sembradas.
Ninguno de los campesinos entrevistados cree que lo pactado sea la verdadera solución para acabar con el cultivo de coca que ha crecido en el Catatumbo. “Lo vemos más como el cese de las armas de una guerrilla que va a entrar a proponer luego de reincorporarse a la vida civil. Pero no va a cesar el conflicto, si no se solucionan las causas primarias que lo crearon”, aseguró Jesús Torres, concejal de Teorama y líder social del corregimiento San Juancito.
Coinciden unos y otros en que nada va a cambiar de un día para otro e insisten en que los campesinos quieren ver primero a un Estado que les garantice la educación, la salud y las vías de comunicación, antes que a los erradicadores y a los militares.
“Eso no va a tener la acogida que ellos esperan en región. Cuando vayan hasta las veredas más apartadas se van a dar cuenta que la realidad es otra. La plata de la coca ha sido la solución de muchos para acceder a los derechos mínimos de un Estado que no llega. Un kilo de coca no significa un kilo de coca, significa la cuota para arreglar la vía, la cuota para arreglar el puesto de salud, incluso hay veredas donde los mismos campesinos están pagando con eso los sueldos de los maestros”, agregó Torres.
Saben también que las Farc no son el único actor armado que interviene en este negocio ilegal, también están el Eln (que ya instaló mesa de negociaciones con el gobierno), el Epl y bandas de narcotraficantes. “El problema no es solo el campesino. Es la cantidad de gente que está interesada en lo que produce el campesino, los que se están quedando con plata son los que más van a hacer resistencia”, explicó Pablo Téllez, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Tarra.
A eso se suma que, como en otras regiones del país, el gobierno nacional ha incentivado la siembra de palma, cacao y caucho, propuesta que no resulta nada atractiva para las organizaciones campesinas. “No queremos reemplazar un monocultivo como la coca, que daña la tierra, con otro monocultivo como la palma. Pedimos autonomía para sembrar nuestros propios cultivos, con nuestras semillas, sin que tengamos que depender de los intermediarios”, explica Belyamil Pérez, concejal de municipio de Convención.
Los líderes de Cisca insisten en que para sustituir los cultivos hay que garantizar la comercialización – con productos competitivos y vías de acceso a los municipios – y la eliminación de intermediarios. “Si vamos a sembrar cacao que tengamos una procesadora en el pueblo, si es maíz pues nuestra propia trilladora”, indicó Torres.
La encrucijada de los pequeños palmeros del Catatumbo
Ellos hablan desde la experiencia. Todos conocen lo que sucedió con los campesinos que le apostaron a la producción de palma en pequeña escala, un proyecto de sustitución estatal. Hoy no solo están obligados a comprarle las semillas y los fertilizantes únicamente a la Hacienda las Flores, de propiedad de Carlos Murgas, exministro de agricultura del gobierno de Andrés Pastrana, sino que están comprometidos a venderle su producto a la misma empresa por 25 años.
2. ¿La Zona de Reserva Campesina es la respuesta?
El Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) se creó en 2004 en Teorama y hace parte del Congreso de los Pueblos. Foto: Asociación Minga.
“Las Farc por si solas no van a solucionar el problema agrario. Pueden tener un punto de vista sobre el agro, pero nosotros como campesinos tenemos otros. Para cambiar los modelos agrarios tienen que hablar con los que trabajamos la tierra”, aseguró Candelario Torres, líder campesino de Hacarí y concejal por el Polo Democrático, partido que acoge a las candidaturas de Cisca.
El primer punto acordado en la mesa de negociaciones con las Farc, el de desarrollo agrario integral, no ha estado exento de controversias en el Catatumbo. Entre otras cosas, porque promueve la creación de Zonas de Reserva Campesina, una figura que busca el fortalecimiento de la economía rural a pequeña escala y que existe en Colombia desde 1994.
En el Catatumbo el promotor de esta figura es Ascamcat, que ha propuesto que 326 mil hectáreas de siete municipios se conviertan en una Zona de Reserva Campesina donde puedan vivir más de 100 mil personas. El problema no es que se haya acogido este modelo, sino que el acuerdo no contempla las propuestas de otras organizaciones.
“Sabemos que las Zonas de Reserva Campesina son una reivindicación histórica del campesinado. Pero hay otras propuestas que se están construyendo en la región como los territorios campesinos agroalimentarios, sin olvidar la defensa de los resguardos indígenas”, dijo Sanguino.
Las zonas agroalimentarias que propone Cisca, buscan blindar la producción de alimentos ante la avanzada de las grandes agroindustrias y la minería. La idea es que el campesino tenga autonomía para sembrar cultivos autóctonos usando semillas nativas. “Esto incluye que que no se reduzca el campesinado a sombrero y machetilla, sino que se reconozca como sujeto político de derechos”, agregó Ediver Suárez, vocero de Cisca.
Los indígenas Motilón Barí, representados por Asobarí, han exigido la total autonomía en su territorio ubicado en el extremo norte del departamento, a orillas del río Catatumbo. Ya en el pasado han tenido roces con Ascamcat, pues el proyecto inicial de Zona de Reserva Campesina se traslapa con tierras que están siendo reclamados por el resguardo.
Para evitar controversias, Cisca ha propuesto ante la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular – el interlocutor con el gobierno que a nivel nacional recoge 13 organizaciones, entre ellas el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica – que se abra un espacio entre las diferentes organizaciones del Catatumbo donde se recojan todas las propuestas y puedan aplicarse todas.
3. ¿Cuál será el papel de las grandes empresas?
El Cisca propone que a tierra se divida en territorios agroalimentarios, una figura que blinda la producción de alimentos ante las grandes agroindustrias y la minería. Foto: VerdadAbierta.com.
“Desde los años ochenta comenzaron a tenderse nuevas fibras de la violencia sobre Tibú, las que en apenas tres décadas lograron entramar un territorio con paisajes, economías y actores nuevos: el petróleo, la coca, la política antidrogas, la agroindustria de la palma y el auge minero energético”, sostuvo Yamile Salinas en su investigación titulada Con licencia para desplazar: Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Estas dos últimas “fibras de la violencia” son una de las principales preocupaciones de los campesinos en un hipotético escenario de posacuerdo. Pues aunque en la mesa el gobierno habla de la creación de figuras que protegen la economía rural, como la Zona de Reserva Campesina, en el congreso se aprobó la ley que permite la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). El Gobierno de Santos ha insistido en que con este modelo se pretende mejorar la productividad en zonas geográficas aisladas, permitiendo que empresarios se asocien con campesinos para desarrollar proyectos agroindustriales. Pero, para organizaciones sociales y académicas, se trata de una fórmula para “legalizar” la acumulación de tierras de origen baldío, que son propiedad de la Nación.
“Llevamos años pidiendo que nos titulen los baldíos, pero el gobierno no lo hace. Algunas porque son Zonas de Reserva Forestal. El miedo es que no nos titulen las tierras y que con políticas como la ley de Zidres se lo terminen titulando a empresas”, declaró Belyamil Pérez, concejal de municipio de Convención.
Como explica la investigadora Salinas en su informe, el boom minero en el Catatumbo ha retrasado que le titulen la tierra a los campesinos que viven cerca de las zonas de explotación de carbón o petróleo. El 80% de las adjudicaciones en el Catatumbo – que suman 164.642 hectáreas – se dieron entre 1901 y 1988.
Gobierno tras gobierno han insistido en que gran parte del territorio no puede adjudicarse porque la mayoría del territorio se encuentra bajo la figura de Zona de Reserva Forestal. Eso no quiere decir que se trate de tierra deshabitada, que no esté siendo explotada. Los gobiernos locales se han escudado en esta situación para no resolver las necesidades urgentes de los habitantes.
“Con el pretexto de que son Zonas de Reserva Forestal no se entrega tierra, pero tampoco se hace nada. Si queremos arreglar la escuela dicen que no se puede porque no tiene escrituras, llevamos ocho años pidiendo un puente que nos comunique con el municipio vecino y dicen que en esa zona no se puede. El campesino se pregunta por qué Ecopetrol si puede entrar maquinaria y explotar a cielo abierto”, reiteró Torres.
4. ¿Seguirán al mando las Juntas de Acción Comunal?
A los habitantes del Catatumbo les preocupa que una eventual desmovilización de las Farc solo signifique una reubicación de los grupos armados ilegales que ya están en la región. “En la Habana se está negociando la agenda de la Farc, no la nuestra”: campesinos del Catatumbo. Foto: VerdadAbierta.com.
En los años 50 se crearon las primeras Juntas de Acción Comunal (JAC) en el Catatumbo, mucho antes de que llegaran los grupos armados en la zona. Ante la ausencia de instituciones del Estado que regularan la vida en comunidad, las juntas se han tomado el mando en sus territorios: intermedian en las peleas entre vecinos, lideran los reclamos ante las autoridades locales, e incluso instalaron peajes comunitarios (que el gobierno considera ilegales) para invertir en la reparación de las vías.
Tal como lo cuentan varios de los que han sido presidentes de Juntas, ese liderazgo no fue siempre bien aceptado por los comandantes guerrilleros, pues sentían amenazado su poderío. En 1999, con la llegada de los paramilitares, la organización comunal sufrió un duro golpe, la mayoría de sus líderes se tuvieron que desplazar.
Luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo, en diciembre de 2004, la Juntas se han venido recuperando y tomado de nuevo la vocería. Piden que ningún acuerdo con las guerrillas resté voz a esta organización territorial
“Una de las amenazas tal vez venga después de que se firme el acuerdo. Ya han dicho en los municipios que quedamos dentro de la Zona de Reserva Campesina, que allá otros van a ser el poder y no las Juntas. Nosotros seguiremos dando la pelea”, contó Téllez.
Esa es una de las diferencias con los territorios agroalimentarios que plantea Cisca, donde seguirían al mando las Juntas.
5. ¿Qué va a pasar con el Epl?
En el Catatumbo sobrevive una disidencia del Epl, la cual fue calificada por el Ministerio de Defensa como Grupo Armado Organizado, según su Directiva N. 15, y la denomina como ‘Los Pelusos’. Foto: archivo Semana.
El gobierno ha dicho que no va a negociar con el Epl, que lejos de considerarlo como grupo guerrillero actúa como una banda criminal que se mueve en torno a los diferentes negocios ilegales del Catatumbo. “No quieren reconocer al Epl como insurgencia, pero no pueden negar que hace presencia en la región y si ellos siguen es muy complicado siquiera comenzar a hablar de implementación de acuerdos”, aseguró Candelario Torres.
Luego de la muerte en octubre de 2015 de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, comandante militar de esa organización armada, durante un bombardeo de la Fuerza Pública a su campamento, este grupo está tratando de ganar espacio en la región, ahora a cargo de Jader Navarro Barbosa, más conocido como ‘Caracho’.
“Ya habíamos pasado por eso. Cuando se desmovilizó por primera vez el Epl en el 1991, cuando era el que prácticamente copaba todos los espacios, no pasó nada. Los otras organizaciones se reorganizaron y no cambió nada”, recordó Téllez. Los campesinos temen que las negociaciones con las Farc y el Eln sea el escenario para la expansión de este otro actor armado.
* Este trabajo se hizo con el aporte de la Asociación Minga
