boletín especial
ENERO- JUlIO 2020
DDHH EN PANDEMIA
Covid 19 en regiones acompañadas por la Asociación MINGA
APORTES PARA EL DEBATE Y EL QUÉ HACER:
Hoy, como nunca antes, un fenómeno como la pandemia ha puesto al desnudo los problemas estructurales del modelo de desarrollo que se ha implementado en el país, mostrando la incapacidad para superar la pobreza y la exclusión extremas, hecha más evidente ahora en esa gran franja de la población que sobrevive en la inestabilidad de la economía informal, del rebusque diario. El Estado se muestra así menos legítimo, menos garantista de los derechos, en la misma medida en que aumentan esas mayorías que, en los campos y la marginalidad de las ciudades, lo ven cada vez más lejano de sus precarias maneras de subsistir, y en unos contextos de creciente violencia que el modelo tampoco pudo o no quiso detener.
Se esperaba que las disposiciones para enfrentar la emergencia sanitaria partieran del reconocimiento de tales condiciones, pero el gobierno nacional optó por favorecer las élites que lo hicieron elegir. Por el contrario, abusando de los decretos administrativos colocó los derechos y la democracia en cuarentena y habilitó el Estado en función de la reactivación económica de las empresas y los bancos. En un ambiente en el que además los liderazgos sociales han soportado uno de los períodos más agresivos contra sus vidas, las cuales son alentadas por un discurso oficial que desconoce los procesos de paz.
El escenario que plantean estas y otras situaciones similares en sus intencionalidades, es que nos encaminamos a la desestructuración del Estado Social de Derecho, en el marco de una generalización de la violencia y limitación de las libertades, para instaurar el Estado corporativo y de opinión, centralista y autoritario, como se ha reiterado en las propuestas que la extrema derecha vuelve a blandir ahora con ocasión de la detención del señor Uribe.
Son los elementos generales del momento político que vive el país en este semestre de pandemia y sus particularidades en las regiones, que queremos compartir a través de este Boletín “Minga le cuenta”, donde también recogemos los sentires, devenires y propuestas alternativas de los procesos territoriales acompañados, en el Catatumbo, Putumayo, Nariño y Cauca. Esperamos que el boletín sea de gran utilidad para los análisis, los debates y la toma de decisiones de las organizaciones sociales, principalmente.
Y pensamos que avanzando en las diversas articulaciones, nacionales y regionales, sectoriales y temáticas, podemos generar nuevas movilizaciones para reactivar los derechos, la democracia y la paz. Es urgente!
MIRADA NACIONAL: REACTIVAR LOS DERECHOS, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ
Cuando la OMS declaró el virus COVID 19 como una pandemia, el 11 de marzo, Colombia vivía las siguientes condiciones sociales y políticas:
Un gobierno con 77% de desaprobación, según las encuestas de febrero[1], pero también medida en los más altos niveles de movilización social alcanzados en los últimos años, por su amplia participación y sostenibilidad. En ellas se reflejó el hastío por la corrupción generalizada y las denuncias de fraude electoral y vinculaciones a carteles de las mafias caribeñas; el evidente favoritismo a los intereses del empresariado, expresado en el Plan Nacional de Desarrollo, la Reforma Tributaria y otras políticas que afectan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población…
Cauca, resistencia en medio del acecho y el aislamiento
En la expansión del Covid 19 por el sur occidente del país el Cauca manifiesta una significativa diferencia en relación con sus vecindades. Al día de hoy ocupa el puesto 23 por departamentos, con una cifra de 2.125 casos, en medio de un Valle del Cauca con 28.620 y un Nariño que se acerca a los 9.000, en 4o y 8o lugar respectivamente[1]; eso sin señalar la cercanía con el dramático cuadro que presenta Ecuador. Se ha dicho en diferentes estudios sobre el fenómeno de la actual pandemia, que uno de los factores incidentes en la reducción de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones en el mundo han sido las formas de organización social de carácter colectivo, subrayando que sólo desde este tipo de sociedades podrán superarse esa clase de amenazas. Y está bien hablar del Cauca en este semestre de pandemia desde tal perspectiva.
NARIÑO: ENTRE EL CONFLICTO ARMADO Y EL COVID 19
La inédita situación que el mundo atraviesa por el COVID-19 también permea la realidad del departamento de Nariño que se suma a las ya dificultosas condiciones del contexto social, político, económico y armado de la región. Esta emergencia llega acrecentando las tensiones propias de la pobreza y la ausencia estatal, evidencia precariedades estructurales y demuestra una vez más la difícil situación que vive el país en clave de derechos humanos.
PUTUMAYO EN CUARENTENA: PROFUNDIZACIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL ABANDONO ESTATAL
La emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno el 17 de marzo de este año, como respuesta a la llegada del COVID 19 al territorio nacional, deja en evidencia que el virus más extendido y descontrolado en el país, no es el covid, sino la violencia y el hambre. La crisis humanitaria, que ya es estructural en Colombia, se desnuda ante los ojos indiferentes de la institucionalidad, y el Putumayo no es ajeno a ello, todo lo contrario, la violencia y el abandono estatal se ensañan cada vez más con este territorio andino amazónico, mientras siguen expandiéndose el narcotráfico y avanzando las economías extractivas.
CATATUMBO, VIOLENCIAS CRUZADAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA
El Catatumbo ha sido la región más visitada por el presidente Iván Duque y el piloto de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, es al mismo tiempo, un territorio militarizado en el que las comunidades han puesto en evidencia cuatro ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional en menos de dos años: los asesinatos de Dimar Torres, en abril de 2019 y de Salvador Jaime Durán, en junio de 2020 y los de Álvaro Carvajal y Emérito Buendía en medio de jornadas de erradicación forzada. Además, las comunidades denuncian una masacre en la zona rural de Tibú, donde fueron asesinadas 6 personas y se generó el desplazamiento masivo de más de 400 personas, lo que recuerda prácticas asociadas con el paramilitarismo de hace varios años.
