En el día de ayer 27 de junio fue asesinado el joven campesino del Catatumbo, Salvador Jaime Durán. Salvador era un campesino humilde, miembro de la Junta de Acción Comunal de Filo Guamo, vereda del Corregimiento de El Aserrío, municipio de Teorama. La zona en la que fue asesinado este joven, es de control permanente de la Fuerza Pública, donde desarrollan labores de “seguridad y defensa”, como lo asegura el Comando Operativo Energético No. 1, orgánico de la Segunda División del Ejército Nacional.
Efectivamente se trata de la “seguridad y defensa” del oleoducto Caño Limón – Coveñas por el cual se transporta el petróleo que la Occidental Corporation (OXY) explota en Arauca. No es la seguridad y la defensa de la población del Catatumbo, región que señala en sus mapas de operaciones como “zona roja” por lo que sus habitantes son catalogados prevenidamente como sospechosos.
Muy cerca de este lugar, en la vereda Guaduas se presentó el 4 de noviembre de 2007 el asesinato de otro campesino, Dioselí Ascanio Acosta. En el Catatumbo ya es tradicional esta modalidad operativa del Ejército, en las mismas circunstancias en la que es asesinado ahora el campesino Salvador Jaime Durán, por lo que la comunidad corrió presta al lugar donde escucharon los disparos y al encontrar el cuerpo sin vida del joven campesino, crean un amplio cerco humanitario en el que quedan atrapados 6 soldados que huían del sitio. Allí, con la presencia de la Alcaldía, la Personería, las JAC y varios Concejales, son trasladados a la sede educativa de la vereda en espera de la llegada de los organismos de investigación para que esclarezcan lo sucedido.
Son más de 50 los casos documentados como ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el Catatumbo; quiere decir, más de 50 campesinos de esta región asesinados y presentados posteriormente como guerrilleros muertos en combate. Con el nuevo caso de Salvador expresamos nuestra voz de alerta por el posible retorno de esta práctica sistemática que en el pasado reciente dejó miles de personas civiles muertas en supuestos hechos de guerra.
Este y otros sucesos de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los que la Fuerza Pública ha resultado comprometida, como el de los campesinos asesinados en las acciones de erradicación forzada, o el de la violación de la niña Embera en Risaralda, indican que el Ejército se ha convertido en un victimario más para las comunidades, y de ninguna manera encarna la defensa y seguridad de la población.
Desde el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA y la Asociación MINGA, llamamos a las comunidades y la sociedad colombiana a abrir un debate público orientado a desmontar la doctrina de seguridad, enfocada en la noción del enemigo interno y el negacionismo del principio de distinción, razón por la que se mantiene una constante militarización de la vida civil. Y exigimos la debida investigación y juicio por el asesinato de Salvador, así como que se dispongan los correctivos necesarios a las actuaciones de la Fuerza Pública con el fin de evitar la repetición de este tipo de hechos que lastiman la conciencia del Catatumbo y la nación.
Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Junio 28 de 2020
