El pasado 15 de diciembre, hicimos entregamos a la Jurisdicción Especial para la Paz en cabeza de la Magistrada Catalina Diaz Gómez, nuestro informe sobre documentación de los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas desde el año 2002 al 2009 en la región del catatumbo. Aqui nuestra posición sobre este proceso.
Lustros de acompañamiento a organizaciones sociales en el Catatumbo, han permitido a la Asociación Minga valorar la templanza y persistencia de las comunidades de esta región de país por permanecer en el territorio y ponderar sus iniciativas para construir planes de vida inclusivos y participativos, respetar la naturaleza y superar la marginalidad e inequidad social que les ha impuesto el Estado; pero también nos ha puesto en contacto con los efectos, tanto sociales como humanitarios, que el conflicto armado ha causado en el tejido comunitario y en las organizaciones sociales, debilitándolos o desviando esfuerzos que podrían haberse orientado hacia la exigibilidad y realización de derechos.
Por eso como institución apoyamos los esfuerzos para superar de forma negociada el conflicto armado y entendemos que para alcanzar ese objetivo es imperativo afrontar lo referente a la responsabilidad penal de los involucrados en la confrontación militar interna con mecanismos de justicia transicional, como los creados por el Acto Legislativo 01 de 2017, dado que aplicar fórmulas de justicia retributiva o que se nutran de concepciones emparentadas con el “Derecho Penal del Enemigo”, bloquearían cualquier posibilidad de acuerdo entre partes no vencidas; por lo que vemos en la Jurisdicción Especial para la Paz un instrumento y una oportunidad para que las víctimas y la sociedad encuentren aceptables niveles de justicia y de verdad.
Sabemos que el reto es enorme, especialmente cuando se trata de esclarecer la responsabilidad de agentes del Estado en violaciones de derechos humanos, pues estos siempre han estado blindados por diversos mecanismos de impunidad, los cuales, cuando se debilitan por la acción persistente de la comunidad y de las víctimas, solo han permitido someter a escrutinio penal las conductas de los perpetradores que ostentan rangos bajos y medios en la estructura institucional.
También sabemos que superar ese déficit de justica y verdad es extremadamente complejo, dado que la evidencia y las pruebas han sido destruidas o manipuladas y los perpetradores han sellado sus lealtades con pactos que se alimentan en el “espíritu de cuerpo”, la intimidación y la confianza inveterada de que las prácticas que les han sido útiles hasta la fecha para garantizarles impunidad, lo seguirán siendo en el futuro, y más en un contexto como el actual, donde los criminales de estado parecen contar con apoyo de buena parte del poder político y económico; por lo que no es fácil la tarea que le espera a la JEP.
Ahora, en lo referente a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el Catatumbo y la provincia de Ocaña, Minga reconoce que por la denuncia de las víctimas, la movilización de las organizaciones sociales y la presión de sectores de la llamada comunidad internacional, la actuación de la jurisdicción penal ordinaria ha producido algunos resultados relevantes en unos pocos casos, los que han sido parcialmente esclarecidos y sus responsables -ubicados en la estructura baja y media del Ejército Nacional-, condenados, y en otras pocas investigaciones hay principios de esclarecimiento, mientras la mayoría de casos permanecen cubiertos por la impunidad.
No obstante lo anterior, esos logros reducidos a algunos pocos casos, han permitido señalar como una verdad incontrovertible, y desde hace bastante tiempo, que del 2006 al 2008 la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón Santander nutrían sus estadísticas de resultados operacionales asesinando civiles que presentaban como delincuentes abatidos en combate; por lo que entendemos que el reto para la JEP es aportar mayor verdad que la alcanzada hasta el momento y eludir reducir su rol al de una especie de entidad recicladora, y para evaporarlas, de las sanciones y actuaciones penales que ya afectan a agentes del Estado.
Reducir la JEP a ese rol, producirá mayor frustración en las victimas y deslegitimará ante la sociedad el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; perspectiva poca halagüeña que debemos evitar y nos impone a las organizaciones sociales y a las ONG de Derechos Humanos, por ética y responsabilidad política, la obligación de contribuir a que esa nueva institucionalidad judicial cumpla la importante función que la Constitución le ha asignado.
Con esa pretensión, presentamos este informe, con el que igualmente exaltamos y honramos la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales consumadas en el Catatumbo y buscamos que la JEP alcance sus objetivos y satisfaga el interés supremo de la sociedad y de las víctimas de crímenes de Estado por esclarecer graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, para que la verdad, conocida y apropiada por la sociedad, sirva para inhibir la repetición de esas ofensas y coadyuve a superar la impunidad y a consolidar una cultura de paz y respeto los derechos humanos.
Aclaramos que este informe se centra en las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros del Ejército Nacional entre el 2002 y el 2009, lapso de implementación de la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” en los municipios nortesantandereanos de Teorama, El Tarra, Convención, Ocaña, Ábrego, Tibú, Sardinata, La Playa, Hacarí, El Carmen y San Calixto -los cuales conforman social, cultural, económica y ambientalmente una subregión-, y en el que se han logrado identificar un total de ciento ochenta y tres (183) víctimas de ejecuciones extrajudiciales y donde el Comité de Integración Social del Catatumbo-CISCA, organización social que acompaña Minga, desarrolla un persistente trabajo de recuperación y construcción del tejido social, que nos ha acercado al drama humanitario que ha vivido la región y a la impunidad que ha cubierto y cubren las violaciones de derechos humanos que han padecido los habitantes de esta zona del país; ausencia de justicia y de verdad que pretendemos, apoyando la labor que cumpla la JEP, sea superada.
