Colombia se apresta a realizar elecciones para el Congreso de la República y Parlamento Andino, y luego prepararse para las presidenciales. Podría decirse que, como cualquier otra, estas contiendas electorales son importantes. Sin embargo, dado el contexto tan especial que vivimos relacionado con la superación del conflicto armado y la perspectiva de paz que proyecte, esta coyuntura electoral reviste un valor estratégico en tanto determinará un derrotero realmente democrático para la vida del pueblo colombiano en el que por fin se haga a un lado la violencia política.
El nuevo Congreso tiene la trascendental responsabilidad de iniciar el ordenamiento legislativo que dé cuenta de las reformas económicas, políticas y sociales que implica asumir los retos de los acuerdos adquiridos por el gobierno nacional y las insurgencias en las mesas de paz, además de las propuestas que en ese sentido plantea también la sociedad civil. Ya sea porque dispone sus espacios en función de esos anhelos históricos o ya porque lidera un escenario con participaciones y decisiones de mayores magnitudes como lo sería un proceso constituyente. Por tanto, se supondría que el 9 de marzo estaríamos eligiendo al Congreso para la República de la Paz.
Un Congreso que en verdad sea representativo de todos los intereses que hacen la historia de este país. Un Congreso con la autoridad ética y política para reconocer y hacer respetar la diversidad de proyectos de futuro que compiten en múltiples ámbitos de la vida nacional, incluyendo los que provienen de la subversión armada, tanto por parte de actores privados como públicos, -especialmente de las Fuerzas Militares-, acondicionando la normatividad en ese propósito. Un Congreso que comprenda la tarea histórica de hacer la Nación de todos, que no hemos tenido hasta ahora, y asuma en consecuencia el camino democrático de su construcción donde confluyen las formas de participación institucional y comunitaria, camino ya establecido en la Constitución del 91.
Sin embargo, las cosas no pintan tan claramente en esa perspectiva. La derecha y sus extremos no dan muestras de coherencia al respecto; en el conjunto de las listas de este sector pueden encontrarse desde aspirantes con posiciones en favor de la paz y la democracia, otros que evaden hablar del tema, hasta quienes se manifiestan abiertamente en contravía de esa opción, quienes le apuestan al centralismo absoluto y añoran todavía la victoria militar sobre la guerrilla. Estos últimos han colado sus fichas en casi todas las postulaciones de los partidos, a excepción de la Unión Patriótica y el Polo Democrático.
Definir una posición frente a la paz desde quienes han usurpado el Estado hasta ahora, tampoco parece ser el interés del ejecutivo actual, quien juega en todas las bandas dispuesto a hacerse reelegir. Confrontando sus discursos y acciones no se puede vislumbrar en realidad a qué le apuesta el Presidente Santos. Sensación de penumbra queda de su anuncio con bombos y platillos de su fórmula vicepresidencial Vargas Lleras, quien ha manifestado que le va a dar prioridad a las obras públicas desde ese cargo, minimizando el tema de los derechos humanos que ha sido un asunto específico de esa instancia. Y Santos se desliza en este terreno también cuando trae nuevamente al discurso oficial la estigmatización de las acciones de exigibilidad de derechos como una guerra jurídica a las Fuerzas Armadas.
El futuro vicepresidente no ha expresado además en ningún momento su compromiso con la paz y la democracia y, por el contrario, avala abiertamente medidas dictatoriales como la destitución administrativa de la alcaldía de Gustavo Petro sentenciada por el Procurador. Ambas posturas colocan a Vargas en línea con la extrema derecha, quien continúa ‘combinando todas las formas de lucha’ con el fin de imponer su modelo dependiente, religioso, machista, racista, excluyente y autoritario de país.
Así que a la izquierda y todos los sectores progresistas nos queda la responsabilidad de seguir desbrozando los caminos de la paz, la democracia y la justicia, las principales banderas que nos han diferenciado de la derecha. Hoy la opinión pública ve así las cosas, y señala precisamente a ese bando como el que se opone a que el país deje atrás esta sangrienta guerra. Es la oportunidad política para afirmar nuestra apuesta en el Congreso, con la sólida voluntad de instaurar una nueva gobernabilidad en la que sintonizamos la acción institucional con las de los movimientos sociales. Una determinación que es necesario mantener y fortalecer hacia los nuevos escenarios de disputa política que están por venir.
En conclusión, los desafíos programáticos que tiene el poder legislativo emergente en estas jornadas electorales, no son de poca monta. El 9 de marzo se elige la paz o la paz, no hay otra alternativa.
El 9 se elige la paz o la paz, PDF
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Marzo 6 de 2014
