Del 21 al 24 de febrero de 2011, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), conmemorará sus 40 años de existencia, los cuales se han caracterizado por una lucha incansable en la búsqueda del reconocimiento de los derechos de las comunidades ancestrales como pueblos autóctonos.
Rafael Quilcue, miembro del CRIC, manifestó que hace 40 años, se decide crear la organización, la cual nace con 5 cabildos, porque los indígenas eran negados como pueblo y personas pensantes, además eran discriminados racialmente y sus derechos eran pisoteados.
La plataforma inicial del CRIC constó de 7 puntos esenciales para las comunidades indígenas, donde se contemplaba la recuperación de los cabildos, el territorio, lengua, educación propia, rescate de la identidad cultural, salud, economía, puntos que en la actualidad continúan vigentes.
Actualmente el CRIC cuenta con 120 cabildos y 87 resguardos, lo cual suma una población de 320 mil habitantes agrupados en 9 zonas propias del Cauca, y es el encargado de coordinar, promover, gestionar y organizar la representación de los 7 pueblos indígenas de dicho departamento, donde se encuentran los Guámbianos, Nasa, Yanaconas, entre otros.
El CRIC ha tomado parte activa en la organización de los pueblos indígenas en todo el territorio colombiano, en la década del 70 del siglo pasado ayudo a la creación de las regionales indígenas de Antioquia, Tolima y Risaralda, además, en 1982 fue un actor principal en la fundación de la Organización nacional Indígena de Colombia (ONIC), aseveró Rafael Quilcue.
Aunque a nivel nacional e internacional están reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, en Colombia no se garantiza el cumplimiento de estas leyes, y en lo transcurrido del 2011, el CRIC ha sido víctima de 12 afectaciones al territorio, 4 heridos y 5 asesinatos, además se criminaliza la lucha de las comunidades ancestrales y continua el despojo de sus tierras.
Para el CRIC es necesario continuar la lucha por el reconocimiento de sus derechos y seguir resistiendo al neoliberalismo porque es un modelo económico que atenta contra la existencia de los pueblos indígenas.