“En el Cauca, tenemos identificados unos 100 conflictos entre comunidades…podemos hablar de todo el departamento, pero básicamente de unos 15 municipios donde tenemos mayores conflictos”,[1] declaraba en abril de 2013 Ramón Darío Torrado Quiñones, director Territorial del Incoder Cauca.

Este año se evidenciaron varios de estos casos: uno fue la quema de la Iglesia de San Andrés de Pisimbalá, ubicada en un resguardo indígena del municipio de Inzá. Según la comunidad, tendría que ver con un conflicto por tierras entre indígenas y campesinos. Así mismo, escuchamos sobre el conflicto en la finca los Naranjos, en la Vereda La Pajosa, en límites entre Cajibío y Totoró, donde hubo enfrentamientos que dejaron siete indígenas heridos graves. Además se presentaron otros casos como en la finca San Rafael (Vereda Mazamorrero, Santander de Quilichao), seis fincas en la vereda La Mota (Norte de Popayán), y la finca La Alsacia (Vereda Octavio, Piendamó).

 Mucho se habla de estos conflictos “interétnicos e interculturales”, señalando problemáticas personales o familiares como razón de ellos. Sin embargo, perdemos de vista que hay factores externos y políticos que los provocan, que no surgen solamente en el seno de las propias comunidades. Desde este contexto, identificamos al menos tres elementos que indican la responsabilidad de actores públicos y privados:

1. El problema de fondo es la creciente concentración de tierra. Los indicadores[2] muestran que estos casos se presentan en las tierras de mejor calidad que son apropiadas por las grandes empresas y los terratenientes. En el departamento del Cauca, las haciendas ganaderas, la siembra de cultivos de uso ilícito, la minería, la agroindustria de la caña y los ingenios azucareros, están ocupando la zona productiva de los territorios. Producto de ello es que el 30% de los suelos fértiles del departamento están siendo utilizados solo en el negocio de la ganadería extensiva. Cada vez se estrecha más el acceso a la tierra productiva para los indígenas, afros y campesinos.

Pero en el acaparamiento de tierras también tienen parte las multinacionales es el caso de la Smurfit-Kappa-Cartón de Colombia. Esta empresa es dueña de más de mil hectáreas de monocultivo agroforestal en el municipio de Cajibío, para la producción de pulpa, que se utiliza en el circuito económico del papel. La compañía reconoce que acumula 21.689 hectáreas (19.134 propias y 2.440 en participación) en toda la región, adquiridas en los últimos 30 años y distribuidas en El Tambo, Sotará, Popayán, Cajibío, Buenos Aires, Suárez, Timbío y Santander de Quilichao. Son múltiples las denuncias a la compañía extranjera por contaminación ambiental y la destrucción de ecosistemas y selvas húmedas. Muchos habitantes se han quedado sin  tierras, “mientras la empresa acapara miles de hectáreas y fuera de eso las más productivas”.[3]

2. Las políticas del Estado también provocan enfrentamientos entre las comunidades y sus organizaciones. La división de derechos, como por ejemplo la consulta previa solo para indígenas y afros pero que excluye a los campesinos; o las figuras territoriales fraccionadas donde incluso unas se reconocen más  que otras: resguardos  indígenas de origen colonial o republicano, o resguardo por resolución,  o territorios colectivos de comunidades negras. Esta diferenciación lleva a una falsa imagen de “que unos tienen más derechos que otros”. El modelo de despojo e imposiciones gubernamentales incentiva la división de las comunidades y organizaciones.

3. El papel del INCODER, en particular. Muchos enfrentamientos han sido ocasionados por la compra y entrega de tierras que se hace de manera inconsulta, sin tener en cuenta a las comunidades y organizaciones del departamento en estas decisiones. Sin embargo, Myriam Villegas, gerente del INCODER, sostiene que este organismo ha estado trabajando de común acuerdo con indígenas, campesinos, afrodescendientes y propietarios para solucionar los conflictos urgentes, con 47 sesiones de trabajo en el departamento para atender las diferencias entre las comunidades. A pesar de esto, siguen atizándose los conflictos y las comunidades denuncian: “el tratamiento malintencionado que han hecho las entidades gubernamentales de las necesidades de tierra para fomentar la división entre las comunidades”[4].

Ante esta situación los pueblos afrocolombianos, indígenas y campesinos exigen al Gobierno que  cumpla con los compromisos de proveer de tierra a las comunidades de una manera equitativa y participativa, y a su vez ofrecer mecanismos de desarrollo agrario teniendo en cuenta los planes de vida propios de las comunidades.

En todo este panorama, los pueblos vienen realizando los Encuentros interétnicos e interculturales en el Cauca, los cuales han sido una respuesta de integración a todos estos embates a la unidad entre los pueblos.  El primer encuentro se hizo en Villa Rica en el 2002, en el que cinco mil voces propusieron al Cauca como territorio de paz; el segundo fue en Guachené, donde ocho mil  personas participaron del mercado solidario y realizaron intercambio de productos por medio del trueque; el tercero en Santander de Quilichao con aproximadamente 7 mil participantes; en el cuarto se hizo énfasis en los y las jóvenes; el quinto encuentro de mujeres, que resaltó como las afro, indígenas y campesinas vivían la y la invisibilización. Ahora se acaba de realizar el sexto encuentro  en Santander de Quilichao nuevamente, del  18 al 20 de julio de 2013, en un contexto de alta conflictividad por los territorios.

En este último encuentro se han ordenado propuestas como:

1. La consolidación de territorios interétnicos e interculturales con presencia de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Todos concuerdan con que el territorio debe ser un factor de unidad antes que de división.

2. Ejercicio de un gobierno propio  interétnico e intercultural, autónomo, con la participación de los diferentes pueblos en todas las decisiones.

3. Construcción de una agenda común interétnica e intercultural para la movilización, la construcción de propuestas comunes y la defensa del territorio. Se acuerda una movilización en conjunto para este año

4. Finalmente, en este encuentro se instaló la mesa interétnica e intercultural de carácter permanente y con representación de los diferentes pueblos y organizaciones de la región. Estará encargada de propiciar el fortalecimiento de los procesos colectivos y el tratamiento autónomo de los conflictos que se presenten. Así como convertirse en el interlocutor legítimo en relación con el Estado para tratar los temas de la agenda común.

Una apuesta de vida interétnica e intercultural significa reconocer la diferencia, reconocer al otro y trabajar en conjunto, como señala un líder del pueblo Misak “no unificaremos pensamientos pero si criterios de lucha”. Lo interétnico e intercultural adquiere vida y sentido en la construcción de un país en paz y con justicia social. El acaparamiento de tierras, las leyes del despojo, los megaproyectos, afectan a todos por igual, pero la garantía para enfrentar estas intervenciones  es buscar la armonía y la unidad. Afros, indígenas y campesinos juntos son un legado de tradiciones que permitirán construir un país para la vida digna desde las raíces.

Fernanda Espinosa Moreno

Asociación MINGA

Bogotá, 30 de julio de 2013.

[1] Ramón Darío Torrado Quiñonez, director Territorial del Incoder Cauca. 07 Abril 2013

http://www.agendapropia.com/index.php/dialogos/1869-el-incoder-ha-asignado-60-mil-millones-para-comprar-terrenos-y-evitar-mas-conflictos

[2] Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el coeficiente Gini, que mide desigualdad social y recursos como la tierra, en 2012 el Gini de tierras era de 0,84. Igual sucede con el Gini de propietarios (0,84), entre los cinco más altos del país.

[3]http://www.elcolombiano.com/bancoconocimiento/t/tierras_el_otro_conflicto_

que_hiere al_cauca/tierras_el_otro_conflicto_que_hiere_al_cauca.asp

[4] Movimiento Campesino de Cajibio. Comunicado sobre los enfrentamientos por la tierra en el cauca. Cajibio, Junio 21 del 2012.