En Colombia, territorio de guerras y conflictos, construir sueños, defender la vida y hasta darla por ella, pareciera cosa de locos. Gritar para que aparezcan los desaparecidos, marchar para que no haya más homicidios y cantar vestidas de luto para frenar la violencia de género, casi que lo confirma. Y tal vez lo sea: defender la vida en escenarios frenéticos de guerra, es jugarse todo.
Así, en medio del caos, el dolor y los sentimientos atravesados, mujeres y hombres fueron construyendo, a finales de los 80 y principios de los 90, pequeñas organizaciones, que luego se volvieron más grandes, como los sueños, para exigir garantías al Estado, para seguir buscando a los familiares desaparecidos, para pedir justicia por los segados por el fuego, para convencer al mundo de las tristezas humanitarias que rompían nuestros sueños.
Como hijo de esas búsquedas, nace el Comité Ah doc de Defensores de derechos humanos, luego del asesinato en 1997 de dos grandes defensores: Mario Calderón y Elsa Alvarado. No había Estado ni gobierno que cumpliera con su ser protector y garantista de las causas sociales y sus defensores. Así, a través de los años, los deseos, los anhelos y el fiel compromiso con la vida, se fue fortaleciendo ese espacio defensor de defensores, alimentado por el CINEP, Benposta, la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación MINGA. Miles de hombres y mujeres jugados por la justicia y la paz, han sido abrigados con protección directa, llámese pasantía nacional o internacional, apoyo psicosocial o ayuda humanitaria.
Diez años después, en 2007, como referente importante para el movimiento social y de derechos humanos colombiano, con el nombre Programa Somos Defensores amplía su cobijo y alcanza a muchas organizaciones de diferentes regiones, en su búsqueda de resistencia y defensa del territorio. Entonces nacen los planes de protección, autoprotección y contingencia, pero también el uso de nuevas tecnologías para contar con protección desde las comunicaciones modernas.
Ahora bien, como la protección es responsabilidad del Estado, desde el Programa se ha contribuido sustancialmente para que el gobierno construya política pública para el amparo de defensores, sindicalistas, líderes sociales, mujeres, indígenas, afros y desplazados. Así, desde 1997 se aportaron las primeras semillas que se convertirían en medidas materiales de protección, que ciertamente han sido determinantes para salvaguardar muchas vidas.
Hoy, lejos de ser lo ideal, la experiencia colombiana en protección, con sus avances y retrocesos desde el Estado y la sociedad civil es referente para otros países. Pareciera que nuestro ventura sea siempre la del péndulo: un paso adelante y otro atrás; un grito y un silencio, una desolación y una esperanza, pero ante todo un canto para persistir.
