Desde la Asociación MINGA hemos acompañado desde hace varios años comunidades campesinas e indígenas afectadas por la aspersión aérea de glifosato, que ha dejado a su paso por los territorios enormes afectaciones a la salud de la gente, sus cultivos alimentarios y al ambiente, además de la militarización de la vida social, entre otros perjuicios.
La incoherencia del Presidente Santos con el tema indica que los gobiernos siguen en contravía de sus discursos demagógicos, cuando hablan de paz y mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la pobreza. Tal parece que habrá Plan Colombia para rato y no la llamada Paz Colombia, como se denominó la nueva alianza entre este gobierno y el de Estados Unidos en la reciente conmemoración de los 15 años del Plan Colombia.
Putumayo, Caquetá, Nariño, Catatumbo y otros territorios en todo el país han visto llover sobre sus campos y hogares durante más de 16 años, millones de litros de este veneno que hace parte de los negocios de la multinacional Monsanto. El herbicida utilizado en las fumigaciones aéreas cuyo compuesto principal es el glifosato, está siendo diseminado de manera indiscriminada en una lucha antidrogas que desconoce las necesidades y derechos de los sectores rurales, quienes debieron recurrir al cultivo de la coca al no tener otra forma de sustento debido precisamente a la política agraria que acabó con sus cultivos tradicionales y la economía campesina.
El 14 de mayo de 2015, recibimos con entusiasmo la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de ponerle fin a las aspersiones aéreas de este feroz químico, acogiendo la declaración que hiciera hace más de un año la Organización Mundial de la Salud en la que calificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para el ser humano”. En ese momento creíamos que al fin daban fruto tantos años de denuncias, demandas, movilizaciones e incidencia nacional e internacional contra ese plan antinarcóticos de corte represivo. Celebrábamos también que en los diálogos de la Habana se avanzara en el punto de cultivos ilícitos, erradicación y narcotráfico, en el que esperábamos que el gobierno y las FARC tuvieran en cuenta las propuestas planteadas por cientos de organizaciones sociales participantes del Foro Nacional que sobre el asunto convocaron Naciones Unidas y la Universidad Nacional en el año 2013. Allí se coincidió plenamente en tres cuestiones sustanciales: la política antidrogas no puede ser de carácter represiva, las fumigaciones con tóxicos deben suspenderse y los campesinos no pueden ser judicializados por ser cultivadores de la coca.
En ese momento planteábamos que atender tales llamados, era empezar a involucrar efectivamente al conjunto de la sociedad colombiana en el proceso que recientemente finalizó y constituirían hechos que abonaran los caminos hacia la paz. Un año después, seguimos considerando que las fumigaciones deben ser erradicadas definitivamente, y deben ser otros los mecanismos que se utilicen en la lucha antinarcóticos y que estos deben ser concertados con las comunidades a quienes por demás se les debe garantizar formas de vida y trabajo sostenibles; ya esta visto que los apoyos momentáneos son paños de agua que aminoran los cultivos un tiempo corto.
En este sentido, llamamos la atención sobre la reciente solicitud del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al Consejo Nacional de Estupefacientes donde plantea, según lo expuesto por varios medios de comunicación: “Evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos” y “considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”, ya que esto implicaría una amenaza directa a la posibilidad de la construcción de la paz estable, duradera y con vida digna que sueñan los pobladores de estos territorios.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Bogotá. Septiembre 5 de 2016.
