La crisis social y económica que vivía el país en los primeros meses del año y que provocó el estallido social a finales de abril con el Paro Nacional, se expresaba en el Putumayo alrededor de tres ejes de conflicto: la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, el asesinato y hostigamiento a los liderazgos y la expansión de los negocios petroleros, mineros y de infraestructura. Tres problemas que han caracterizado la penosa vida de la población en gran parte de su historia, con el predominio de alguno de ellos en diferentes períodos.
A pesar de la pandemia, el gobierno intensificó desde el año pasado las acciones de su política antidrogas, todas dirigidas contra las comunidades campesinas e indígenas, no hubo otro objetivo en la llamada cadena del narcotráfico. En este año podía ya contarse un operativo de erradicación violenta de los cultivos de coca por semana en los municipios del bajo Putumayo, especialmente en el corredor Puerto Vega-Teteyé al sur oriente del municipio de Puerto Asís. Y en cada vereda donde éstas se producían, las comunidades generaban movilizaciones solidarias para rechazarlas, exigiéndole además al gobierno darle continuidad a los diálogos propuestos.
Es en esta dinámica en donde se constituye el Movimiento Campesino Cocalero Agrícola y Ambiental MOVICCAAP que logra sentar al gobierno en una mesa de diálogo y concertación, en la que se plantea resolver la sustitución de cultivos en el marco de la implementación del punto 1 de los acuerdos de paz sobre Reforma Rural Integral. Sin embargo continuaron los operativos militares de erradicación forzada, y la decisión del gobierno de reiniciar la aspersión aérea con glifosato para lo cual dictó la resolución 694 el 14 de abril, desatendiendo los condicionamientos de la Corte Constitucional sobre un Plan de Manejo Ambiental específico, y apartándose además de la sentencia 4360 de la Corte Suprema de Justicia que reconoció a la Amazonía como sujeto especial de derecho. Solamente durante el desarrollo del Paro Nacional se detienen los operativos violentos de erradicación contra el campesinado cultivador.
Por otro lado, el modelo de desarrollo minero energético ha ampliado su intervención, particularmente con la presencia dominante en el Departamento de dos empresas transnacionales: la canadiense Gran Tierra Energy y la inglesa Amerisur, ahora adquirida por Geopark. Ambas han producido conflictos con comunidades campesinas e indígenas -Sionas y Nasa-, especialmente en los corredores Puerto Vega-Teteyé, Campoalegre-El Tigre y la Alea en los municipios de Puerto Asís y Valle del Guamuéz, en la frontera con el Ecuador. En el medio y alto Putumayo, se reactivan también las operaciones de las empresas mineras, sobre todo en los cerros circundantes de Mocoa, a lo que se han sumado los anuncios de reanudación de la vía alterna Mocoa-San Francisco y el proyecto de una hidroeléctrica sobre el río Mocoa.
Al igual, otros planes como los programas de reconstrucción de Mocoa basados en intervenciones sobre los ríos con obras de cemento han motivado resistencias en la población. Este conjunto de reclamaciones formaron parte también de las banderas de movilización levantadas en el Paro Nacional.
En el ámbito del conflicto armado en todas sus expresiones, legales e ilegales, el Putumayo ha visto una reducción de los asesinatos en comparación al año anterior, pero sí un aumento de las intimidaciones y agresiones sobre las comunidades, sus organizaciones y sus liderazgos sociales. El Programa Somos Defensores registró en el primer trimestre dos casos de agresiones a mujeres líderes y uno en el caso de los hombres, en los municipios de Orito, Puerto Asís y Villa Garzón; además de un caso de asesinato.
Otras situaciones presentadas son las presiones de grupos armados sobre las comunidades Siona en Puerto Asís y Puerto Leguízamo, que han debido desplazarse para evitar el reclutamiento forzado de sus jóvenes; el hostigamiento al pueblo Muina Murui con la instalación de minas antipersona en su territorio; o las amenazas contra líderes y lideresas de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica y de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, quienes se han visto en la obligación de abandonar sus territorios. Así mismo se identifican altos riesgos para las personas en proceso de reincorporación a la vida civil, por la aguda conflictividad en el territorio.
Por su parte, el gobierno amplía el pie de fuerza y sus operaciones militares, pero sin que ello signifique protección para las comunidades; y ha pretendido montar una Base en el Valle de Sibundoy, un territorio afectado en mínima medida por el conflicto armado en relación a los demás, encontrando el rechazo de las comunidades allí asentadas, principalmente pueblos Inga y Kamëntsá.
La grave situación que se ha vivido para los liderazgos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, conllevó al impulso de la Mesa Territorial de Garantías como espacio de articulación de las diversas organizaciones sociales del Putumayo alrededor de la protección de los procesos comunitarios y de negociación con el gobierno nacional y el departamental, logrando su instalación el 11 de marzo de este año, en el municipio de Villa Garzón. En el desarrollo de este acto, se reivindica el 19 de marzo, fecha en la que fue asesinado Marco Rivadeneira, como el día los líderes y lideresas sociales. El Concejo del municipio de Puerto Asís, donde habitaba, acordó oficialmente este día como reconocimiento a su labor como defensor de la vida y la búsqueda de la paz.
Así que para abril en los inicios del Paro Nacional, los problemas acumulados alrededor de estos tres ejes, junto a otros de orden social y económico, en la educación, la salud, los pueblos étnicos, las mujeres y las juventudes, provocaron una movilización ciudadana sin precedentes ante la convocatoria del Paro Nacional, con expresiones de diverso tipo en los 13 municipios del departamento en diferentes momentos de su desarrollo. En total se llegaron a instalar alrededor de quince (15) puntos de concentración, y permanentes manifestaciones públicas que con mucha creatividad exteriorizaron la indignación frente a la crisis generalizada que soporta el país y la región, con un gobierno elitista y autoritario que en vez de resolverla, la empeora. Lo artístico y lo pedagógico hicieron parte de todas las acciones públicas en el desarrollo del Paro en esta región.
De hecho, el tratamiento represivo dado a la protesta social también tuvo sus consecuencias en este departamento cobijado en el decreto 575 de “asistencia militar”. Hubo entonces acciones violentas en contra de las manifestaciones que incluyeron diferentes tipos de agresiones y detenciones arbitrarias. La situación más dolorosa se presentó el 31 de mayo en el punto de concentración ubicado en Costayaco, en Villa Garzón, cuando unidades de la policía antinarcóticos arremetió contra la comunidad allí reunida, hechos en los que fue asesinado el joven campesino Yordani Rosero Estrella, 3 personas resultaron heridas de gravedad y otras 20 lesionadas. Ante tal hecho un grupo de manifestantes ocupa las instalaciones de la batería de producción de la empresa Gran Tierra Energy, de la que se retiraron voluntariamente unos días después cuando se inician los primeros diálogos entre el gobierno y las organizaciones articuladas en el Paro Nacional.
Atendiendo decisiones del Paro Nacional de entrar a replantear las acciones, y en la medida que se logra la instalación de la Mesa de Diálogos, las comunidades del Putumayo pasaron a una fase de Asamblea Permanente definiendo los temas y la metodología de las negociaciones con gobierno nacional, regional y locales, como también el equipo de vocerías conformado por delegaciones de cada municipio y de pueblos étnicos. Los asuntos que se están tratando, uno por semana, son los siguientes: la ruta de garantías para la protesta social, la problemática social cocalera, lo minero energética y ambiental, la situación económica, la educación y la juventud, la vivienda, la salud y la soberanía alimentaria. En cada una de estas sesiones se trabaja en espacios particulares el enfoque étnico.
Esperamos que en esta oportunidad se mantenga la voluntad de diálogo y el cumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades nacionales y regionales. Es la permanente exigencia que las comunidades han hecho, debiendo acudir a la movilización social para intentar llamar la atención del gobierno central ante las evidentes dificultades para tener unas condiciones de vida dignas.
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PUTUMAYO IN THE NATIONAL STRIKE
The social and economic crisis that the country had been experiencing in the first months of the year and that triggered the social outbreak at the end of April with the National Strike, was expressed in Putumayo around three conflict axes: the forced eradication of illicit crops, the assassination and harassment of leaders, and the expansion of oil, mining and infrastructure businesses. Three problems that have characterized the difficult life of the population throughout most of its history, with the predominance of some of them in different periods.
Despite the pandemic, the government intensified its anti-drug policy actions since last year, all directed against peasant and indigenous communities; there was no other target in the so-called drug trafficking chain. This year, one operation of violent eradication of coca crops per week could already be accounted in the municipalities of lower Putumayo, especially in the Puerto Vega-Teteyé corridor in the southeast of the municipality of Puerto Asís. In each village4 where they took place, the communities generated solidarity mobilizations to reject them and demanded that the government give continuity to the proposed dialogues.
In these dynamics, the Coca-grower, Agricultural and Environmental Peasant Movement – MOVICCAAP- (Movimiento Campesino Cocalero Agrícola y Ambiental) was formed and succeeded in bringing the government to a dialogue and consultation table, in which it proposed to resolve crop substitution within the framework of the implementation of point 1 of the peace agreements on Integral Rural Reform. However, the military operations of forced eradication continued, and the government also stated its decision to restart aerial spraying with glyphosate, for which it issued Resolution 694 on April 14, disregarding the Constitutional Court’s conditions regarding a specific Environmental Management Plan, and also departing from Supreme Court Ruling 4360, which recognized the Amazon as a special subject of law. Only during the National Strike did the violent eradication operations against the peasant farmers stop.
On the other hand, the energy mining development model has expanded its intervention, particularly with the dominant presence in the Department of two transnational companies: the Canadian Gran Tierra Energy and the British Amerisur, now acquired by Geopark. Both have produced conflicts with peasant and indigenous communities -Sionas and Nasa-, especially in the Puerto Vega-Teteyé, Campoalegre-El Tigre and Alea corridors in the municipalities of Puerto Asís and Valle del Guamuéz, on the border with Ecuador.In the middle and upper Putumayo, mining company operations have also been reactivated, especially in the hills surrounding Mocoa, in addition to the announcements of the resumption of the Mocoa-San Francisco alternate road and an hydrorelectric project on the Mocoa river.
Similarly, other plans such as the reconstruction programs in Mocoa (after the 2017 avalanche) based on interventions on rivers with cement works have motivated resistance among the population. This set of demands were also part of the mobilization banners raised during the National Strike.
Regarding all expressions of armed conflict, legal and illegal, Putumayo has seen a reduction in murders compared to the previous year, but there has been an increase in intimidation and aggression against communities, their organizations and their social leaders. In the first trimester, the We are Defenders Program (Programa Somos Defensores) recorded two cases of aggressions against social leaders, 2 against women and one case of aggression against men, in the municipalities of Orito, Puerto Asís and Villa Garzón, in addition to one case of murder.
Other existing situations include the harassment, by armed groups, in the municipalities of Puerto Asís and Puerto Leguízamo of the Siona indigenous communities, who have been forcibly displaced to avoid the forced recruitment of their young people; the harassment of the Muina Murui indigenous people with the installation of antipersonnel mines in their territory; or the threats against leaders of the Perla Amazónica Peasant Farmer Reserve Zone5 (Zona de Reserva Campesina) and the Putumayo Human Rights Network (Red de Derechos Humanos del Putumayo), who have been forced to leave their territories. Likewise, high risks are identified for people in the process of reincorporation into civilian life, due to the intense conflict in the territory.
For its part, the government is expanding its military footprint and its military operations, without this meaning protection for the communities, and has tried to set up a base in the Sibundoy Valley, a territory affected to a lesser extent by the armed conflict than the others, meeting with the rejection of the communities settled there, mainly the Inga and Kamëntsá indigenous populations.
The serious situation experienced by social leaders and human rights defenders led to the promotion of the Territorial Table of Guarantees as a space for the articulation of the various social organizations of Putumayo, around the protection of community processes and negotiation with the national and regional government, achieving its installation on March 11 of this year, in the municipality of Villa Garzón. During this event, March 19, the date on which Marco Rivadeneira was assassinated on 2020, was recognized as the day of social leaders. The Council of the municipality of Puerto Asis, where he lived, officially agreed to this day in recognition of his work as a defender of life and peace.
Thus, in April at the beginning of the National Strike, the problems that accumulated around these three axes, along with others of a social and economic nature, in education, health, ethnic peoples, women and youth, sparked an unprecedented citizen mobilization before the call of the National Strike, with different types of expressions in the 13 municipalities of the department at different moments of its development.
In total, around fifteen (15) concentration points were set up, and permanent public demonstrations creatively expressed the indignation in the face of the generalized crisis that the country and the region are enduring, with an elitist and authoritarian government that instead of resolving, worsens the situation. Artistic and pedagogical aspects were part of all the public actions in the strike in this region.
The repressive treatment given to social protest also had its consequences in this department as a result of decree 575 of «military assistance». There were violent actions against the demonstrations that included different types of aggressions and arbitrary detentions.
The most painful situation occurred on May 31 at the concentration point located in Costayaco, in Villa Garzón, when units of the anti-narcotics police attacked the community gathered there, events in which the young peasant Yordani Rosero Estrella was killed, 3 people were seriously injured and 20 more were wounded. In response, a group of protesters occupied the facilities of the production battery of the Gran Tierra Energy company, from which they voluntarily withdrew a few days later when the first dialogues between the government and the organizations involved in the National Strike began.
In response to the decisions of the National Strike to rethink the actions, and to the extent that the Dialogue Table was established, the Putumayo communities went into a phase of Permanent Assembly to define the issues and the methodology of negotiations with the national, regional and local governments, as well as the spokespersons’ team made up of delegations from each municipality and ethnic communities. The issues that have been on the agenda, one per week, are the following: the route of guarantees for social protest, the coca-growers’ social problem, mining, energy and environmental issues, the economic situation, education and youth, housing, health and food sovereignty. In each of these sessions, the ethnic approach is discussed in particular spaces.
We hope that on this occasion the will for dialogue and compliance with the agreements reached with the national and regional authorities will be maintained. This has been the permanent request that the communities have made, being compelled to social mobilization to call the attention of the central government given the evident difficulties for decent living conditions.
