Con motivo de la celebración del día internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre Contagio Radio entrevistó algunos defensores y líderes de procesos sociales y sindicales del país con el fin de hacer el balance 2015 de derechos humanos en Colombia.
Para este balance se tuvo en cuenta el más reciente informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en articulación con la Fiscalía General de la Nación consolidaron un registro de 729 homicidios de defensores de Derechos Humanos entre 1994 y 2015. (Vea aquí nuestra nota sobre este informe)
En las entrevistas realizadas a Alberto Yepes de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Yessica Hoyos de la Plataforma Colombiana de DDHH Democracia y Desarrollo, Fabio Arias de la Central Unitaria de Trabajadores, Abilio Peña de la Comisión de Justicia y Paz y Luz Marina Monzón abogada defensora de derechos humanos y Javier Marín de la Asociación MINGA, el panorama para los defensores en el año 2015 parece no ser alentador.
En este, sobresalen las denuncias sobre la reactivación y robustecimiento del paramilitarismo en varias regiones del país, el aumento de agresiones y estigmatizaciones contra comunidades reclamantes de tierras, sindicalistas y defensores de DDHH en general, la persistencia de los robos de información, las amenazas, los hostigamientos y las persecuciones sumado a las pocas garantías a la movilización social, lo que contrasta fuertemente con el actual contexto de negociaciones de paz.
Sin embargo, desde la Asociación MINGA consideramos que, aun bajo este preocupante contexto, «la organización social en las comunidades se ha fortalecido a tal punto de llevarlas a asumirse y ser reconocidas por la institucionalidad colombiana como sujetos de derechos, frente a un aparato estatal que muchas veces ha actuado contra la materialización de tales garantías.» Así mismo, «llamamos la atención sobre el panorama del actual Proceso de Paz, en el que se disputan distintos proyectos de país, pues en ese marco el Gobierno ha visto en el protagonismo de la sociedad civil una amenaza poniendo en marcha mecanismos y políticas de corte represivo para quienes se oponen a megaproyectos de infraestructura o minería en las regiones.»
