Compartimos artículo de Trochando sin Fronteras, realizado en el marco de la misión de prensa convocada junto al Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, con el fin de visibilizar exigencias de comunidades movilizadas pacíficamente en el municipio de Hacarí.
Escritor por: Jonnatan Fetecua – Trochando Sin Frontera
Ante los problemas sociales, económicos y el conflicto armado en el Catatumbo, la única respuesta del Estado y del Gobierno Duque es la militarización, con ella también la estigmatización, la judicialización y las masacres. Mientras las comunidades exigen soluciones a estas problemáticas el Estado responde con más pie de fuerza.
Históricamente el Catatumbo ha sido un territorio en donde han confluido diferentes actores armados del conflicto colombiano. Generando en esta región un sin fin de violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado, desaparición y asesinatos extrajudiciales. Hechos en su mayoría perpetrados por el Estado, la Fuerza Pública y el paramilitarismo.
La instalación de bases militares a lo largo y ancho del Catatumbo, es la respuesta a la exigencias, situación que se ha agudizado durante este nuevo Gobierno Duque. Para 2018 en el municipio de Hacari, Norte de Santander, específicamente en las veredas de Monte Tarra e Islitas del corregimiento de San José del Tarra, se instauraron una serie de bases militares móviles pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 3 del Ejército Nacional.
Bases instaladas a tan solo unos metros de las viviendas de los campesinos de esta región. Acción que pone en riesgo su vida,usandolos como escudos y carne de cañón. Además de esto, el ejercito ha ocupado sin el consentimiento fincas, predios privados y comunitarios; obstruye el acceso de los bienes de uso colectivo como el agua y la luz. Segun denuncias han hurtado los alimentos sembrados por los campesinos en sus fincas y parte de su ganado.
Las comunidades, también han denunciado señalamientos a las comunidades, refiriéndose a ellos como el de colaboradores de la insurgencia o guerrilleros. Además, han realizado reseñas de líderes y lideresas sociales, intimidación y hostigamiento, situación que alerta a la región debido a sus antecedentes y su historia.
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Recordemos que el departamento de Norte de Santander se encuentra entre los 6 territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento de la investigación del caso 03, conocido como falsos positivos -Ejecuciones Extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado- que hoy adelanta la JEP. Dentro de la información publicada por la JEP, se tiene el conocimiento de 420 casos de víctimas reportadas en el periodo de 1985-2016. Estos hechos y las acciones realizadas por las fuerzas militares generan un rechazo a su presencia en el territorio, su presencia genera terror y miedo.
A finales de enero de 2021, se presentaron hostigamientos y enfrentamientos entre el ejército y grupos insurgentes; hecho que dejó rastros en paredes y techos de las casas, pero sobre todo rastros y secuelas en la salud emocional y psicológica de los habitantes. Estos hechos generaron el desplazamiento de 38 familias, obligadas a dejas sus tierras, sus pertenecías y su vida.
Segun organizaciones de derechos humanos «Es imposible retornar a sus fincas, puesto que no hay garantías para el respeto a la vida mientras estas bases militares sigan instaladas en el territorio». Ante esta situación comunidades campesinas, organizaciones sociales y juntas de acción comunal decidieron instalar un Asentamiento Humanitario, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos.
El asentamiento es un espacio de resistencia, de solidaridad,organización popular y de movilización indefinida, ubicado en vereda Monte Tarra. Las comunidades asentadas exigen el derecho a la vida y la permanencia en los territorios y dicen No a la militarización de la vida. Además las siguientes exigencias:
1. Retiro inmediato de las bases militares ubicadas cerca de las viviendas en la vereda Monte Tarra e Islitas.
2. Garantías integrales para el retorno de las familias víctimas de desplazamiento forzado. Además de garantías para la No repetición de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
3. La no ocupación futura por parte del Ejército Nacional, de bienes privados y comunitarios, así como de fuentes hídricas en cumplimiento con Derecho Internacional Humanitario.
4. Informe de Personería, Defensoría y procuraduría general de la nación, de las actuaciones y denuncias presentadas por la comunidad y el estado procesal de las mismas.
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Ante las exigencias de las comunidades, Duque y el Ejército Nacional responden con el sobrevuelo de drones y helicópteros, la individualización de los manifestantes; mediante el registro fotográfico a los documentos de identidad. Además del la intimidación a las comunidades que allí permanecían de forma pacífica. Cabe resaltar la gravedad de acciones como estas en un territorio violentado por el Estado.
Ante la intimidación las comunidades continuaron exigiendo espacios de diálogo que permitan dar solución a sus exigencias. Luego de 8 días de movilización permanente y la realización de una mesa de concertación en la Alcaldía de Hacarí entre las comunidades, la Fuerza Pública e instituciones locales y regionales, con el acompañamiento de la oficina de la ONU DDHH, integrantes de la comisión de paz del Senado de la República y del comité de integración social de Catatumbo CISCA, se decide el levantamiento del asentamiento.
El levantamiento se realizó bajo el compromiso del Ejército Nacional y de entidades del gobierno en realizar reunión de alto nivel de carácter decisorio, en la cual se confirme el traslado de las bases militares que al día de hoy mantienen en alto riesgo a las comunidades.
A las actividades del asentamiento y la mesa de concertación asistieron diferentes medios de comunicación del país; quienes en una misión de prensa fueron observadores de lo pactado entre comunidades e instituciones. Esta misión fue posible gracias a la Asociación Minga y el Comité de Integración Social del Catatumbo -CISCA-, en el marco de la labor en defensa de la vida y los derechos humanos que adelantan en este territorio.
Luego del levantamiento de asentamiento más de 130 organizaciones sociales y 20 congresistas, han firmado una acción urgente en solidaridad con las comunidades, como respaldo lo acordado y pactado en la mesa de concertación. Las comunidades movilizadas definieron que de no respetarse lo pactado, volverán a movilizarse de forma masiva.
